El Observador, 26 de Junio de 2005.

El ministro de Industria, Energía y Minería, JorgeLepra, analizó en Washington la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Estados Unidos, George Bush.

Lepra es el primer ministro del gabinete de Vázquez que visita oficialmente al gobierno de Estados Unidos. En Washington, Lepra se entrevistó con autoridades de Estados Unidos, con quienes discutió la posibilidad de un pronto encuentro entre Vázquez y Bush, indica un cable de AP.

El 18 de setiembre, Vázquez participará de la asamblea general de Naciones Unidas, a desarrollarse en Nueva York. Por el momento, ese es el único viaje a Estados Unidos previsto en la agenda presidencial y es posible que en el mismo Vázquez tenga reuniones políticas, informaron fuentes de la cancillería a El Observador.

Em 2002 elegemos Luís Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. Foi a primeira vez que um representante do povo, liderança da classe trabalhadora, assumiu o comando da nação. Mas já durante a campanha eleitoral, no lançamento da Carta aos Brasileiros, demonstrava-se a intenção de garantir aos credores internacionais e ao mercado brasileiro medidas semelhantes às que marcaram o governo Fernando Henrique Cardoso.

Mesmo com essa sinalização, o povo brasileiro se encheu de esperança e expectativas e votou em Lula pela mudança nessa política econômica. Com o passar dos meses, as perspectivas de mudanças em prol da justiça social foram diminuindo conforme os juros aumentavam. Ficou nítida a opção por uma política claramente neoliberal, baseada na alta de juros - a taxa básica, Selic, se mantém em 19,75% e é considerada a maior do mundo - , no estímulo às exportações e na garantia do superávit primário, que deve atingir R$83 bilhões em 2005. Os recursos para a Reforma Agrária, a educação, a saúde, o saneamento e a infra-estrutura do país foram para segundo plano.

Por outro lado, a política externa de diálogo com a Venezuela de Hugo Chávez e as mobilizações populares no Equador e na Bolívia, deixavam o capital transnacional e o governo estadunidense de George W. Bush inquietos.

Para acalmá-lo e garantir o funcionamento do governo, alianças com setores conservadores da política e da sociedade, inclusive a imprensa, foram firmadas. A base do governo não era mais apenas os movimentos populares e a sociedade civil, apesar da experiência histórica demonstrar que o Congresso Nacional jamais deixou de aprovar um projeto que conseguiu obter apoio na opinião pública.

Com as denúncias de corrupção divulgadas nas últimas duas semanas, o circo foi armado. A elite utilizou as declarações de Roberto Jefferson (PTB), da base governista, para criar uma cortina de fumaça e enfraquecê-lo, levantando até a possibilidade de impedimento.

O Movimento Sem Terra defende a apuração de todas as denúncias, até as últimas conseqüências. Mas está claro que a direita utilizou a situação para antecipar o calendário eleitoral. Ou eles investem de vez no enfraquecimento do governo e partem para a consolidação de uma candidatura, ou fazem um novo pacto, com o estabelecimento de políticas mais à direita e sem alteração na economia. Um exemplo claro é a proposta de privatizar os Correios como forma de evitar a corrupção, seguindo assim os ditames das mudanças neoliberais.
Somos contra a corrupção, mas também somos contra esse golpismo. Por isso, defendemos a apuração de todas as denúncias do governo Lula e dos governos anteriores, principalmente FHC.

Este é um momento de decisão. Trata-se de uma disputa de projetos. O governo pode ampliar a política que vem aplicando até agora ou pode vir para o lado do povo, retomar seus compromissos de campanha com os 53 milhões de brasileiros e brasileiras que o elegeram. Precisamos ir para as ruas, mostrar o apoio às decisões de mudanças na política econômica e a prioridade do cumprimento dos direitos sociais. Vamos exigir do governo demonstrações de que está ao lado do povo com a democratização e a defesa das empresas estatais e dos direitos sociais, a favor das reformas políticas democráticas e da Reforma Agrária!

Forte abraço,

Secretaria Nacional do MST.

MST Informa - Ano IV - nº 92 - sábado, 18 de junho de 2005

Extraído de Adital

La sociedad brasileña cambió, y en la Constituyente de 1988, se decidió por los cambios. Constituyó nuevos poderes y eligió nuevos gobernantes para promover procesos de transformación social. Creó nuevas estructuras, combatió viejas instituciones y generó nuevos mecanismos para hacer valer los derechos de todas y cada una de las personas a una vida digna.
Con la fuerza de la historia reciente, vigorosa, de fortalecimiento y radicalización de la democracia en nuestro país, es que nosotros, representantes de las organizaciones populares, de las organizaciones no gubernamentales, del movimiento sindical, de los movimientos sociales y personalidades, convocamos a toda la sociedad brasileña, cada ciudadano y cada ciudadana, a una grande y continua movilización que haga posible enfrentar la crisis política y para hacer prevalecer los principios democráticos.
En las últimas elecciones, con la esperanza de realizar cambios en la política neoliberal que venía siendo practicada desde 1990, el pueblo brasileño eligió al Presidente Lula. Hasta este momento, evaluamos que poca cosa cambió y presenciamos un mandato lleno de contradicciones. Por un lado, el gobierno siguió con una política económica neoliberal, resultado de sus alianzas conservadoras. Por el otro, adoptó un discurso de la prioridad social y una política externa soberana y de alianza con las naciones en desarrollo. La elección de Lula reencendió las esperanzas en América Latina, e influyó en forma positiva en algunos conflictos políticos de la región.
Con la mirada en las elecciones de 2006, las elites iniciaron a través de los medios de comunicación, una campaña para desmoralizar al gobierno y al Presidente Lula, apuntando a debilitarlo, para derribarlo u obligarlo a profundizar la actual política económica y las reformas neoliberales, atendiendo a los intereses del capital internacional.
Preocupados con el proceso democrático y también con las denuncias de corrupción que dejaron al pueblo perplejo, venimos hasta la opinión pública a decir que estamos en contra de cualquier intento de desestabilización del gobierno legítimamente electo, patrocinado por los sectores conservadores y antidemocráticos.
Exigimos completa y rigurosa investigación de las denuncias de corrupción, realizadas al Congreso Nacional y a la prensa, y castigo de los responsables. Sabemos que la corrupción ha sido, lamentablemente, el método tradicional usado por las elites para gobernar el país.
Exigimos también la investigación de las denuncias de corrupción, con motivo de la votación de la enmienda constitucional que aprobó la reelección y de los procesos de privatización de las estatales ocurridas en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Se trata, por lo tanto, de fundamentar la vida política en principios éticos como la separación entre intereses privados e intereses públicos, de transparencia en los procesos decisorios y la promoción de la justicia social.
Ante la actual crisis, el gobierno de Lula tendrá la opción de retomar el proyecto por el cual fue electo, y que movilizó la esperanza de millones de brasileños y brasileñas. Proyecto éste que tiene como fundamento la transformación de la sociedad y del Estado brasileños, una sociedad dividida entre los que todo lo pueden y todo lo tienen y aquellos que nada pueden y nada tienen.
Por eso, venimos al ámbito de la opinión pública a defender, y proponer al gobierno de Lula, al Congreso Nacional y a la sociedad civil, las siguientes medidas:

1 - Realizar y apoyar una amplia investigación de todas las denuncias de corrupción que están siendo analizadas en el Congreso Nacional y castigar a los responsables.

2 - Excluir del gobierno federal a los sectores conservadores que sólo quieren mantener privilegios, alejar a las autoridades sobre las cuales existen alguna sospecha y recomponer su base de apoyo, reconstruyendo una nueva mayoría política y social alrededor de una plataforma anti-neoliberal.

3 - Realizar cambios en la política económica en el sentido de priorizar las necesidades del pueblo y construir un nuevo modelo de desarrollo. La sociedad no soporta más semejantes tasas de interés, las más altas del mundo, bajo el pretexto de combatir la inflación. La sociedad no sustenta el mantenimiento de un superávit primario, que sólo engorda a los bancos. Los recursos públicos tienen que ser invertidos, prioritariamente, en garantizar los derechos constitucionales, entre ellos, empleo, salario mínimo digno, salud, educación, vivienda, reforma agraria, medio ambiente, demarcación de tierras indígenas y de comunidades quilombolas.

4 - Realizar, a partir del debate con la sociedad, una amplia reforma política democrática. Una reforma que fortalezca la democracia y dé amplia transparencia al funcionamiento de los partidos políticos y a los procesos decisorios. Por ello, estamos a favor de la fidelidad partidaria, al financiamiento público exclusivo de las campañas, a la exclusión de las cláusulas de barrera, y a la presentación de candidaturas en listas cerradas con alternancia de género y etnia, obedeciendo criterios de representación política pluriétnica y multirracial. Queremos también la inmediata reglamentación de los procesos de democracia directa, que implica el ejercicio del poder popular mediante plebiscitos y referendos, conforme propuesta presentada por la CNBB y la OAB al Congreso Nacional.

5 - Fortalecer los espacios de participación social en la administración pública y crear nuevos espacios en las empresas estatales y de economía mixta, viabilizando el control social y real ejercicio de compartir el poder.

6 - Fortalecer las iniciativas locales en favor de la ciudadanía y de la participación y de la educación popular, como por ejemplo los comités por la ética en la política, consejos de control social, escuelas de formación política.

7 - Enfrentar el monopolio de los medios de comunicación, garantizando su democratización, inclusive a través del fortalecimiento de las redes públicas y comunitarias.

En este momento de movilización, convocamos a las fuerzas democráticas y populares a movilizarse para realizar manifestaciones en las calles y protestas, y a trabajar para promover los verdaderos cambios que el país y el pueblo necesita.

Brasilia, 21 de junio de 2005.

Atentamente.
A continuación las entidades y movimientos de la sociedad y de la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales) firmantes:
CUT - Central Única de Trabajadores
MST - Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
CMP - Coordinadora de Movimientos Populares
UNE - Unión Nacional de Estudiantes
ABI - Asociación Brasileña de Prensa
ABONG - Asociación Brasileña de ONGs
INESC - Instituto de Estudios Socio-Económicos
CNBB/PS - Conferencia Nacional de Obispos de Brasil / Pastorales Sociales
P.O Nacional - Pastoral Obrera Nacional Grito de los Excluidos
Marcha Mundial de Mujeres
UBM - Unión Brasileña de Mujeres
UBES - Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios
CONEN - Coordinadora Nacional de Entidades Negras
JOC - Juventud Obrera Cristiana
MTD - Movimiento de Trabajadores Desempleados
MTST - Movimiento de Trabajadores Sin Techo
CONTEE - Confederación Nacional de Trabajadores en Establecimientos de Enseñanza
CNTE - Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación
Federación Nacional de Abogados
CONAM - Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores
UNMP - Acción de la Ciudadanía Contra el Hambre, la Miseria y por la Vida CEBRAPAZ
ABRAÇO - Asociación Brasileña de Radios Comunitarias
CIMI - Consejo Indigenista Misionero
CPT - Comisión Pastoral de la Tierra
FENAC - Federación Nacional de Asociaciones
AMB - Articulación de mujeres brasileñas
CFEMEA - Centro Feminista de Estudios y Asesoría
IBRADES - Instituto Brasileño de Desarrollo EDUCAFRO - Educación y Ciudadanía de Afrodescendientes y Carenciados
MSU - Movimiento de los Sin Universidad
CONIC - Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil
ANPG - Asociación Nacional de los Post Graduados
CSC - Corriente Sindical Clasista
MPA - Movimiento de Pequeños Agricultores
IBASE - Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos
Federación Nacional de Economistas
Sindicato de economistas del DF
Consejo Nacional de Iyalorixás y Ekedes Negras
CBJP - Comisión Brasileña Justicia y Paz
Campaña Jubileo Brasil contra las deudas y contra el Alca

     El sistema financiero internacional se está viniendo abajo y su desplome parece inevitable. La situación es grave porque se ha derrumbado el 40% del valor de los fondos especulativos, de los que depende todo el sistema monetario y la banca mundial. La magnitud de la crisis es tan grande que muchos de estos fondos ya no pueden rescatarse. En ese escenario, los bancos más grandes del mundo están en proceso de decidir qué cuello cortar para que la crisis no los arrastre también a ellos.
Los fondos especulativos es un esquema "de locura" adoptado en 1987, después del derrumbe de la bolsa de valores. Entonces se introdujo el sistema de derivados financieros, una forma de inversión, o mejor dicho una especie de "apuesta". Ahora, la burbuja de los derivados financieros está por reventar en Europa y en el resto del mundo.

     Si los fondos especulativos se hunden y los bancos con ellos, si la burbuja de las hipotecas revienta, estamos en aprietos todos, asegura el ex precandidato presidencial demócrata estadounidense Lyndon H. LaRouche. Es un hecho que la economía está a punto de irse a pique. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía, responde LaRouche, pero piensa que todavía se pueden hacer cosas para evitar un derrumbe más grave que el de 1929-30.

     "Estados Unidos tiene que enfrentar el problema porque el sistema financiero mundial depende de un sistema monetario que todavía se fundamenta en el dólar. Si el valor de esta moneda cae 30% será una catástrofe para el resto del mundo y provocará un caos. En Estados Unidos tenemos la responsabilidad de proteger al sistema monetario mundial y eso se consigue estabilizando el valor del dólar y recurriendo a los métodos que usó Roosvelt para sacar a Estados Unidos de la depresión en 1933 (...) Podemos volverlo a hacer, aunque ahora es más difícil".

     LaRouche recuerda la crisis de la General Motors (GM), al borde de la quiebra, y los problemas que creará. Se sabe que la GM está a punto de deshacerse de sus pensiones y jubilados, y eso significa afectar al 80% de las familias más pobres de Estados Unidos. "Si usted es una persona con ingresos promedio quiere decir que su pensión puede desaparecer. La único que tiene asegurado es el seguro social y Bush quiere robarse eso".

     Bush está pidiendo a la gente que invierta su seguro social en fondos privados que se están yendo a pique, el Presidente de Estados Unidos quieren rescatar el sistema de valores de esta manera, poniendo en riesgo las pensiones de la gente. Con seguridad, Bush no tiene toda la culpa, "el hombre ni siquiera sabe qué hora es", sino sus asesores, explica LaRouche.

Es tiempo de cambiar

     En ese contexto, el político demócrata se anima a plantear que este es el momento de modificar el sistema económico internacional actualmente dominado por los banqueros y especuladores, es decir intereses financieros; este el momento de poner fin a la "economía de parásitos" y crear un nuevo sistema que no se fundamente en los valores financieros, que son ficticios e inflados, sino en la economía real y productiva.

     Los impresionantes sucesos acaecidos en las semanas recientes a ambos lados del Atlántico han creado las condiciones para un cambio fundamental en la política económica y monetaria mundial, cambio que debió haberse hecho hace tiempo.

     El 23 de mayo un grupo bipartidista de senadores estadounidenses asestó una derrota importante al Gobierno de Bush con la derrota de la llamada "opción nuclear", que quitaba al Senado su derecho a debatir, un intento de golpe contra la Constitución. El 29 de mayo el electorado de Francia votó de manera abrumadora en contra de la propuesta de nueva Constitución Europea, principalmente por el disgusto de la ciudadanía con los desastres económicos engendrados por el Pacto de Estabilidad del Tratado de Maastricht, y la pérdida de empleos debida a la globalización neoliberal. Lo acaecido en Francia fue un eco de la derrota electoral que sufrió la socialdemocracia alemana la semana anterior en las cruciales elecciones estatales de Renania Septentrional Westfalia, también debido a las fracasadas políticas económicas del Gobierno de Schröder.

     La intensidad de la crisis, aunque aterra, ha creado el escenario para que haya un cambio en la política económica del mundo largamente esperada. LaRouche propone revivir los principios del sistema que guiaron al presidente Franklin D. Roosevelt al darle marcha atrás a la Gran Depresión de Coolidge y Hoover, a movilizar el poderío industrial de Estados Unidos para derrotar el nazismo y el fascismo, y a establecer el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos, que fue la clave de la recuperación económica de Europa y Asia en la posguerra.

     El sistema de tipos de cambio flotantes posterior al de Bretton Woods que ha regido a partir de 1971 hasta la fecha, ha traído al mundo al borde de un derrumbe monetario total, y ha destripado la producción mundial de bienes físicos vitales, tanto industriales como agrícolas. LaRouche identifica la coyuntura de las sacudidas políticas en Washington, París y Berlín, y la desintegración acelerada del sistema monetario global, como el momento oportuno para regresar a la cordura en la política económica trasatlántica.
LaRouche propone reemplazar el "sistema derechista" que no sirve. "Derrotamos a Nixon, pero no a su sistema". Hoy se necesita una contra política declarada contraria a los intereses de los banqueros y legisladores derechistas que anteponen los derechos de los accionistas a los derechos de la gente. ¿Cómo lograr que el pueblo norteamericano se movilice? Diciéndole la verdad, aunque la gran mayoría no entiende, se lamenta el político.

Los resultados de la globalización

     "Algunos idiotas han tratado de globalizar la economía. Tomamos a las industrias de Estados Unidos y Europa y las mandamos a otros países donde la mano de obra es más barata. Como ya no producimos, como el 80% de los ingresos familiares descienden en término de su valor, nosotros empezamos a perder infraestructura. Lo que el gobienro hizo a partir de 1970 es destruir el poder productivo, cerrando las fábricas, fomentando los trabajos no productivos y la producción de cosas baratas; permitimos que la infraestructura se desplomara: los sistemas de manejo de agua, sistemas energéticos, sistemas fluviales, sistemas municipales, los sistemas educativo y de salud. En resumen, se destruyeron las capacidades productivas", rememora LaRouche.

     Hoy las familias necesitan mantener varios empleos y trabajar todos. Se ha creado una burbuja de bienes raíces. La gente junta planta para comprar chozas que cargan con hipotecas de hasta un millón de dólares. No hay más vida familia, van a malas escuelas, reciben atención de salud deficiente, estas son las condiciones de vida. En China también son excesivamente pobres, los otros países están igual. La mano de obra de Polonia está trabajando como peona en Europa. Se destruyó la infraestructura de Europa Occidental, que antes fue una gran potencia.

     Según LaRouche, la globalización es una idea perversa porque disminuyó el nivel productivo del mundo per cápita, destruyó el empleo en países productores de riqueza, redujo los niveles de productivos en México y Sud América, provocó migración forzada por el hambre. Eso se le ha hecho al mundo y ahora estamos al filo.

     Argentina ostentaba el cuarto nivel de vida más alto de mundo al terminar la II Guerra y ahora están en decadencia. "Hemos destruido un país pujante, hicimos lo mismo en Colombia, Venzuela, Bolivia, Ecuador, socavamos a nuestros amigos en Brasil". Deliveradamente, Estados Unidos propagó enfermedades en Africa, un genocidio aplicado en consonancia con la política de 1970. "No permitimos que su población crezca, no queremos niveles más altos de productividad para ahorrar sus materias primas que Estados Unidos quiere aprovechar. No nos interesa el 70% de la población de la India que vive en pobreza, no nos interesa las perpectivas a largo plazo en Asia".

     "Nuestras políticas, en vez de desarrollar, redujeron las condiciones de vida de los pueblos. Es una política criminal que ahora nos está golpeando a nosotros", resume LaRouche los efectos de la globalización neoliberal.


¿Qué hacer?

     Según el político economista demócrata, se debe garantizar que los bonos del Tesoro de Estados Unidos mantegan su valor en el mercado mundial a través de un acuerdo concertado con otras naciones. "Lo que podemos hacer es garantizar la estabilidad de las emisiones del Tesoro y establecer un tipo de cambio fijo, una especie de nuevo sistema de Breton Woods, que funcionó bien y ayudó a Europa a reconstruirse después de la Guerra".

     Este nuevo sistema mundial implica estabilizar las monedas y en esas condiciones garantizar el pago futuro para poner a la gente a trabajar en actividades productivas, como la infraestructura y la manufactura. "Hay que acordar un valor fijo para el dolar por los próximos 50 años".

     Hay que llegar a acuerdos para repartir créditos a largo plazo para financiar infraestructura; los sistemas de agua, por ejemplo, toman de 15 a 50 años y Estados Unidos lo necesita porque sus acueductos son viejos. "Ahora no se obtiene agua potable segura de la llave, eso no está garantizado; no hay sistema de transporte público y la gente se pasa buena parte de su tiempo plantada en super carreteras".

     Larouche propone reconstruir la economía mundial construyendo infraestrcutura donde no la hay y para ello se necesita inversión de largo plazo. La idea es reconstruir las industrias y dar empleo productivo en la construcción de sistemas de agua, transporte, nuevas industrias. La industria automotriz, por ejemplo, es una parte decisiva de la economía de Estados Unidos, pero produce demasiados autos y eso no funciona. La GM está está en quiebra por eso. El poderío de Estados Unidos dependió de este sector, ganó la guerra gracias a las toneladas de capacidad productiva.

     LaRouche propone crear un crédito federal, bonos a 25 años, crédito a través de acuerdos comerciales a largo plazo entre Europa occidencial y Estados Unidos gestionado por el Estado. China necesita todo, construir nuevas ciudades, transporte colectivo. Lo mismo Indonesia, Malasia, India, Oriente Medio. Se trata de inversiones de una o dos generaciones

     Todo este plan es viable si se considera el caso de Alemania, el país clave de Europa occidental, el más capacitado para generar un patrón de crecimiento que creó una institución modelada en el sistema de Roosvelt, un Banco de Crédito.

     Deben seguir el ejemplo alemán Rusia, China e India, llevando a los países del Asia a un sistema de cooperación con Europa. Estados Unidos debe ser socio de Europa y Eurasia en este tipo de arreglo. "Tenemos el poder para abordar el problema de Africa, donde se han cometido grandes crímenes desde que los españoles introdujeron la esclavitud en ese continente".


Concepto del nuevo hombre

     La gente piensa que el propósito de la economía es hacer dinero, cuando su objetivo es realizar al hombre. "No somos animales, sino criaturas de la razón. Mientras vivimos podemos aportar algo que perdurará en el futuro, lo que podemos producir, si es que somos sabios, es infraestructura, medios de manufacturas, tecnología mejorada, subir el nivel de vida de la gente, aumentar el potencial intelectual. No se trata solamente de mejorar el consumo, sino la calidad de vida; no se trata de pensar sólo en consumidores, sino en los seres humanos".

     ¿Cuanta gente tiene el derecho de pensar así en el mundo y Estados Unidos? Ahora la gente piensa que el futuro será peor, que sus nietos vivirán como animales. Los ciudadanos piensan que las cosas van en peor en los últimos 40 años. Entonces, el gran objetivo de la economía no solo es la rentabilidad, sino construir una mejor sociedad y esperar que las próximas generaciones hagan algo que nosotros no pudimos, dice LaRouche.

Extraído de Bolpress

     Parece que hubiera sido ayer cuando numerosos dirigentes de la izquierda de Argentina fueron a bailar samba frente a la embajada brasileña para festejar la victoria electoral de Lula. Que Lula hubiera armado un binomio presidencial con un capitalista textil, financista de las sectas evangélicas y connotado derechista fue juzgado, no solamente en las orillas del Plata, como la expresión más elevada de una construcción política inteligente. Cuando Lula se hizo cargo del gobierno y entregó los principales ministerios a banqueros, latifundistas e industriales, a la izquierda argentina (que se une) no se le movió un pelo. Lula y sus asesores del PT habían encontrado el camino del éxito para los izquierdistas y los progresistas y reabierto el camino que parecía haberse clausurado con el pasaje de la burocracia soviética al capitalismo. Que los sectarios rechazasen a Lula... ¡peor para los sectarios! Lula había llegado al gobierno, había llegado ‘lá’, adonde lo había querido poner la consigna ‘Lula-lá’.

     Apenas dos años más tarde la experiencia brasileña del frente de izquierda-centro, de frente amplio, de más unidad, de realismo y audacia, se hunde en el fango. La tentativa vecina no terminará derrotada por haberse atrevido a asaltar el Palacio de Invierno sino entre las rejas. La caída del ignominioso e infame muro de Berlín, arquitectura como pocas del stalinismo y sus partidos, parece, en comparación, un acontecimiento heroico.

     La experiencia izquierdo-centrista de Brasil no se hunde por un grave accidente de ruta sino por su propia política. Los dirigentes del PT llegaron hace tiempo a la conclusión de que no podrían gobernar solos, pero se olvidaron que solamente podrían encontrar aliados entre los ladrones. Porque, efectivamente, la política brasileña es una red de mafias, como la argentina. La política de alianzas se convirtió de este modo en un poquito más que la entrega completa al FMI y a los banqueros, o en la complicidad con las bandas armadas de terratenientes que asesinan a campesinos sin tierras. Se convirtió en un tráfico de influencias, más conocido como cometas. Los aliados tenían un precio; primero se repartieron empresas estatales y reparticiones públicas, luego hubo que repartir dinero. Todos los dedos acusadores apuntan al jefe máximo del PT, José Dirceu, la eminencia gris de Lula, la mano negra que hizo expulsar a los diputados que se negaron a votar una privatización de la previsión social, el Santibáñez de la Alianza do Brasil. Cuando la platea esperaba una gran disputa principista en el PT, la estantería se vino abajo por la corrupción en gran escala.

     Obviamente que hay algo más, que los cables no transmiten. Ocurre que la economía brasileña dejó de crecer apenas un año después de que se anunciara su despegue. La burguesía industrial, nuevamente, como ocurriera con otros gobiernos, ya no se siente representada adecuadamente. El real, la moneda brasileña, ha subido mucho, penalizando a los exportadores. La tasa de interés que fija el Banco Central es del 20%, la corriente, en el comercio, oscila en el 150-200 por ciento anual. La deuda externa brasileña, para colmo, es ajustable, en algunos bonos al índice de precios, en otros al dólar, en otros a la tasa de interés. Brasil camina por la cornisa de la bancarrota. No debe sorprender, entonces, que pululen las conspiraciones contra la moneda, la política económica, los ministros y el gobierno. Detrás de la cascada de escándalos por desfalco se parapeta la conspiración política. También opera el imperialismo yanqui, que quiere meter a Brasil en el Alca, un planteo que goza del apoyo de una parte importante de la burguesía nacional, lo mismo que ocurre en Argentina con los Techint.

     Toda esta caracterización corresponde a un gobierno, no de la derecha sino de la izquierda. De la izquierda que acumula, que construye poder, que todos los días se une un poco más, que pacta con los adversarios o enemigos del derecho al aborto y los propone como cabeza de lista, o con burócratas sindicales o con socialistas defensores del pago de la deuda externa y socios de Ibarra.

     Algunos de los izquierdistas rioplatenses justificaron su apoyo a Lula (y a Tabaré) con el curioso argumento de que serviría para que las masas hicieran su experiencia y rompieran con el reformismo. El punto, ahora, es si esos izquierdistas, no las masas, advertirán lo que está ocurriendo con las barbas del vecino. Si advierten que la experiencia izquierdo-centrista-clerical-patronal se está hundiendo en la ignominia y construyen con el Partido Obrero y el conjunto de la izquierda que lucha un Frente ciento por ciento de izquierda.

Extraído de PRENSA OBRERA

     Con la asunción a la presidencia del titular de la Corte Suprema, el poder político en Bolivia se ha convertido en una nulidad perfecta. El escaso mandato de gobierno que tenía Mesa ha quedado reducido a la nada. El presidente del Senado había acariciado la idea de reemplazar a Mesa y desatar una represión en gran escala, pero la tentativa fue ahogada en la raíz, de un lado por una gran movilización popular, que rodeó la ciudad de Sucre, donde había ido a refugiarse el Congreso, y del otro lado, por la decisión del gobierno de Bush y de sus cómplices de Argentina y Brasil, de que todavía hay espacio, tiempo y recursos para dominar el levantamiento popular por medios democratizantes. Influyó en esta orientación la incertidumbre acerca de si el ejército sería capaz de ejercer el gobierno en forma duradera, en el caso de un golpe. La viabilidad de esta intentona democratizante quedó planteada a partir de la seguridad que dio Evo Morales de que apoyaría con una tregua el pasaje del gobierno al presidente de la Corte. La situación política del momento en Bolivia se caracteriza, precisamente, por el estado de tregua.

     El nuevo presidente, Rodríguez Veltzé, debería en principio cumplir la función de casero durante el período que seguiría a la convocatoria de elecciones generales. Esta tarea no resulta, sin embargo, tan simple, porque una cosa es que mantenga al Congreso en funciones y otra que lo disuelva. El Congreso es la cueva golpista y el refugio de la derecha boliviana, de modo que su continuidad es una invitación a la conspiración permanente. Quedaría planteada la enorme contradicción de un Congreso sin mandato popular que, sin embargo, conserva la facultad de legislar y, por lo tanto, de gobernar, y del otro lado, un Presidente que ha surgido por encima del Congreso pero que no puede hacer ni una cosa, ni la otra. Si el Congreso trucho sigue en funciones hasta las elecciones podría convocar a una Constituyente en sus propios términos o con sus propias condiciones e incluso autorizar los referendos autonómicos que reclaman las oligarquías de Santa Cruz. Por eso sólo la disolución del Congreso allanaría el camino para las elecciones generales. Pero si el nuevo presidente demuestra que no tiene capacidad para hacerlo, esa tarea elemental quedaría a cargo de las masas que se han replegado.

     Todos los temas de la agenda nacional han quedado desplazados por la posibilidad de una convocatoria a elecciones generales. Evo Morales ha dicho que la Constituyente deberá ser convocada por el gobierno que surja de esas elecciones. Las cuestiones de las autonomías y de los hidrocarburos quedarían subordinadas a la Constituyente. La encrucijada boliviana se ha convertido en una muñeca rusa: del reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos se pasó a un referendo que estableció la necesidad de una ley que modificara los contratos vigentes; la impasse con la ley derivó en el reclamo de la Constituyente; el tema de la Constituyente suscitó el reclamo de que antes se votaran las autonomías y la impasse en todos estos asuntos provocó la caída de Mesa y la salida de las elecciones. Ahora se dice que el gobierno que surja de ellas convocaría a la Constituyente, que decidiría sobre el petróleo y las autonomías. No hacen falta las encuestas de opinión, sin embargo, para saber que ningún partido conquistaría una mayoría electoral para presidente ni en el parlamento. Han vestido a la muñeca rusa para desvestirla de nuevo.

     La encrucijada boliviana se reduce a dos cuestiones de fondo. En primer lugar, si el imperialismo se empeña a fondo en la salida democratizante y organiza un entendimiento de Evo Morales con una futura coalición con los partidos del régimen. En este caso debería admitir algunas modificaciones a las condiciones leoninas de los contratos de hidrocarburos que firmó el derrocado Sánchez de Lozada. No está claro que el imperialismo adopte esta vía, que exigiría un entendimiento no solamente con Kirchner y Lula sino con Chávez. Para contener la belicosidad de los explotados de Bolivia se deberá recurrir a todas las cartas de la diplomacia internacional. Si el imperialismo se empeña a fondo en la vía democratizante (y para ello deberá dejar en suspenso algunas rivalidades interimperialistas, lo cual es lo más difícil), las masas bolivianas deberán atravesar una nueva experiencia política del tipo que vivieron con la UDP del nacionalista Siles Zuazo, en los 80, que culminó en un completo fracaso. Ninguna tentativa democratizante podrá soslayar que, para las masas bolivianas, los hidrocarburos se han convertido en una cuestión de vida o muerte. Las sucesivas victorias populares contra la privatización del agua y otros recursos han desarrollado una conciencia nacional que ya no podrá ser erradicada sin una contrarrevolución.

     La otra cuestión de fondo son, precisamente, las masas. La larga crisis ha dejado al desnudo el rol de inmensa bisagra de Evo Morales, entre los trabajadores y el imperialismo. Evo Morales sigue una estrategia perfectamente definida, asesorado por un grupo de profesores arribistas, que se reduce a impedir que cualquier tentativa popular se salga de los marcos democráticos. La resistencia que empeñó contra la pretensión de la derecha de hacer anteceder los referendos autonómicos a la Constituyente y, luego, la forma como abortó el zarpazo que intentó el presidente del Senado, Vaca Diez, para quedarse con el gobierno, han puesto de manifiesto una conciencia política y una estrategia muy claras, que no flaquearon a sabiendas de que un golpe parlamentario podía desatar una insurrección.

     La evolución política de la lucha popular depende de los distintos escenarios que se presenten; si el Congreso no es disuelto, por ejemplo, podría crearse una situación revolucionaria en pocos días. Pero si el imperialismo se empeña a fondo en un remedo democrático será necesaria una larga tarea de esclarecimiento político para forjar una vanguardia revolucionaria que pueda ofrecer una alternativa de poder a los políticos del capitalismo.

Extraído de Prensa Obrera

     1. Bolivia, país capitalista atrasado de economía combinada, ha sido incorporada tardíamente a la economía mundial como resultado de la invasión del capital financiero imperialista encarnado en las grandes empresas transnacionales, las mismas que a lo largo de décadas han saqueado los recursos naturales, dejando a la mayoría nacional en el atraso, la extrema pobreza, el hambre y la ignorancia. El país ha terminado como colonia norteamérica productora de materia prima barata. La clase dominante boliviana, criatura de la penetración imperialista, se ha constituido como burguesía comercial e intermediaria, cuya razón de su existencia es vender el país en malbarato al capital financiero. La clase dominante boliviana ha sido y es incapaz de impulsar el desarrollo integral e independiente de las fuerzas productivas del país.
     2. El gobierno, el parlamento, el poder judicial, las Fuerzas Armadas, la policía, la constitución y todo el ordenamiento legal son instrumentos montados y diseñados por la burguesía (clase dominante) para preservar y defender la gran propiedad privada burguesa nacional y extranjera. Ninguna salida constitucional, ya sean elecciones o asamblea constituyente, puede cambiar la estructura burguesa de la sociedad ni hacer desaparecer la opresión y la explotación sobre los trabajadores. Esta claro pues que nada podemos esperar en el marco de la legalidad burguesa.
     3.- Los explotados bolivianos estamos en lucha por recuperar el gas, los hidrocarburos y los recursos naturales de manos de las empresas transnacionales, para lograr que sirvan a las necesidades del país e impulsar el desarrollo de la economía en su conjunto. A partir de este propósito constituimos la ASAMBLEA POPULAR NACIONAL ORIGINARIA como órgano de poder que nos permita avanzar en el objetivo histórico de poner en pie nuestro propio gobierno de obreros, campesinos, y clases medias empobrecidas, único camino para alcanzar nuestra liberación.
La lucha por la recuperación de los hidrocarburos y recursos naturales como propiedad social (nacionalización sin indemnización) choca con la estructura económica burguesa. La burguesía nativa ha sido, es y será una clase antinacional, entreguista, sometida a los intereses del imperialismo. Para ellos Bolivia no puede existir si no es sometida a las condiciones que nos impone la inversión extranjera.
     4.- Retomando la experiencia de la Asamblea Popular que se instauró el 1 de mayo de 1971, proclamamos que la tarea fundamental del pueblo dirigido por la clase obrera es la expropiación no solo de los recursos naturales de manos del imperialismo sino de la totalidad de los medios de producción en manos de la burguesía (latifundios, hidrocarburos, minas, bancos, servicios básicos, fabricas, etc.), tarea que sólo podrá cumplir el gobierno obrero – campesino, capaz de organizar la sociedad de manera que el producto del sudor de los trabajadores beneficie directamente al conjunto de la sociedad y no a unos pocos explotadores nacionales o extranjeros.
     5.- La Asamblea Popular constituye el órgano ejecutivo de la voluntad de todos los explotados agrupados en su seno, a través de sus delegados nombrados por las bases y revocables en el momento que no cumplan con sus obligaciones. Es independiente de los órganos del poder burgués, debe constituirse en la única autoridad reconocida por los explotados y orientarse hacia la conquista del poder.
     6.- La Asamblea Popular es un frente antiimperialista porque asimila en su seno a todas las clases oprimidas por el imperialismo y es revolucionaria porque postula la transformación del país sobre la abolición de la gran propiedad priva de los medios de producción para transformarla en propiedad social (de todos y de nadie en particular). Toma como uno de los postulados fundamentales la liberación de todas las clases oprimidas y no solamente de algunas de ellas, porque la opresión imperialista es sobre toda la nación.
     Sin embargo, es preciso señalar que no toda alianza de clases conduce a la revolución sino solamente aquella que se encuentra políticamente dirigida por el proletariado, la única clase desposeída de toda forma de propiedad y capaz de conducir el proceso de manera consecuente hasta la consolidación de la revolución.
     Los campesinos y originarios constituyen una de las fuerzas motrices fundamentales de la revolución; sin su concurso no será posible la transformación revolucionaria de la sociedad. Sus problemas fundamentales como el de la tierra, la opresión nacional, el atraso, etc., serán resueltos en el marco de la revolución social.
     7.- La Asamblea Popular, desde el momento que surge como creación de los explotados para tomar decisiones y ejecutarlas desconociendo los actos del poder central, plantea la dualidad de poderes frente al gobierno burgués legal. Esta dualidad de poderes, como expresión de la agudización de la lucha de clases, no podrá prolongarse indefinidamente. Está condenada a definirse en uno u otro sentido, o como victoria de la revolución (la consolidación del nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de producción) o como consolidación del Estado burgués.
     8.- Son tareas de la asamblea popular organizar la lucha y la resistencia contra las fuerzas represivas, ejecutar las decisiones tomadas en su seno, pronunciarse sobre todos los problemas del país, diseñar las líneas maestras del futuro gobierno obrero –campesino.

Plataforma de lucha

     • Nacionalización de todas las empresas en manos de las transnacionales.

     • Recuperación de la totalidad de la tierra para ser explotada por los campesinos bajo la forma de granja colectiva que supere al minifundio improductivo.

     • Empleo pleno. Nadie puede quedar desocupado. Las horas disponibles de trabajo deben ser distribuidas entre todos los trabajadores, ocupados y desocupados, sin que eso signifique disminución de los salarios (escala móvil de horas de trabajo).

     • Libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca.

     • Los salarios deben cubrir todas las necesidades vitales del trabajador y su familia y deben reajustarse automáticamente en la misma proporción en que suben los precios de los artículos de consumo (salario mínimo vital con escala móvil)

     • Realizar una revolución educativa uniendo teoría y práctica en la producción social para lograr el verdadero conocimiento de la realidad.

     • Derecho a la autodeterminación de las naciones originarias actualmente oprimidas.

     • Seguridad social universal y salud gratuita financiada por el Estado

Aditamentos que deben realizarse

     a) El nuevo estado estará asentado en los medios de producción socializados, basado en los órganos de poder de las masas y la democracia directa.

     b) Es vital para la victoria de la revolución resolver el armamento de las masas convocando a los soldado y policías a sumarse a la asamblea popular.

Extraído de Bolpress

Es evidente que el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de las inversiones entre Uruguay y los Estados Unidos, posee por sobre todos los tecnicismos propios de esos documentos internacionales, un profundo significado y valor político.
Es que por más que se nos quiera hacer creer que por este intermedio llegarán copiosas inversiones estadounidenses a nuestro país, todos sabemos que ello es más que dudoso. ¿No tiene acaso nuestro país una generosa y liberal ley de inversiones desde 1998? ¿No alcanza con ese instrumento? ¿Existe alguna norma en Uruguay que impida la inversión de alguna nación o de algún empresario nacional o extranjero? Es claro que no.
Cabe entonces preguntarse si este Tratado no será un instrumento más de los que EEUU acostumbra a llevar adelante, aprovechando la asimetría muchas veces dramática que se da en sus negociaciones bilaterales. Es imposible comprender estos asuntos a partir de los aspectos técnicos exclusivamente, los que son meramente instrumentales; es imposible sin entender la vocación de nación dominante, como potencia que son los Estados Unidos de Norteamérica.
Como legisladores y como dirigentes políticos, tenemos la obligación de asistir ante este Tratado – del que se dice que es inocuo – con todas las prevenciones del caso, sea con quien sea, pero mucho más aún si se trata con la más grande potencia de que da cuenta la historia de la humanidad. ¿Alguien puede suponer acaso, que tamaña potencia ande por el mundo repartiendo beneficios sin que exista un interés que concuerde con sus políticas de dominio? Es por ello que el MPP ha actuado con responsabilidad nacional en este asunto, tal cual lo consigna el comunicado que se libra en esta edición.
Muchos ciudadanos preferirían que no se discutieran estos temas, en virtud de tal o cual aspecto comercial que incidiría en nuestra balanza comercial, sin embargo es obligación de todo uruguayo hablar estos temas, por la sencilla razón que no hemos elegido ser un Estado Libre y Asociado como Puerto Rico, o como bien lo ha definido el Canciller de la República, “no somos una colonia”. Por esa razón es que tenemos nuestras cautelas, pues es obvio que la potencia universal busca poner su pie en el centro del MERCOSUR y afectar su desarrollo y en ese marco lo difícil es encontrar salidas equilibradas que no nos enconen con los Estados Unidos, pero que no afecten nuestra presencia – hasta hacernos segregar – de los niveles regionales.
Renglón aparte, y que confirman nuestra debilidad como país, son las clásicas intervenciones y reproches políticos del embajador Silverstein, quien públicamente se manifiesta sobre aspectos que deberán ser dirimidos por los representantes de la soberanía nacional. Sus amenazas e ironías desmerecen a su nación y están muy lejos de confirmar que cuando de su persona tengamos que opinar, lo podamos hacer en atención a su ponderación y equilibrio. El embajador norteamericano es circunstancial, también lo es el Tratado. De lo único que estamos seguros es que nuestra lucha y desvelos van en el sentido de que nuestro país, y sus intereses, serán siempre un problema permanente y no de circunstancia. Para ello nacimos aquí.

Introducción
La Dirección Nacional del M.P.P. ha efectuado un pormenorizado análisis del Proyecto de Tratado entre R.O.U. y E.U.A. relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Una primera precisión que queremos efectuar es que el M.P.P. considera positiva la inversión productiva de países extranjeros en Uruguay. En ese sentido son bienvenidas las inversiones extranjeras de esa naturaleza sobre nuestro país. Por lo tanto no descartamos el establecimiento de tratados sobre la materia con el pueblo norteamericano a través de los respectivos gobiernos.
No obstante lo anterior consideramos que el proyecto a estudio del Senado contiene una serie de puntos que hacen inconveniente su aprobación en su actual redacción.
A continuación haremos una breve síntesis de la cronología de este Tratado y de aquellos elementos del mismo que consideramos inconvenientes.

Cronología
Como consecuencia de la Cumbre de las Américas celebrada en Washington en las postrimerías del año 2001 donde se planteó formalmente la voluntad de EE.UU. con fuerte apoyo de Batlle de establecer el A.L.C.A., en noviembre del 2003 se reúnen los Ministros de RR.EE. de los países americanos en Miami a efectos de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. En dicha reunión las notorias diferencias entre Brasil y Argentina por un lado y los EE.UU. por el otro tuvieron como consecuencia la flexibilización de los términos de acuerdo futuro del ALCA y se dejó librada la vía de los acuerdos bilaterales para que los países que lo desearan pudieran convenir acuerdos más ambiciosos en la liberalización comercial.
El 18 de noviembre del 2003, luego de culminada esta reunión, marca el inicio de las negociaciones que dieron lugar al actual proyecto de Tratado a estudio.
El 7 de setiembre del 2004 culminan las negociaciones y el 25 de octubre del 2004 (a 6 días del triunfo electoral de la izquierda) es suscrito por las partes.
Finalmente el 22 de febrero del 2005 el Poder Ejecutivo saliente envía al proyecto al Senado para su aprobación a 8 días de haberse instalado las nuevas cámaras con mayoría absoluta de la izquierda y faltando solo 9 días para la asunción del nuevo presidente. En todo este periodo de transición jamás fueron consultadas las futuras autoridades nacionales.

Objeciones
1- Luego de haber efectuado un exhaustivo análisis del proyecto se puede afirmar que si bien no se han detectado en el mismo cláusulas que contradigan la normativa vigente en el MERCOSUR es notorio que aparecen claras contradicciones con la filosofía del desarrollo del bloque económico que integramos junto a Brasil, Argentina y Paraguay. En ese sentido las cláusulas de trato nacional y de trato de nación más favorecida implicarían que en todo momento las inversiones estadounidenses deben ser tratadas de forma idéntica a las nacionales y de otros países con lo cual se limitaría totalmente las posibilidades del bloque MERCOSUR de establecer cláusulas o normativas que beneficien específicamente a las inversiones de los países socios del bloque regional por cuanto ello automáticamente beneficiaría a las de EE.UU..
2- En cuanto a la solución de controversias Privados-Estado o Estado-Estado consideramos altamente inconveniente la respuesta ensayada en el Tratado por cuanto implica la prorroga de tribunales que determina que nuestras empresas o el propio Estado uruguayo pueden terminar teniendo que litigar ante un Tribunal de Arbitrajes o una dependencia judicial de los EE.UU. con todo lo que ello implica de asimetría y costos (ya lo sufrimos con el Banco Comercial).
3- El concepto de inversión que se maneja en el Tratado es excesivamente amplio y abarcativo no conociéndose antecedentes en otros tratados firmados por nuestro país. Tal cual están definidas las inversiones en el Tratado y la nebulosa que rodea el concepto de pre-inversión podrían determinar condiciona-
mientos y posibles indemnizaciones altamente cuestionables.
4- La cláusula que determina la denegación de beneficios para países con los cuales EE.UU. no mantiene relaciones diplomáticas o malas relaciones (Cuba, Venezuela, Irán,etc.) implica no solamente denegar los beneficios del Tratado a cualquier empresa uruguaya integrada con capitales de dichos países sino que es a nuestro juicio un apoyo tácito al bloqueo a Cuba. Al respecto cabe consignar la vigencia de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada con el voto uruguayo que prohibe promulgar leyes o firmar tratados que vayan en contra de la libertad de comercio que el preámbulo de dicha resolución establece que significa el bloqueo a Cuba. A nuestro juicio la aprobación de dicha cláusula violaría el compromiso asumido por Uruguay ante las Naciones Unidas y significaría un gesto inamistoso a la hermana República de Cuba.

Conclusión
Por las objeciones antes reseñadas el M.P.P. considera inconveniente para el Uruguay la aprobación del Tratado en su actual redacción.

Extraído del Mensual Participando, del MPP, junio 2005

Extraído de Rebelión

1. La victoria electoral del Frente Amplio del 31 de octubre de 2004, es un viraje en la vida política del Uruguay, de trascendencia histórica. Este aserto procede del hecho de que se ha producido un cambio de clases en el gobierno que abre las posibilidades de realizar las transformaciones estructurales económico sociales que vienen reclamando los sectores más lúcidos del pueblo desde hace más de 40 años.

Hay que recordar, para ello, la descripción de la crisis estructural, vigente aún, que realizó el Partido Comunista Uruguayo en su Declaración Programática de 1958: “La contradicción principal de la estructura económico-social del Uruguay es la contradicción entre las fuerzas productivas que pugnan por desarrollarse y las relaciones de producción basadas en la dependencia del imperialismo y el monopolio de la propiedad privada de la tierra, que frenan ese desarrollo. Ella se expresa también en la contradicción entre el imperialismo, los latifundistas y los grandes capitalistas antinacionales, y todo el pueblo uruguayo, los obreros, agricultores y ganaderos pequeños y medios, los intelectuales y estudiantes, los empleados del Estado y privados, los jubilados y pensionistas, los artesanos y pequeños comerciantes, y la burguesía nacional”.

“Todo el pueblo uruguayo” es esa variedad clasista que reúne a obreros, intelectuales, jubilados, productores y comerciantes pequeños y medios y la burguesía nacional. Estas capas sociales han sido colocadas objetivamente por la crisis estructural en contradicción con las políticas impulsadas por los terratenientes, los grandes comerciantes, los banqueros y los grandes industriales, en alianza con el imperialismo. Su agrupamiento político tuvo como resultado, en 1971, el Frente Amplio y tras una consecuente lucha y acumulación creciente de fuerzas, alcanzó el gobierno el 31 de octubre con el respaldo de la mayoría absoluta del pueblo uruguayo.

El Frente Amplio definió, en 1971 un programa antioligárquico y antimperialista. Para el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, este programa era la primera etapa de la Revolución Uruguaya en camino del Socialismo. No así para otros partidos de la pequeña burguesía y de la burguesía que integraban el Frente y que se conformaban con un nacional reformismo de mayor profundidad que el que puso en marcha el batllismo y que terminó en un fracaso en 1958.

En estas condiciones se produce la victoria electoral del Frente Amplio, el 31 de octubre de 2004. El pueblo votó aguardando cambios económicos y sociales de fondo. No obstante ha prevalecido, en un contexto internacional complicado, un programa económico de conciliación con la oligarquía y el imperialismo, impulsado por el futuro Ministro de Economía, el senador Danilo Astori.

El Presidente del Frente Amplio, Doctor Tabaré Vázquez, se inclinó, en el Plenario del 9 de noviembre de 2002, por la tesis de Danilo Astori, de apoyar institucionalmente al gobierno en medio de la crisis, pero este compromiso, en realidad fue mucho más allá: buscar en el FMI y la Banca Multilateral, los préstamos que permitiera la reapertura de los bancos, vaciados por la fuga de capitales.

Este compromiso, cuyas líneas están expresadas en las Cartas de Intención que firmó el gobierno de Batlle con el FMI a partir de agosto del 2002, fue ratificado durante la gira que realizó el Doctor Vázquez a Washington, semanas antes del acto eleccionario, acompañado por el senador Danilo Astori, para entrevistarse con altos personeros del organismo de crédito. Allí, el candidato presidencial del Frente Amplio anunció que, si fuera electo, designaría al senador Danilo Astori como ministro de Economía de su gobierno.

El programa defendido por Astori no era el aprobado por el IV Congreso del Frente Amplio. Éste partía de la base que el país recuperaría su soberanía económica para poner en marcha un modelo de “país productivo”. Las palancas económicas fundamentales eran los monopolios industriales, comerciales y de servicios del Estado. Se interponía en el nuevo diseño macroeconómico el volumen colosal de la deuda externa y la necesidad de negociar con los acreedores, quitas al capital y a los intereses, de manera que quedaran recursos disponibles para la inversión productiva cuyo motor principal debía ser el Estado.

La posición de Astori, en cambio, apoyada por los partidos Colorado y Blanco y los banqueros extranjeros, era continuar con la política económica del gobierno trazada, en acuerdo con el FMI, en agosto del 2002. Esta política puede resumirse en los siguientes puntos:

- Cumplir con los compromisos con los acreedores, negociando mayores plazos para las amortizaciones del capital adeudado; nada de quitas;
- Lograr un superávit primario del sector público consolidado, del 4% para pagar los intereses de la deuda externa;
- Control de la inflación restringiendo la cantidad de dinero circulante y el crédito;
- Desmonopolización de las empresas del Estado;
- Mantener la libertad absoluta en el movimiento comercial y financiero;
- Mantener el régimen de flotación cambiaria;
- Establecer reglas claras a la inversión extranjera, tomando como base la actual ley de inversiones; el desarrollo productivo sólo puede provenir del capital extranjero ya que el Estado no tendrá dinero; orientar esa inversión al sector agroindustrial, la forestación y al turismo;
- Mejorar los sueldos de docentes, funcionarios del Poder Judicial y policía, mediante una reestructura de los gastos presupuestales de funcionamiento;
- Restablecer los Consejos de Salarios con una intervención del Estado que establezca “prudencia”..

Es un programa cuyos beneficiarios son los inversores especulativos y los bancos. Los hechos mostrarán su inviabilidad a no ser que se le impongan más sacrificios al pueblo y este los consienta.

2. Todo hace suponer que, a una determinada altura, el pueblo reclamará un cambio de política económica que haga viable el programa del Frente, votado por la ciudadanía. Para que esta reacción sea efectiva es necesario, desde ya, ir formando un frente social integrado por los obreros organizados en su Central, y todas aquellas organizaciones, como las cooperativas, los jubilados y las asociaciones de pequeños y medianos productores que abrigan hoy, después de haber votado por el cambio, la expectativa de medidas que mejoren la capacidad adquisitiva de la sociedad y aquellas otras que esperan del Estado los incentivos para producir. La disyuntiva en ese momento será clara: o se está con el país que quiere producir o se está con el capital usurero. La conciliación entre ambos términos, es imposible.

En esta etapa de lucha contra el programa de conciliación con la oligarquía y el imperialismo, es aconsejable la constitución del Frente Social Unificado. Este Frente agrupará a las fuerzas sociales progresistas. Sólo se necesita un programa claro que concrete las ideas comunes, hoy dispersas en distintos partidos. Hay que recordar que tenemos un antecedente: el Congreso del Pueblo de 1966 que elaboró un programa que luego tomó en sus aspectos esenciales el Frente Amplio y que queremos rescatar, con las correcciones tácticas que la nueva época impone.

El riesgo que existe en estos momentos es que las políticas antinacionales y antipopulares se infiltren en el gobierno del Frente Amplio, con el apoyo de la coalición colorada y blanca derrotada. A ello apunta la doctrina de “políticas de Estado”, es decir, de políticas conciliatorias, entre el pueblo triunfante y la oligarquía, en campos como la economía, la educación y las relaciones exteriores. Si esta línea se materializara, las consecuencias sociales y políticas serían imprevisibles.

Sólo un poderoso Frente Social Unificado puede cambiar el curso de los acontecimientos que según toda la información disponible parecen avecinarse de manera inexorable y es deber patriótico contribuir a su concreción.

PROGRAMA TENTATIVO PARA UN FRENTE SOCIAL UNIFICADO

5 Ejes Estratégicos

1. Rescate de los recursos financieros de la Nación:

2. Fortalecimiento de los monopolios del Estado;

3. Participación de los trabajadores en áreas económicas, sociales y educativas del Estado;

4. Planeamiento del desarrollo económico, social y cultural de la Nación;

5. Política internacional independiente y latinoamericanista.

DETALLE

1. Intervención del mercado de cambios; control de divisas;

2. Suspensión del pago de la deuda externa; renegociación con los acreedores sobre la base de quitas al capital y a los intereses; postergación de las amortizaciones del capital;

3. Desdolarización de los contratos internos, menos las áreas turísticas, y pesificación de las deudas de los pequeños y medianos productores, a la cotización del dólar del 19 de junio de 2002;

4. Detracciones del 10-15% a las exportaciones; impuesto a los cheques; impuesto a las ganancias bancarias; creación del Fondo de Reactivación Productiva. Esta tributación es transitoria, hasta que se instrumente la reforma impositiva integral aprobada por el Congreso del Frente Amplio, basada en la capacidad contributiva de los diferentes sectores sociales y con criterio finalista.

5. Elevación inmediata de sueldos, salarios y pasividades. Restablecimiento de los Consejos de Salarios. Ley de Fuero Sindical;

6. Fortalecimiento de los monopolios industriales, comerciales y de servicios del Estado;

7. Supresión del secreto bancario y de la banca off-shore. Ley de Bancos, sobre la base del control del ahorro nacional y el crédito por el Estado y la especialización de sus bancos en fomento, comercio, crédito social, vivienda y seguros;

8. Ley de Tierras;

9. Participación de los trabajadores en la dirección de los monopolios del Estado; representación de los docentes en los Consejos de la Enseñanza Pública;

10. Creación del Ministerio de Planeamiento o jerarquización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para realizar el diseño estratégico de una economía nacional socialmente dirigida;

11. Creación del Ministerio de la Producción;

12. Política internacional independiente y latinoamericanista con la finalidad de integrar económica, social, cultural y políticamente, un bloque continental independiente.

-o-0-o-

PROGRAMA DEMOCRÁTICO AVANZADO

El programa propuesto es “democrático avanzado”. No cambia el modo de producción capitalista pero modifica en una dirección progresista la estructura y la superestructura del sistema. Los 5 ejes estratégicos dan clara idea de esto:

- Los ejes 1 y 5 definen una concepción antimperialista;

- Los ejes 2 y 4 el papel fundamental que se asigna al Estado en la dirección de la economía;

- El eje 3 subraya la presencia de los trabajadores en la dirección administrativa del Estado;

- El eje 5 integra al país en un bloque continental independiente que junto a otros bloques geo-económicos, irán dando forma, en los próximos años, a una estructura multipolar del mundo.

Si observamos las tendencias políticas actuales de América Latina –y exceptuando a Cuba que tiene un sistema socialista- tomando los parámetros estructurales y superestructurales expuestos, el primer lugar lo ocupa Venezuela, por la coherencia de su política interna y externa; el segundo lugar lo ocuparía Uruguay si adoptara el programa nacional y popular enunciado arriba; el tercero correspondería a la Argentina que procura la restauración de un capitalismo nacional y el cuarto a Brasil que sigue una política económica conciliatoria y dependiente del capital extranjero pero que intenta, en su política exterior, mantener posturas independientes. Con el programa que aplicará el Contador Astori, Uruguay se ubicará en la línea del Brasil o aun en un escalón más bajo, porque la dependencia del capital financiero es mayor y el deterioro del aparato productivo también.

Mayo de 2005

Nota: Ruiz Pereyra Faget es docente universitario, ex dirigente del Partido Comunista de Uruguay, y actualmente milita en los grupos "Por el rescate de la Nación".

BRASILIA, (AFP) - El presidente Luiz Inacio Lula da Silva anunció hoy que no dejará "piedra sobre piedra" en la lucha contra la corrupción y que quiere "aprovechar" la crisis desatada por denuncias contra su gobierno y sus aliados para "mostrarles" a los brasileños su empeño en acabar con ese mal.
"En lo que toca al Poder Ejecutivo, no dejaremos piedra sobre piedra, vamos a investigar", afirmó Lula en su programa radial quincenal "Café con el presidente".
El mandatario recordó que en el Foro Mundial contra la Corrupción de la semana pasada dijo que no vacilaría en "cortar en la propia carne" para luchar contra los ilícitos de funcionarios y políticos, y se dijo "indignado" por el desvío de "dinero que podría estar ayudando a desarrollar el país".
Y añadió que esperaba "aprovechar" la crisis actual para tomar medidas ejemplares.
"Me gustaría (...) que aprovechemos este momento para hacer lo que tiene que ser hecho en Brasil, porque precisamos mostrarle a la sociedad brasileña que es posible acabar con la corrupción", afirmó.
Lula estudia una reforma ministerial para resolver la crisis política que se desencadenó el mes pasado con denuncias de que su aliado Roberto Jefferson, presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), articulaba coimas y desvíos de dinero en dos entidades estatales.
Jefferson denunció a su vez que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) pagaba fuertes sumas de dinero a varios diputados, para aegurarse su lealtad, y ayer afirmó que el jefe de gabinete, José Dirceu, estaba implicado en el manejo de esos fondos recaudados de empresas públicas y privadas.
Lula dijo que la prensa cumple "un papel importante cuando publica las cosas", pero lamentó que no dé los nombres de todos los sospechosos.
"Me gustaría que las publicaciones (con denuncias) tuviesen nombres de personas, nombres de empresas, porque así se hace mucho más fácil la investigación."
Aseguró que el Ejecutivo ya cumple con su parte en la lucha contra la corrupción y llamó a los demás poderes a sumarse a esos esfuerzos para que "un día (esa lucha) alcance en Brasil el nivel que alcanzó en Italia con la Operación Manos Limpias" contra el crimen organizado.
"El presidente de la República no puede encarcelar a nadie. Quien encarcela es la Justicia", afirmó.
El mandatario destituyó la semana pasada a las direcciones de las dos entidades sobre las que pesan denuncias de coimas (Correos e Instituto de Reaseguros Brasileño), y pidió asimismo acelerar la reforma política estudiada por el Congreso para hacer más transparente la financiación de los partidos.

Collor: "Hay riesgo de un impeachment"

BRASILIA (ANSA).- El ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, que enfrentó un juicio político (impeachment ) en 1992 por denuncias de corrupción, cree que "es grande el riesgo" de que ahora le suceda lo mismo a Luiz Inacio Lula da Silva.
"Si no hay de parte de Lula da Silva y su gente un cuidado muy grande, el riesgo de un impeachment es grande. Eso es algo que debemos evitar, porque no hace bien a las instituciones", dijo Collor a la revista Istoe Dinheiro.
"Lo que está sucediendo es una repetición de la película, pero con colores aún más trágicos", agregó.
Collor fue el primer presidente brasileño elegido por el voto popular tras el retorno a la democracia, en 1989. Derrotó en la segunda vuelta justamente a Lula. Pero renunció cuando el Congreso se disponía a destituirlo, bajo la acusación de haber montado un esquema de corrupción supervisado por quien fuera el tesorero de su campaña electoral, Paulo Cesar Farías, conocido como PC Farías.
El gobierno de Lula da Silva se encuentra hoy en medio de un escándalo por las denuncias de que el tesorero de su Partido de los Trabajadores (PT), Delubio Soares, creó un sistema de sobornos para legisladores a cambio de apoyo político en el Congreso.
El opositor Anthony Garotinho, si bien evitó sugerir el impeachment de Lula, dijo que "Collor cayó por mucho menos que eso". Otro líder opositor, Roberto Mangabeira Unger, precandidato para 2006, opinó que Brasil vive un clima de "vale todo moral" como el que se vivía bajo el gobierno de Collor.
Significativamente, las acusaciones contra el PT fueron lanzadas por el diputado Roberto Jefferson, uno de los pocos en permanecer cerca de Collor hasta los días de su destitución. "Jefferson es un hombre leal, correcto y de coraje cívico -afirmó Collor-. No tengo ningún motivo para no dejar de creer ni en una coma de lo que ha dicho."

BRASILIA.- En un clima plagado de rumores, la aparición de nuevas denuncias sobre el caso de sobornos que complica al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva agudizó ayer la crisis política en Brasil, en vísperas de una semana crítica en la que el Congreso asumirá las riendas de la investigación.

El diputado y presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, que hace una semana destapó el peor escándalo en los 30 meses de gobierno de Lula al acusar al tesorero del PT, Delubio Soares, de pagar hasta 12.000 dólares mensuales a legisladores de otros partidos para "comprar" su apoyo, agregó nuevos elementos a sus denuncias.

En una extensa entrevista con el diario Folha de S. Paulo, abundó en detalles y nombres sobre el pago de sobornos y agregó que el dinero provenía de empresas estatales y privadas. Los fondos llegaban "en maletas" a Brasilia, donde eran distribuidos por Soares, por el publicista Marcos Valério y por el diputado del Partido Progresista (PP) José Janene, afirmó el diputado.

Jefferson hizo hincapié en que "sabían del asunto" el presidente del PT, José Genoino, y varios ministros, entre los que incluyó al de Hacienda, Antonio Palocci, y al jefe de Gabinete, José Dirceu, considerado la "mano derecha" de Lula. Pero el mandatario, según el diputado del PTB, se enteró del esquema sólo cuando él personalmente se lo reveló, a comienzos de este año.

Pese a sus denuncias, Jefferson reconoció que no tiene pruebas de nada. "Si me preguntan si tengo pruebas, si fotografié o grabé, no, pero ése era un asunto cotidiano en el Congreso", admitió. Entre otras cosas, Jefferson relató que para las elecciones de legisladores y gobernadores del año pasado, el PTB elaboró, por iniciativa del PT, una lista de gastos. "Genoino pidió al PTB una planilla de campaña, y nos dijo que el PT la financiaría. Presentamos una planilla de 20 millones de reales [poco más de ocho millones de dólares]", dijo Jefferson. Poco después, añadió, llegaron a su partido remesas de 2,2 y 1,8 millones de reales, en dinero en efectivo. "Ze [diminutivo de José] Dirceu siempre supo de todo. Varias veces conversé con Genoino (...) en el gabinete del ministro Ze Dirceu", afirmó.

También dijo que mañana, cuando deberá declarar sobre su denuncia ante una comisión especial del Congreso, revelará más detalles del caso.

En los mercados, hay gran expectativa por el impacto que podrían tener las nuevas revelaciones en la Bolsa de San Pablo y en la cotización del real. Pese a una importante recuperación el viernes, las acciones cerraron la semana con una importante caída del 7 por ciento, producto justamente del escándalo de corrupción.

El PT, que desde hace una semana está a la defensiva y niega a rajatabla las acusaciones que lo colocan en el centro del escándalo, divulgó una nota en su sitio de Internet en la que reitera que "adoptará todas las medidas legales" para que Jefferson responda ante la Justicia "por sus falsas acusaciones y sus irresponsables actos".

El texto reitera, además, que el presidente del PTB "inventa situaciones y supuestos detalles y, como siempre, no presenta pruebas y llega a confesar que no las tiene". Jefferson, contraatacó al PT, "quiere transformar una mentira en verdad".


Más rumores


Pero a pesar de la falta de fundamentos, las acusaciones y los rumores se multiplicaron en los últimos días en Brasilia. Según la revista Veja, tres ministros, cinco diputados y un senador de cinco diferentes partidos -entre ellos, el propio PT- confesaron, a cambio de permanecer en el anonimato, que sabían de los sobornos. Y ratificaron las denuncias de Jefferson, en el sentido de que Soares distribuía el dinero en efectivo en las propias casas de los legisladores implicados en los sobornos.

La revista incluso especuló con que, como consecuencia de esa práctica, hubo partidos que sacaron provecho de la tradicional migración parlamentaria en Brasil, como el Partido Liberal, del vicepresidente José Alencar, que obtuvo 26 diputados en las elecciones de hace casi tres años y ahora tiene 53. También el partido de Jefferson aumentó sensiblemente su número de legisladores, al pasar de 26 a 47.

Líderes políticos citados por la prensa señalaron que los sobornos son moneda corriente en el Congreso brasileño y que esa práctica no comenzó con el gobierno de Lula, sino que "viene de lejos".

Según los rumores, a raíz de la crisis, Lula se aprestaría a hacer una "limpieza" drástica en su gobierno, sustituyendo, entre otros, al poderoso Dirceu y a dos ministros acusados de delitos financieros, entre ellos el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, con rango ministerial. Ayer, el mandatario se reunió con algunos de sus principales colaboradores -entre ellos, el propio Dirceu-, en su residencia Granja do Torto, para analizar los próximos pasos.

En medio de los intensos rumores, algunas fuentes políticas incluso llegaron a especular con que Lula no se presentaría a la reelección en las elecciones de octubre de 2006.

LA NACIÓN
Agencias EFE, AP y AFP

Por Sergio Ferrari*

Bolivia parece ser un país ingobernable y su movimiento social, indomable. La historia contemporánea en general y los últimos cinco años, en particular, han estado marcados por protestas sociales profundas y permanentes. La última crisis institucional se saldó el viernes 10 de junio con la designación como nuevo mandatario nacional interino del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez. Dos semanas de intensas movilizaciones así como varias tentativas de raras componendas quedaban atrás. Por delante, la perspectiva de nuevas elecciones que el Movimiento al Socialismo (MAS) pretende ganar, tal como lo anticipa en esta entrevista exclusiva Gustavo Torrico Landa, diputado nacional y miembro de la dirección nacional de ese partido.

P: ¿Luego de semanas tan tensas que acaba de vivir Bolivia, y ante el nombramiento de un nuevo presidente interino cuál es su valoración del desenlace?

R: Es un triunfo del pueblo boliviano. Tenemos el sentimiento que el pueblo no perdió la memoria colectiva, y que tuvimos la capacidad de unificarnos para dar este paso adelante. A pesar de todo no es una victoria total, ya que aspiramos a que se concretice la Asamblea Constituyente y la recuperación de nuestros hidrocarburos. Lo importante es que nos da el espacio necesario y el tiempo político para poder reorganizarnos. Sin olvidar que fue una jugada muy dura de la derecha la de dejarnos dos semanas sin parlamento ante la movilización campesina que se acercaba.

P: ¿Quiénes fueron los protagonistas principales de la movilización?

R: La fuerza principal fueron nuestros hermanos campesinos que iniciaron su marcha muy sacrificada. En los tres días finales, se sumaron también los compañeros de las cooperativas mineras que al principio se opusieron a la protesta campesina. No querían que hubiera movilizaciones contra el presidente Carlos Mesa. Era en cierta forma comprensible porque tenían ciertos niveles de poder en ese gobierno. Ante la renuncia del presidente, los mineros tomaron partido a nuestro favor al ver que la gran coalición de derecha volvía a articularse para encumbrarse en el poder. En los dos últimos días, en Sucre, logramos una comunión de ideas para trabajar juntos y evitar una salida que hubiera sido nefasta para el país.

P: ¿Se trató de una alianza de último momento, pero bastante frágil?

R: Así es. Una alianza bastante frágil e inestable pero que nos permitió frenar esta intentona de “golpe blando”, como se le llamaba. No era sólo la asunción del presidente del senado Hormando Vaca Díez a la presidencia de la república, sino que esta decisión conllevaba a una militarización creciente del país. La tropa estaba desplegada en varios puntos estratégicos. Tal como lo dijo Vaca Díez, su propuesta era *gobernar e imponer el orden*. Y eso pasaba por la militarización.

Pero ahora los hechos cambiaron. Tenemos que trabajar hacia adelante. Hemos ayudado a promover la desmovilización y el desbloqueo paulatino del país. Y vamos a hablar con los sectores más radicales que están en El Alto para que vean que su medida de bloqueo ya no tiene sustento.

P: ¿Qué representan esos sectores que continúan con el bloqueo en El Alto y que exigen la nacionalización de los hidrocarburos en 72 horas?

R: Son sectores con actitudes muy radicales. Cadáveres insepultos de la política boliviana que ahora vuelven a aparecen aprovechando de una movilización que al comienzo era muy genuina.

P: ¿Qué propone el MAS para las próximas semanas?

R: Lo que hemos planteado es que el presidente actual, como lo define la constitución, convoque a elecciones generales anticipadas. En lo inmediato, estamos colaborando para que se levanten todo los bloqueos, ya que pensamos que con un presidente de transición no se puede exigir, como lo hace El Alto, que en 72 horas se encuentren soluciones a los problemas estructurales del país, que estamos arrastrando desde hace tantos años. Llamamos a que el parlamento vuelva a sesionar de inmediato, desde el próximo martes (14 de junio). En esas sesiones plantearemos la modificación de la Ley de Hidrocarburos que es un tema esencial. Y obviamente, queremos hablar con el presidente de la república para recordarle que nosotros hemos enviado un proyecto de decreto a su antecesor para promover la creación de un Consejo pre-Asamblea Constituyente y autonomía que sea el que vaya elaborando las ideas básicas de las reformas a la constitu
ción, de los lineamientos de esa Asamblea y de los departamentos autonómicos , para no entrar a último momento en discusiones vanas e inútiles.

P: ¿Piensa que el MAS puede llegar al gobierno en esa futura convocatoria electoral?

R: Pensamos que el pueblo se ha dado cuenta que somos la única opción política, realmente con visión de país. Hay otros actores y partidos políticos; agrupaciones ciudadanas o la misma derecha …, pero no ofrecen nada de nuevo sino la repetición maquillada de una vieja película ya en desuso. Tenemos todas las posibilidades de ganar las próximas elecciones. Incluso sectores medios que eran muy reacios hacia nosotros han comprendido ahora que somos la única alternativa. Ojalá sea así y podamos cambiar el destino de la Nación.


* con la colaboración de COVOSU, coordinadora de voluntarios suizos en Bolivia y E-CHANGER

El gobierno entiende que - dadas las políticas migratorias restrictivas que están aplicando las autoridades de España- es conveniente viajar sólo en situaciones extremas a ese país.
Hoy se supo que un uruguayo residente en Barcelona fue encontrado ilegal en las calles de la ciudad y ya está en trámite su deportación.
También una mujer que viajó a Barcelona para visitar a su hija fue detenida en el aeropuerto y hoy será deportada. Las autoridades de la terminal aérea esgrimieron que la mujer no presentó una carta de invitación de sus familiares residentes en España, firmada por un escribano.
El gobierno uruguayo viene reclamando a su par español el cumplimiento del “Tratado de Amistad” de 1870 entre ambos países. Álvaro Portillo, director del Departamento 20 de la Cancillería dijo a Índice 810 que se ha trasmitido al gobierno español la inconveniencia de estas medidas, aunque aclaró que ese país tiene derecho a aplicarlas, "aunque no nos gusten".

Los requisitos. En primer lugar, para ingresar a España hay que tener pasaje de ida y vuelta, dinero suficiente y una carta que acredite los motivos del viaje. En cuanto al monto, exigen más de 60 euros por día de estancia en España.
“(Hay que tener) pasaje de ida y vuelta, una cantidad de dinero suficiente y alguna carta o documento que acredite el motivo por el cual se va a viajar a España. En el caso de ver a un familiar, una nota de ese familiar. Y a su vez, por cierto, tiene que ser alguien que resida legalmente en el país. Porque si se trata de una persona que no está regularizada, no va a ser considerado como un motivo válido”, aclaró Portillo.
El diplomático entiende que hay un desborde y se han tomado medidas que van más allá de estos criterios. Remarcó que el gobierno sigue atentamente la situación y -fundamentalmente- en el respeto de los derechos humanos.
Las conversaciones continúan, se sigue exigiendo el tratado de 1870 y espera que existan márgenes de negociación que permitan salir de esa situación, añadió.
El embajador pidió calma y destacó que no hay ningún peligro concreto para las personas, más allá de tener que enfrentar esa situación desagradable.
“Las condiciones de lo que se les pregunta, de la detención y el conjunto de procedimientos que se han establecido, en general, han sido respetuosos de los Derechos Humanos de las personas. Lo peor que puede pasar (...) es que la persona tenga que regresarse y no pueda ingresar al país; con las pérdidas económicas y el fastidio que eso puede producir, pero calma en cuanto a que no hay otro tipo de riesgo o de peligro”, dijo.

Para el turista. Para los que van a España y no tienen ningún familiar allí, Portillo dijo que hay que ser cuidadosos en la evaluación de viajar en este momento, porque los riesgos existen y son impredecibles.
“Pasaporte, pasaje de ida y vuelta, si viaja a través de una agencia, acreditar su itinerario de viaje o la excursión a la cual va a estar inserto, con una cierta cantidad de dinero o una tarjeta de crédito internacional, que de alguna forma ilustre acerca de su condición de turista. Aparentemente, con eso sería suficiente. Pero hemos sabido de situaciones donde se cumplían en términos generales estos requisitos e igual los pasajeros han tenido dificultades. (Se trata) de advertir que, en este momento, solamente por situaciones extremas y tal vez ineludibles, es aconsejable viajar a España”, sostuvo.

Uruguayos en España. Daniel Caserta, integrante de la dirección de la Casa Uruguay Madrid afirmó a Índice 810 que la situación se ha vuelto muy difícil. Sostuvo que a la solicitud de la carta se suma la exigencia del dinero diario, pero dijo que hay otro elemento que preocupa: los controles de documentos en las calles, como le pasó recientemente a este uruguayo, a la salida del metro en Barcelona.
Caserta dijo que preocupa que los familiares de uruguayos residentes en España enfrentan también dificultades de ser expulsados antes de poder entrar al país. Esta situación la han denunciado ante el consultado y autoridades uruguayas.

La carta de presentación. Según Caserta, esa carta se está exigiendo desde hace más de un año. “No es una carta escrita a mano por el familiar. Tiene que ser escrita por un gestor (que aquí es el escribano). Esa carta vale 54 euros y tiene que ser enviada por correo al familiar que va a venir. Tiene que decir el tiempo que va a estar en España y que va a estar a cargo de la persona que lo invita”.
Pero remarcó que ese documento no alcanza: “Entonces entran a buscar otro artilugio: tener 70 u 80 euros por día para manutención. (...) Ya son dos trabas que tiene la persona. Donde venga 30 días a visitar a su familia, a 80 euros por día, son 2400. Es mucho dinero para que alguien pueda venir con él en el bolsillo”, se quejó.

En Italia. También se supo hoy de complicaciones a un uruguayo en Italia. El pasajero iba a visitar a su padre a Grecia, por lo que estaba en tránsito, pero no se le permitió continuar el viaje.

Extraído de
espectador.com13.06.2005 | 14.07

Respecto del “TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, vemos necesario realizar algunas consideraciones sobre el mismo.

Los tratados bilaterales comprenden tratados de inversiones, de libre comercio, de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología. Su aprobación parlamentaria requiere la emisión de una ley cuya sanción necesita el voto de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara. Por otra parte, los tratados se aprueban en bloque o se rechazan. No cabe la posibilidad de modificarlos en el trámite parlamentario.

Ahora,  este tratado que estamos analizando se inscribe en los llamados acuerdos que tratan del mejoramiento del tratamiento de las inversiones, pero que no enfocan irectamente negociaciones arancelarias o comerciales. Por lo tanto, aquí no esta en juego la venta de nuestras carnes como se ha querido sugerir.

Nosotros no somos contrarios a los tratados en sí mismos (ni con EE.UU. ni con ningún otro país), pero cada uno de ellos debe analizarse en su oportunidad y contenido, así como en el contexto y momento internacional que le da marco.

Sobre la oportunidad y la forma

Como un punto de partida del análisis, decimos que compartimos la opinión de nuestro presidente Tabaré Vázquez sobre el trámite seguido por el tratado con EE.UU, que la tenemos de su propia boca en la quinta conferencia del ciclo “La transición responsable”. En efecto, el 4 de octubre de 2004 decía: “No estamos dispuestos a ser indiferentes a la inclusión –llamativamente precipitada- de temas trascendentes y complejos al final de este gobierno que comprometen fuertemente ya no sólo al próximo gobierno sino –más importante aun- al futuro de las y los uruguayos. Me refiero concretamente  al acuerdo de inversiones ya suscrito recientemente por el ministro de Economía del actual gobierno con el gobierno estadounidense y pendiente del trámite estadounidense y pendiente del trámite parlamentario que establece la Constitución. Quiero decirlo  claramente: el EP-FA-NM  no ha sido consultado sobre los contenidos de dicho acuerdo ni los conoce (…) Un

acuerdo de este tipo negociado unilateralmente, significa un desconocimiento al MERCOSUR y a la necesidad de encarar estos temas como región.”    

Por otra parte, y antes de entrar en el tema de fondo,  decimos que el embajador de EE.UU. Silverstein, debería cuidar sus declaraciones que rozan cuestiones de soberanía. Se equivocan quienes crean que nos pueden apurar o presionar, incluso con ejemplos totalmente desubicados sobre comercio cuando el tratado se refiere a inversiones. Más vale que el embajador sepa o recuerde la frase artiguista que nos guía, de que “no venderemos el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad”. Ahora, más allá de consideraciones sobre, por ejemplo:

* La “picardía” política de los Batlle, Alfie y Cía., -no sin alguna guiñada, consulta o visto bueno desde el norte, ofcourse- de dejarnos este “regalito” en el Parlamento a pocos días de dejar el gobierno (el 22 de febrero) y de haberlo suscrito entre las partes el 25 de octubre, a solo seis días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales; * o de observaciones comerciales acerca de la importancia actual de EE.UU. –que no desconocemos- como mercado para nuestras carnes (mercado, digámoslo de paso, que puede desaparecer de la noche a la mañana por razones sanitarias u otras, como ya nos pasó, o puede disminuir en su importancia si, digamos por caso, Brasil entrara en él con precios más baratos); * o del apuro que pueda tener el embajador yanqui porque el tratado quede aprobado y ratificado antes de dejar nuestro país; nosotros creemos que respecto a esté o cualquier otro tratado, lo que debe primar en su discusión son cuestiones más permanentes y de contenido, que atañe

n a la esencia o fondo del tema.

Sobre el contenido y sus consecuencias

:: Consecuencias del Tratado en nuestras relaciones internacionales

En primer lugar, vemos lo más general.  No podemos desconocer que estos tratados se inscriben dentro de una estrategia global de EE.UU., estrategia que responde necesariamente -¡vaya novedad!- a sus más importantes e inmediatos intereses. Este país busca persuadir a los países para que reduzcan sus barreras comerciales. Y ahí están especialmente sus esfuerzos para lograr un acuerdo que expandiría el NAFTA más allá de México, para alcanzar al resto de América Latina. O sea, una negociación que llevará prácticamente a la liberación total del comercio. Todo eso tiene un nombre: ALCA. Entonces, no olvidemos el interés primordial de EE.UU. por el ALCA.

En razón  de las dificultades para concretarlo, aquel país ha buscado avanzar por caminos oblicuos. En la propia negociación del ALCA, la propuesta de un ALCA ‘light’ es una aplicación de la misma táctica: dejar para la negociación bilateral las cuestiones más controvertidas. Lo mismo ocurre en el plano regional: Estados Unidos ha logrado hacer aprobar a marchas forzadas el CAFTA en América Central a fin de estar en mejor posición para negociar el ALCA.

Para llegar finalmente al ALCA, entonces, EE.UU. intenta desde hace mucho tiempo establecer tratados o acuerdos bilaterales. Por eso entendemos que este tratado de inversiones entre Uruguay y EE.UU. puede sentar un precedente y nosotros hacernos responsables de hacer avanzar el ALCA por una vía bilateral, favorable a Estados Unidos.   

En otro momento EE.UU. intentó el 4 + 1, o sea, la negociación de un tratado con los cuatro países del MERCOSUR.  La Casa Blanca -incapaz de hacer concesiones a Brasil que no afectaran sus intereses electorales con los sectores no competitivos del acero, de los productores de ganado, del azúcar y de los cítricos- tuvo que renunciar (temporalmente) al proyecto de un mercado continental homogéneo para la absorción de sus excedentes agroindustriales, y contentarse con un derecho que todos los Estados disfrutan a priori: negociar con otros entes estatales bilateralmente los asuntos que les interesan.

También es observable el uso de los pactos por EE.UU. para premiar o castigar a los países por sus posiciones de política exterior. Y eso ha generado agudas críticas entre los mismos grupos empresarios, expertos comerciales y algunos miembros del Congreso de EE.UU.

Visto lo anterior, lo central para nosotros es manejarnos solidariamente y con una visión común con otros países latinoamericanos, estar muy atentos a las propuestas que se plantean desde Argentina, Brasil (existe un documento de Itamaraty sobre las consecuencias de este Tratado para el país norteño) o Venezuela para evitar la negociación del ALCA (y su avance directo o indirecto) bajo hegemonía estadounidense. Entonces, pensamos que nos conviene categóricamente negociar juntos y en el marco del MERCOSUR: se obtendrán así mejores resultados para todos. Eso no quita que no busquemos nuevos mercados, alternativas también fuera de la zona.

Recordemos que el Frente Amplio tiene desde 1991una posición de Congreso sobre el MERCOSUR, una posición elaborada al máximo nivel de decisión interno. Por eso mismo es importante preguntarnos si los pasos que está dando Uruguay le hacen daño al MERCOSUR o no. El embajador Botafogo Gonçalves, recordó la necesidad de negociar colectivamente con países de extrazona. Y en opinión de José Augusto de Castro, director de la Asociación de Comercio Exterior, “Brasil no está aislado, pero los Estados Unidos están actuando claramente para aislar el país, que lideró un bloque que se opuso a su propuesta en la OMC y resiste sus términos para la creación del ALCA”.
   Agregó –según Clarín- que las propuestas de acuerdos bilaterales de Estados Unidos tienen como blanco el aislamiento brasileño por medio del vaciamiento del Grupo de los 22, que se mantuvo unido en Cancún bajo el liderazgo del gigante sudamericano. Mediante presiones, los norteameri

canos ya lograron separar del grupo a Colombia y Perú y ahora amenazan a Guatemala y Costa Rica con excluirlos del tratado de libre comercio con Centroamérica si no se retiran también.

Esta priorización del MERCOSUR no quita que desconozcamos ni dejemos de tener “presente la larga lista de violaciones del espíritu y la letra del MERCOSUR en que han incurrido Brasil y Argentina durante los últimos años, ya no durante los años de la crisis sino desde muchísimo antes” (Astori). Pero eso nos reafirma más aún en mantener un camino de respeto absoluto a ese espíritu y esa letra, en vez de seguir por la misma línea de aquellos gobiernos –no países- que los violaron o violan.

Sin embargo, vale aclarar que  las palabras entrecomilladas de Astori se referían al Brasil gobernado por Fernando Enrique Cardoso o la Argentina de Menem o de la Rúa, no al Brasil de Lula o la Argentina de Kirchner. Además, el MERCOSUR al que él se refiere responde a uno de los dos modelos de MERCOSUR que han andado en danza. Se trata del modelo que quedó plasmado con el Acta de Buenos Aires, de julio de 1990. El Tratado de Asunción de marzo de 1991 incorporó estos principios. Aquí las fuerzas del mercado libre asumían el liderazgo de la integración en la subregión formada por las dos principales economías del Cono Sur, Argentina y Brasil, más Paraguay y Uruguay. El otro modelo fue esbozado en el Acta de Foz de Iguazú de noviembre de 1985 y en los acuerdos bilaterales argentino-brasileños. Este enfoque pretendía orientar los mercados y promover la integración y quedó plasmado, por ejemplo, en los protocolos de bienes de cap

ital y del centro binacional de biotecnología. Los mismos constituían políticas activas industriales y tecnológicas de alcance regional. Era la estrategia de integración asentada en la especialización intrasectorial de las principales áreas productivas que luego se sustituyó por la desgravación acelerada, lineal y automática de todo el universo arancelario.

Además de las consecuencias del tratado respecto de la estrategia negociadora de los países de la región, en lo concreto debemos añadir que al otorgarle a EE.UU. la condición de “nación más favorecida”, automáticamente ese país se verá favorecido por todas aquellas normas que se acuerden en el futuro entre los países que integren el bloque regional. Y esto tampoco lo podemos hacer sin consultar a los socios.

Al decir de Carlos Abín: “La celebración de un tratado con estas características tiene –entre muchas otras consecuencias negativas- el efecto de organizar una sólida “cabeza de puente” para el desembarco de las grandes corporaciones norteamericanas no ya en Uruguay sino en la región. Uruguay forma parte del MERCOSUR, y de este modo, la vía queda abierta hacia el gran espacio regional. La única alternativa defensiva de que dispondrían sus socios en esa hipótesis consiste en excluir a Uruguay del MERCOSUR o limitar seriamente su participación en él, lo que coincide puntualmente con otro aspecto de la estrategia norteamericana: introducir factores de división y debilitamiento en el emprendimiento regional (…)  La permanencia, el status y el papel de Uruguay en el MERCOSUR están indisolublemente atados a la no ratificación del Tratado de Inversiones con Estados Unidos.” (Tercer Mundo Económico, Nº 185 - Octubre 2004)

En segundo lugar, el artículo 17 establece la exclusión de los beneficios del tratado a las inversiones realizadas por empresas originarias de países con los cuales EE.UU. se encuentra en conflicto o no mantiene relaciones diplomáticas.  

Este artículo es una violación de la soberanía uruguaya, pues se le impone a Uruguay  obligaciones con inversores de otros Estados que no son partes en el Tratado y con los cuales Uruguay nada ha negociado.

Es, en realidad, un tiro por elevación a Cuba, pues nos obliga de contrabando a aplicar la ley Helms-Burton. O sea, nos haremos cómplices del criminal bloqueo contra aquel país. Al respecto, recordemos que nosotros hemos respaldado a las Naciones Unidas en su condena al bloqueo comercial contra Cuba.

:: Consecuencias internas del Tratado

Los defensores del tratado hablan de la menor percepción de riesgo que se puede generar sobre Uruguay en el futuro y, como consecuencia de eso, la caída del riesgo país que podría enfrentar la economía. El proyecto enviado al Parlamento dice que “a menor riesgo menor será el retorno requerido por el inversionista del emprendimiento que realiza, lo que posibilita un mayor volumen de inversión además de una mejor calidad de la misma.”

Nosotros respondemos que -en este Tratado- a medida que disminuye el riesgo para el inversor aumenta el riesgo para el país. En otras palabras, se establece la máxima libertad a los inversores, prácticamente sin ninguna contrapartida. Veamos, sin agotar el tema, por qué.

1) En primer lugar, por  la filosofía y la letra de este tratado perdemos la posibilidad de establecer políticas que impulsen modificaciones en el comportamiento de las empresas transnacionales (ET), o que favorezcan una mejora en sus potenciales aportes al desarrollo y reduzcan sus costos. Lall (2002) sobre la base de analizar los casos exitosos del sudeste asiático, llama a este tipo de políticas FDI-Targeting, lo que podría traducirse como promoción de la IED contra metas y seguimiento. Este tipo de políticas implica un tratamiento diferenciado al capital extranjero.

En el marco del diseño de una estrategia de industrialización, impulsar un cambio en la orientación exportadora de las ventas de las ET adquiere  particular relevancia. Pueden existir espacios para proponer políticas industriales y de comercio exterior activas, en el marco de las cuales el estado negocie con las ET la posibilidad de cambios en el comportamiento de las filiales, en especial las que participan en los intercambios comerciales entre Uruguay y Argentina.

No olvidemos las conclusiones de G. Bittencourt y R. Domingo en su trabajo, “Inversión Extranjera Directa y Empresas Transnacionales en Uruguay en los 90”, (2000). Allí, sobre las inversiones extranjeras directas, expresaban: “Se pueden definir dos instancias relativamente contradictorias en la evaluación del impacto de las ET sobre el perfil exportador. Si el aumento de las exportaciones tecnológicamente intensivas dentro de ese patrón es considerada como un factor positivo para el desarrollo económico, las ET se mueven en línea con la primarización de la pauta exportadora global de Uruguay entre 1992 y 1998. Por lo tanto, no parecen contribuir en ese sentido. Como contracara del mismo fenómeno, las ET parecen estar contribuyendo de manera bastante significativa al sostenimiento de mercados fuera de la región.”

También el programa del FA establece lineamientos para promover las inversiones extranjeras, por ejemplo, para promover las exportaciones tecnológicamente intensivas. Por este tratado, quedamos impedidos de establecerlos al disponerse la prohibición de siete tipos específicos de Requisito de Desempeño.  Los ‘requisitos de desempeño’ consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc. Recordemos, de paso, que ya el tratado uruguayo-canadiense extiende la prohibición de los requisitos de desempeño a los servicios y a la transferencia de tecnología, además del comercio de bienes. De modo que, en ese marco, el Estado receptor no puede exigir al inversor que transmita el know how a los socios locales o a los trabajadores locales. Es decir que, en este caso, no hay

incorporación de tecnología al Estado receptor.

Sobre los “requisitos de desempeño”, nos preguntamos: ¿EE.UU. actúa igual con todos los países o tiene un trato diferencial, algo así como si a escala de países se manejará con “hijos y entenados”?

Nos resistimos a seguir por este camino en que nuestro papel en el mercado mundial y en la división internacional del trabajo es –al igual que en la época colonial- el de proveedor de materias o “commodities” de bajo valor agregado.

Pero el asunto es más grave aún, pues tampoco podremos establecer o formular soberanamente  “políticas sectoriales que sirvan para alentar la producción nacional, por ejemplo, en relación a las compras del sector público (compras gubernamentales).” (Documento de análisis, Redes, mayo de 2005).  Recordemos que el tratado implica el Trato nacional: toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los inversores extranjeros. Los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado, pues ello implicaría violar la igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.

2) En segundo lugar, subrayamos la cuestión de la “solución de las controversias”. 

Al respecto, dice Mariana Herz: “Estos tratados son suscritos por Estados pero los derechos que acuerdan se confieren a los particulares y, para asegurarse de que esto sea así, en los mismos se incluyen disposiciones relativas al mecanismo de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la inversión, entre el inversor nacional de un Estado Parte y el Estado receptor de la inversión distinto del Estado de nacionalidad del inversor. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI) hace surgir la responsabilidad internacional del Estado receptor por los daños ocasionados. La novedad radica en que el procedimiento para hacer cesar tal conducta u obtener un resarcimiento se aparta del sistema clásico de Derecho Internacional.

En el sistema clásico, el particular no goza del iusstandi (acceso directo al tribunal) y, por ende, es el Estado de su nacionalidad el que hace suyo el reclamo a través de la Protección Diplomática, pero por virtud de las doctrina Calvo esto solo puede suceder una vez que el particular afectado ha agotado los recursos administrativos y judiciales establecidos por en la legislación nacional del Estado que se pretende demandar.

En el sistema de los TPPI esto se modifica ya que se admite el acceso directo de los particulares a la instancia arbitral internacional en las condiciones pactadas en el tratado. Se les reconoce así el iusstandi “.

Por toda controversia que se produzca con relación a este tratado, los tribunales uruguayos no tendrán competencia: sólo la tendrán tribunales arbitrales internacionales, compuestos de tres árbitros, uno de Uruguay, otro de la otra Parte, y otro de una nacionalidad distinta. El derecho que se aplica en estos juicios es el derecho internacional consuetudinario y no las leyes uruguayas.

Actualmente se destaca el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial, como establece el Reglamento del CIADI.

El CIADI ayuda a constituir tribunales arbitrales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (136 de éstos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos de igual a igual con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la jurisdicción territorial de sus tribunales.

    El sitio web del Banco Mundial presenta al CIADI así:

Presentación: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue establecido como resultado del Convenio sobre Solución de Controversias entre Estados y ciudadanos de otros Estados que entró en vigencia el 14 de octubre de 1966, como una institución especialmente designada para facilitar la solución de controversias entre gobiernos e inversionistas extranjeros.

Función: El CIADI proporciona facilidades para la solución de controversias por medio de conciliación y arbitraje entre Estados miembros e inversionistas que puedan ser considerados como nacionales de otros Estados miembros.

El acceso a las facilidades que proporciona el CIADI en relación con la conciliación y el arbitraje son completamente voluntarios. Sin embargo, una vez que se accede a los mecanismos del CIADI no se puede desistir de ellos unilateralmente. Además todas las partes contratantes de la Convención del CIADI están obligadas de reconocer y ejecutar las decisiones arbitrales del CIADI. Junto con las facilidades de conciliación y arbitraje otorgadas por el Convenio CIADI, el Centro, desde 1978, ha definido un conjunto de Reglas Adicionales de Facilitación que autorizan al Secretariado del CIADI a administrar cierto tipo de procedimientos entre Estados y nacionales de otros países por fuera del campo de aplicación del Convenio. También se encuentran disponibles facilidades adicionales sobre conciliación y arbitraje en casos en que la controversia no esté relacionada con inversiones, siempre y cuando se relacione con una inversión ‘cuyas características lo diferencien de una transacción com

ercial ordinaria’. Una tercera actividad del CIADI en el campo de la solución de controversias consiste en la actividad del Secretario General del CIADI como autoridad nominadora de árbitros para que actúen en procedimientos arbitrales ad-hoc. (http://www.worldbank.org./icsid)

   Cabe señalar las enormes atribuciones, subrayadas en el párrafo precedente, que tiene el Secretario General del CIADI.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo (véase la Sección VI. 4 de este trabajo), se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros.

Después soplaron otros vientos ‘ neoliberales ‘ y hoy forman parte del CIADI una quincena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990. También muchos Estados latinoamericanos han adherido a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

Son partes del CIADI y de la MIGA los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.. Bolivia, Brasil y Haití sólo son partes de la MIGA.

Luego del CIADI, en segundo término, se podrá recurrir a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)

Respecto a los tribunales mencionados, es de interés observar la paradoja de que si rigiera este tratado, el Uruguay no podría realizarle un juicio en el país a uno de los ex accionistas del Banco Comercial para intentar recuperar los fondos con que el Estado asistió a esa institución durante la crisis financiera de 2002. No podríamos cumplir con el deseo del ministro Astori, al decir que “queremos jugar de locatario” (sic), siguiendo los atinados consejos de los abogados que asesoraron al gobierno, quienes declararon que “litigar en el país es más ventajoso porque los costos son menores y la justicia local da más garantías.” (El País, 24/5/05)

::Véase el caso de Argentina y el CIADI

 Varios son los problemas de Argentina con el CIADI.

Recientemente  se manejó la posible decisión del BM-CIADI de asumir la defensa de los tenedores de bonos que no entraron en el canje por 20.000 millones de dólares. Esto contrariaba expresamente la decisión argentina de no abrir un nuevo canje para negociar con esos bonistas.

Después, el 12 de mayo de 2005 el CIADI resolvió a favor de una demanda presentada por la transnacional estadounidense CMS Energy, a la cual debe indemnizar el gobierno argentino con 133 millones de dólares por no otorgarles «un trato justo y equitativo».

Por otra parte, el Gobierno hará públicos los casi 30 juicios que empresas privatizadas iniciaron contra el Estado en el CIADI —el tribunal arbitral del Banco Mundial— para reclamar más de 18 mil millones de dólares.

Hasta ahora el contenido de las millonarias demandas contra el Estado argentino se desconoce porque el CIADI aplica un criterio de confidencialidad.Guglielmino, procurador general del Tesoro, explicó que «no hay ninguna norma escrita» que comprometa al Estado argentino a respetar ese criterio de reserva y sostuvo que tomó esa decisión de publicitarlos porque la Constitución argentina obliga a publicitar los documentos públicos.

::Véase el caso Bechtel contra Bolivia

 Bechtel, es una gigantesca empresa transnacional basada en los Estados Unidos y en posición privilegiada para “reconstruir” Irak, es decir para participar en el despojo del patrimonio nacional iraquí. Con RonaldReagan en la Casa Blanca, gente de Bechtel entró en el gabinete. El entonces presidente de Bechtel, GeorgeShultz, fue secretario de Estado; el consejero general de Bechtel, CasparWeinberger, fue secretario de Defensa y W. KennethDavis, vicepresidente de Bechtel para desarrollo nuclear, ocupó el cargo de vicesecretario de Energía.

El 3 de septiembre de 1999 se otorgó una concesión en Bolivia al consorcio Aguas del Tunari, conformado por InternationalWaters (conformado por Bechtel, de Estados Unidos, y Edison, de Italia), Abengoa de Servicios Urbanos y socios bolivianos minoritarios.

En menos de un año, el 9 de abril de 2000, una masiva movilización -denominada la “guerra del agua”- provocó la salida de Aguas del Tunari de Bolivia. Bechtel presentó un reclamo ante el CIADI contra Bolivia por 25 millones de dólares porque su subsidiaria Aguas del Tunari fue expulsada de Cochabamba.

Aguas del Tunari interpuso la demanda amparada en el Tratado Bilateral sobre inversiones entre Bolivia y Holanda, suscrito en 1992. Pese a que el socio mayoritario de Aguas del Tunari es InternationalWaters, conformado por Bechtel, de Estados Unidos, y Edison, de Italia.

Aguas del Tunari transfirió su domicilio a Holanda sólo para poder iniciar el proceso contra Bolivia invocando el tratado entre Bolivia y Holanda. Aguas del Tunari solo tiene una casilla postal en Amsterdam, luego de una cuestionable y posiblemente ilegal transferencia de domicilio de las islas Caimán a Holanda a finales de noviembre de 1999.

Esa es una de las maneras en que los tratados bilaterales pueden ser invocados por sociedades transnacionales que no tienen su sede en ninguno de los Estados partes del tratado. La otra manera consiste en que una empresa con sede en un país A invoque contra un país B un tratado que este último ha celebrado con un país C que la favorece más que el tratado celebrado entre A y B, por aplicación del principio de ‘la nación más favorecida’

3) En tercer lugar, otro tema que nos preocupa es que desaparece la posibilidad de que  nuestro país establezca –si así lo estimará conveniente a sus intereses- el control a la entrada de capitales de corto plazo, llamados  “golondrina” por su fuerte carácter especulativo.

Por ejemplo, durante los 90, Chile tuvo controles a la entrada de capitales que fueron muy discutidos tanto a nivel académico como de los organismos multilaterales, algunos de los cuales terminaron aceptando la lógica de esos controles. Controles que fueron, además, una de las causas de que ese país no sufriera la revaluación de su moneda. Actualmente, se acordó la posibilidad de que Chile pueda establecer esos controles por un año, período tras el cual puede ser llevado a un tribunal de resolución y pagar indemnizaciones ante demandas de inversionistas. De esta manera se permite que, al menos por un año, existan controles de capital. Hoy no existen, pero podrían ser establecidos en la eventualidad de una crisis de balanza de pagos.

Argentina, por su parte, ha establecido restricciones al ingreso de capitales golondrina. El Banco Central  dispuso la extensión a 12 meses del plazo mínimo de permanencia para las divisas ingresadas al país, que hasta ahora era de 6 meses.

 No olvidemos que los bancos de inversión extranjeros son capaces de generar burbujas financieras de la nada, ya que su negocio pasa, en épocas de vacas flacas, por vender lo invendible. Así actuaron en la década del noventa y así seguirán actuando siempre. Por tal motivo, el filtro a los fondos especulativos de corto plazo, así sea preventivamente, no puede sino concebirse como un acierto de las autoridades.

Más aún al considerar que la mayor tentación que tienen los extranjeros es aprovechar una segura caída en el tipo de cambio real. Es decir, que quien ingrese capitales podrá hacerlo para sacar rédito a la inflación argentina, que será mayor que la devaluación del peso. En una suerte de juego perverso, los capitales que ingresan obligan al Central a emitir pesos, incrementando a su vez las chances de una mayor inflación y volviendo a incentivar nuevos ingresos de fondos. Un círculo perverso que puede generarse de buenas a primera aun en un país que despierta poca confianza al inversor moderado. (Tomado de Clarín, 29/5/2005)

4) En cuarto lugar, consideramos que el concepto de inversión que se maneja es sumamente amplio, pudiéndose establecer reclamaciones incluso por una pre-inversión.

 5) En quinto lugar, el tratado incluye una cláusula previendo la indemnización en caso de expropiación u ‘otras medidas de efecto equivalente’ (Ver Anexo B, numeral 4). Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que ‘privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar’, como dijo el tribunal arbitral en el caso ‘Metalclad c/México’, en el marco del TLCAN. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de ‘expropiación’ y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares.

6) En sexto lugar, el tratado prevé la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se viene de señalar en 5.

7) En séptimo lugar, el tratado prevé las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etc., de manera irrestricta, en divisas libremente convertibles.

Ver al respecto Los tratados bilaterales de libre comercio (Parte I) , de Alejandro Teitelbaum(Abogado, UBA. Diplomado en Rel. Econ. Internacionales en el Inst. deEst. del Desarrollo Económico y Social de la Univ. de Paris I. Representante de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de ONU en Ginebra.)

Fuente: http://www.webpcu.org

Corrían los años 1985/1990. Recién reinstitucionalizado el país, comenzaron a surgir variadas formas de militancia, alguna frenteamplista, otras autogestionarias. Por un lado brotaron como luego de un aguacero los comités de base, las coordinadoras frenteamplistas, los plenarios. Los comités tenían una gran vida: se invitaba a dar charlas a compañeros y compañeras recién salidos de las cárceles, iban los dirigentes de cada grupo político a dar y recabar opinión sobre diversos temas, se reunía el barrio en torno a las tortas fritas y el mate cuando habían espectáculos artísticos o simplemente algún cantor local con su guitarra. Convivían junto a las policlínicas, ollas populares, merenderos, cooperativas de consumo y de vivienda y las intersociales de cada lugar, se apoyaban mutuamente, solidarizándose activamente con los sindicatos en conflicto. El Gral. Seregni no dejaba de decir que estos comités de base eran el motor del Frente Amplio, y se discutía por doquier si este frente era una coalición de partidos o un movimiento político de masas. Los independientes, que eran la mayoría, defendían esta última definición.

A partir de 1990, en que el Dr. Tabaré Vázquez asumió la Intendencia de Montevideo, este auge de los comités, plenarios, coordinadoras se vio algo opacado por un encare muy especial que se le dio a la descentralización de Montevideo. Nacieron los centros comunales zonales, las juntas locales, y en cierta forma se institucionalizó lo que era la movida espontánea de los barrios. Seguramente sin intención, la gente de los barrios fue abandonando lentamente los comités de base y se fue nucleando en los CCZ, que no tenían voto en las decisiones municipales pero al menos algo de voz. Algunos valientes frenteamplistas intentaron dejar abiertos sus comités, pero ya nadie financiaba su alquiler, no iban los dirigentes frenteamplistas a charlar con la gente, y, curiosamente, esto coincidió con la política del Intendente de gobernar más allá de su fuerza política, tomando las resoluciones de su gobierno sin consultarla. Y lo logró.

Hace poco Mujica declaró que creía que los comités de base eran una estructura obsoleta, que ya no tenía sentido que existieran. Con su dura franqueza, dijo lo que piensan todos los políticos con cargos de gobierno, de municipio y de legislatura del Frente Amplio. A muchos militantes de base les dolió esto. ¿Dónde podían volcar sus ideas, sus inquietudes, sus propuestas? Creemos que desde que asumió Vázquez la intendencia de Montevideo, dejó de existir esa categoría fundamental en cualquier frente popular: la base militante.

Hoy lo comprobamos, y con pesadumbre. Pesadumbre porque en los momentos más críticos de la vida política de este frente, fue la base la que, con infatigables jornadas de debates, puerta a puerta, organización de actos, mantuvo las banderas en alto. Esa misma base, conectada a cada casa de cada barrio, peleó por la sobrevivencia del programa del Frente Amplio de 1971. Sin importar el color político de cada quien, lo importante era el rescate del legado histórico de los años 60 y 70, y de la lucha clandestina de todos y todas durante la dictadura. Los “independientes” se fosilizaron, y finalmente triunfó la coalición de partidos como definición de un frente que rápidamente iba cambiando sus concepciones y principios para poder acercarse al gobierno. Hoy es lo que es: un frente policlasista, y en esto no hay fisuras internas.

El verticalismo predomina. Se está gobernando al país entre si acaso unos pocos de hombres (y bien digo, hombres), dejando de lado lo que se prometió durante la campaña electoral de darle total preponderancia al parlamento y de buscar todos los caminos posibles para la participación de los cuidadanos/as. No existe el “sujeto” prometido, existen los números y guarismos, la búsqueda de la gobernabilidad, y sobre todo, la entrega del futuro prometidoa nuestra gente pobre en aras del Mercado. Es así que volvemos a la condición de colonia, status del que nunca salimos pero creímos que podíamos cambiar a partir del 1 de marzo.

Por más escéptica que pudiera ser una parte de la base del FA, nunca hubiera pensado que a los dos meses y algo de gobierno progresista, se pusiera fin a una discusión tan trascedental como lo es la propiedad estatal del agua, votada a favor en plesbicito, con un decreto presidencial. ¡Buena memoria tenemos los de la generación de los 60 de los decretazos! Nunca se nos ocurrió que, contra todas los estudios ambientalistas y de salud, se permitiera la instalación en nuestra tierra de plantas de celulosa que ni el país inversor, Finlandia, las quiere más en su país. Pero por sobre todas las cosas, y entre planteos de Astori que de “el Fondo Monetario Internacional ha cambiado”, que resulta que ahora es bueno y nos quiere ayudar, nunca pudimos concebir que un proyecto de inversiones, de la magnitud y prepotencia del que EEUU quiere firmar con nuestro gobierno, generara apoyos, entre ellos del propio presidente, a creer lo que dice su primer ministro Astori. Al revés de lo que dice Mujica, en vez de decir “la papa está podrida” pero igual comerla, lo que corresponde es no comer de esa papa, porque a la larga, estamos hipotecando no sólo nuestra soberanía sino nuestra dignidad como pueblo uruguayo y la dignidad de algunos gobiernos que se han mostrado amigos, y que quedarían fuera de las posibilidades de comercio e inversión con el Uruguay. Nos estamos refiriendo concretamente a Cuba, Venezuela, Irán, por ahora, porque mañana o dentro de cinco años puede tocarle a cualquier otro país que pretenda independizarse del imperio cayendo en el “eje del mal”.

Este solo tema ameritaría haberse discutido en un plenario nacional del FA, aunque no haya sido ése el planteo de la dirección del MPP. Porque nos toca a todos y todas nosotras, porque hemos manifestado muchas veces por el cese al bloqueo contra Cuba y hemos simpatizado con las medidas socialistas que va tomando el gobierno de Chávez. Pero en lugar de esto, el “poder” dentro del gobierno nos ha dicho claramente que éste es un tema de la bancada en el parlamento (cosa que dudamos que tengan esa independencia), y de los cabezas de lista dentro del gobierno. Nada de plenario, nada de Mesa Política. Acá se gobierna a nivel de presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá gobiernan, justamente las finanzas y las reglas del mercado. Y aunque la papa esté podrida, se la come y el pueblo, que se embrome.

Por supuesto que el tema del Tratado de Inversiones con EEUU no está resuelto aún. Dicen que está en la congeladora. Pensamos que, secretamente, según como actúan nuestros actuales gobernantes, se está cocinando. Cuando dicen que un tema queda congelado por un mes, es porque saben que para poder imponer una resolución poco agradable al mismo, deben vencer las resistencias populares, que por suerte en alguna medida todavía existen. También deben vencer las resistencias internas dentro de este frente progresista, que son las que más les importan a los gobernantes. Y en eso se va el mes de congelamiento, porque cuando un tema está meridianamente claro, no necesita del freezer.

Debemos hacer una precisión: aunque nuestras críticas puedan parecerse o incluso coincidir con las de la derecha, que esto no confunda a nadie. Nosotras las hacemos porque aspiramos y luchamos por un país libre y soberano, igualitario para todos y todas. No hemos claudicado de nuestros principios revolucionarios. Nuestro objetivo es diametralmente distinto al de la derecha. Buscamos erradicarla definitivamente de la faz del poder en nuestro país. Por eso no vamos a permitir a ningún Heber ni Alfie ensuciar la cancha, ni subirse a nuestro caballo. Que no se equivoquen. Sabemos distinguir claramente cuál es nuestro principal enemigo.

En relación a que el día 20 de mayo (fecha histórica en la lucha por Verdad y Justicia) el Poder Ejecutivo aprobó un decreto relativo al tema de la Reforma constitucional por el AGUA, la Mesa Representativa Nacional de la COFE, reunida en el día de la fecha, RESUELVE:

     1º) RECHAZAR CATEGÓRICAMENTE el inconstitucional decreto resuelto por el Poder Ejecutivo en CONSEJO DE MINISTROS, en virtud de que actuando con soberbia y autoritarismo pretende interpretar la Reforma Constitucional aprobada por el 65% del electorado el pasado 31 de octubre, cuando su obligación es defender y hacer cumplir el mandato soberano y respetar la Constitución.

     2º) REAFIRMAR una vez más que el pueblo uruguayo se expresó en función de dos aspectos claves:

          a) El agua, como recurso humano elemental y estratégico, tiene que estar en manos de los uruguayos, bajo la EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO, en virtud de que privatizar el agua es como privatizar la vida ya que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y las reservas acuíferas constituyen un recurso esencial de la humanidad.

          b) Las empresas privadas (nacionales y multinacionales) se tienen que ir en función de tan contundente y claro pronunciamiento popular.

     3º) Profundizar nuestros vínculos con la Comisión en Defensa del Agua y la Vida y expresar nuestro más amplio respaldo a la posición y lucha que libra la misma, junto a la FFOSE. Al mismo tiempo COFE impulsara en todos los Organismos de nuestro PIT CNT, planes de sensibilización y movilización del movimiento popular, que tenga por objetivo la inmediata revocación del Decreto aludido y no por la Ley, ya que de esta manera sólo puede ser recurrida vía administrativa (con las limitaciones obvias, al estar sujeta ala Resolución del mismo Poder Ejecutivo).

     4º) Por último, nuestro Movimiento Sindical que guarda independencia y autonomía de clase siempre ha sido severo a la hora de señalar y censurar el doble discurso de los partidos políticos que estuvieron en el Gobierno. Al respecto, la Dirección Política de la Confederación, rechaza las actitudes oportunistas e incoherentes de algún Ministro que aprobó fervientemente con su firma la sanción del aludido Decreto, al tiempo de propagandear públicamente el respeto a la defensa del agua en manos estatales.

     En ese sentido, también se rechaza los gratuitos y muy agraviantes conceptos vertidos por el Ministro José Mujica en relación a la posición sustentada por los Sindicatos.

Mesa Representativa Nacional de COFE.

En entrevista realizada con el Financial Times de Londres, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, afirmó que el mayor y más inmediato desafío será conseguir la aprobación por el Parlamento del presupuesto para el quinquenio al tiempo que reconoce que el mismo «Incluirá importantes restricciones de gasto y será una tarea compleja». Asimismo Astori dijo que en agosto se volvería a recurrir a los mercados de capitales colocando bonos de deuda por 200 millones.
Menos de cien días después de que el EP-FA-NM asumiese el gobierno, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, están ya «animando a los mercados e impresionando a Wall Street», señala en tono elogioso el diario británico Financial Times.
«El énfasis que ha puesto en la disciplina macroeconómica y el reconocimiento de la necesidad de atraer capital privado son vistos cada vez más como pruebas de que la izquierda latinoamericana finalmente ha madurado», afirma el prestigioso diario económico.
En declaraciones al Financial Times, el propio Astori afirma que Uruguay está cosechando finalmente una doble ventaja de su decisión de mantener buenas relaciones con sus acreedores.
La primera, explicó el Ministro, es la de haber llegado a un acuerdo en tiempo récord con los expertos del Fondo Monetario Internacional, que se espera que sea aprobado por la dirección mañana miércoles 8.
El acuerdo, que tendrá una duración de tres años, «permitirá al país, que debe en total al FMI unos 2.700 millones de dólares, refinanciar más del 60 por ciento de la deuda contraída con esa institución multilateral» expresa el diario inglés.
A cambio, prosigue, el Uruguay «ha prometido, un superávit fiscal primario que será equivalente este año a un 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto - otro 0,4 por ciento irá a un plan de emergencia de tipo social- y que subirá a un 4 por ciento en 2007». Astori aspira a acabar el mandato de cinco años para el que fue sido elegido el Gobierno con «una deuda equivalente al 60 por ciento del PBI». El segundo beneficio de las «saludables» relaciones de la República Oriental con los inversores es «su pleno acceso a los mercados de capitales, agrega el periódico.» El mes pasado, Uruguay emitió bonos por 300 millones de dólares, que servirán para atender la mayor parte de las necesidades financieras este año y que Astori califica de éxito resonante, concita el periódico británico.
Asimismo afirma que el Gobierno «volverá probablemente en agosto a recurrir a los mercados de capitales» y emitirá deuda pública por otros 200 millones de dólares. «Esto es algo que podemos hacer porque los inversores nos respetan», declara Astori al Financial Times.
Según Astori, el mayor y más inmediato desafío será conseguir la aprobación por el Parlamento del presupuesto para el quinquenio. «Incluirá importantes restricciones de gasto y será una tarea compleja», reconoce el ministro.
Astori se muestra, sin embargo, confiado: «Todo el mundo sabe que debemos extremar la prudencia en la primera mitad de nuestro período de gobierno y tenemos mucho apoyo».
Según el ministro, el mandato de cinco años «puede dividirse en dos mitades, y en la primera mitad no hay espacio alguno para la flexibilidad».

La Juventud

El Plenario de la Coordinadora Q, resolvió pedir al gobierno nacional la derogación del decreto del 20 de mayo que da una interpretación distinta a lo que fue la voluntad del soberano a la reforma constitucional por el agua plebiscitada en octubre de 2004. Lo que sigue es el texto de dicha resolución.

Montevideo, 6 de junio de 2005

Compañeros de la Mesa Política del Frente Amplio

Presente


Delegados de los Comités de Base y Delegados de las distintas fuerzas políticas integrantes del F.A. que participan en la coordinadora "Q", les acercamos las conclusiones y planteos a los que llegamos por unanimidad en el plenario del 31 de mayo pasado.

Ellos son:

1) Nuestro desacuerdo y disconformidad con el Decreto del 20 de mayo de 2005 del Poder Ejecutivo, por el cual se habilita la permanencia, de empresas privadas que administran el servicio de agua potable y el saneamiento, en el país.

2) Como militantes que hemos dado lo mejor de nuestros esfuerzos para que el F.A. llegue al gobierno, expresamos el deseo, la necesidad y el derecho, a ser informados de las razones y fundamentos de las medidas importantes que tome el gobierno.

Información que se nos debe hacer llegar a la brevedad, por la vía interna y estructuras que el F.A. se ha dado para ello.

No es bueno ni saludable que la información nos llegue incompleta o parcial por medio de la "gran" prensa nacional.

En este marco pedimos que se nos de, a todos los militantes frenteaplistas, la información de los fundamentos y razones que sustentaron el Decreto del 20 de mayo del Poder Ejecutivo, por vía orgánica.

3) Solicitamos al Poder Ejecutivo que se derogue el Decreto del 20 de mayo, porque a nuestro entender desconoce el pronunciamiento del 64% del electorado del Plebiscito del 31 de octubre de 2004.

Porque dicho decreto atenta contra la Constitución de la República. No es admisible que nuestro F.A., que históricamente ha defendido la Constitución Nacional, ahora, que es gobierno, la desconozca.

Compañeros queremos seguir apegados a las palabras que nuestro Presidente Tabaré Vázquez pronunciara, a lo largo y ancho del país, durante la campaña electoral, en su compromiso con el Pueblo: DENTRO DE LA CONSTITUCION TODO, FUERA DE LA CONSTITUCION NADA.

Agradeciendo la atención a nuestros planteos y esperando que por medio de ustedes lleguen a quienes representan al F.A. en el Poder Ejecutivo:

Plenario de la Coordinadora "Q" Frente Amplio

Extraido de COMCOSUR

Rice: ONU debería examinar si la
organización de sus fuerzas es la adecuada

EEUU, obligado a estudiar envío de marines
a Haití

El deterioro de las condiciones de seguridad en Haití, donde al menos cerca de veinte personas fueron asesinadas esta semana, empuja a la administración de George W. Bush a estudiar una posible intervención militar estadounidense en este pequeño país caribeño.

WASHINGTON, AFP

Este fin de semana, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, reconoció en una entrevista con el periódico Miami Herald que se podría precisar "más ayuda para las elecciones" generales previstas para fin de año. En este sentido generó un paralelismo entre la situación en Haití y los dispositivos de seguridad en Afganistán e Irak para las recientes elecciones.

En Afganistán coexisten dos fuerzas paralelas: la OTAN y una estadounidense. En Irak, el contingente estadounidense fue reforzado para garantizar la seguridad de las elecciones. La violencia que afecta a Haití es "preocupante" y Naciones Unidas y las otras instituciones que ayudan a Haití a encontrar estabilidad "deben examinar seriamente si la organización de las fuerzas allá es la adecuada", agregó Rice, quien participa desde el domingo en Florida (sudeste) de una asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En un editorial muy crítico a la situación en Haití, The Washington Post denunció ayer domingo el fracaso de la ONU y del gobierno haitiano en estabilizar el país. "Se necesita una operación de socorro en este país y probablemente no se puede hacer sin la ayuda de las tropas estadounidenses", afirma.

Según el periódico, la embajada estadounidense en Haití pidió a la administración de George W. Bush que estudie la posibilidad de enviar varios centenares de marines a Haití para luchar contra la inseguridad. Las elecciones municipales deben desarrollarse en Haití el 9 de octubre, seguidas de las legislativas y presidenciales el 13 de noviembre y el 18 de diciembre.

Desde la dimisión y la partida en febrero de 2004 del ex presidente Jean Bertrand Aristide, el país no ha logrado estabilizarse a pesar del despliegue en el verano (boreal) de 2004 de cerca de 6.700 cascos azules y 1.622 policías internacionales, y del envío de una ayuda financiera internacional.

El martes, un ataque en el centro de Puerto Príncipe, atribuido a simpatizantes de Aristide contra un mercado y una comisaría, dejó diez muertos entre la población civil. El mismo día, el cónsul honorario francés falleció baleado cerca del aeropuerto.

El sábado, la policía haitiana realizó una operación de represalia en Puerto Príncipe en el barrio de Bel Air, un bastión de estos simpatizantes, que dejó 18 muertos según la ONU y testigos. En el barrio de Bel Air (300.000 habitantes), un periodista de la AFP constató que una decena de casas habían sido quemadas y que eran visibles numerosos rastros de sangre en la vereda. Desde el verano (boreal) de 2004, cerca de 700 personas fueron asesinadas en actos de violencia en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe. En los últimos meses, el secuestro de comerciantes, directores de escuela o simples ciudadanos también se multiplicaron, alimentando fuertemente el sentimiento de inseguridad. Estos raptos, una quincena en la semana y ocho sólo el viernes, son realizados por desconocidos en busca de recompensas. Para los diplomáticos en Puerto Príncipe, no hace falta mucho para que los grupos armados que aterrorizan con impunidad los barrios de la capital se apoderen de espacios estratégicos como el aeropuerto y el puerto. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, reclamó el aumento de los cascos azules para las próximas elecciones. El primer ministro haitiano, Gérard Latortue, solicitó un refuerzo del mandato de la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haití) y prevé reunirse en Nueva York con el Consejo de Seguridad próximamente.

La República, 6/6/2005

Es la tercera fuerza en importancia y tiene representación en todos los niveles

Agrupación de Trabajadores Médicos emergió con fuerza de elecciones del SMU

Los dos médicos que integrarán el ejecutivo, trabajarán para democratizar el sindicato y hacerlo más representativo y más clasista

Su bandera más sentida es salario médico mínimo de $ 12.000 para este año y $ 20.000 para el próximo

Critican tercerizaciones de servicios, porque “al único que le dan los números es al privado que brinda el servicio”

Exigirán “auditorías contables que alejen el fantasma de la corrupción en todos los frentes”

El 26 de mayo pasado se realizaron elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay.

En las mismas se presentó por primera vez la Agrupación de Trabajadores Médicos y el resultado obtenido resultó una sorpresa para propios y extraños: se constituyeron en la tercera fuerza política en importancia dentro del SMU. Los doctores Daniel San Vicente y Pedro Cladera, serán los representantes de esta agrupación en el ejecutivo. Ambos se refirieron a la importancia del logro obtenido.

En primer lugar, destacaron la importancia del apoyo alcanzado en la votación teniendo en cuenta que se trata de una fuerza nueva, prácticamente sin propaganda ni medios. “Hoy somos la tercera fuerza política en el SMU, con diferencias, en el marco de una elección que implicó un aumento de la participación con respecto a elecciones anteriores, que es otro tema importante a destacar”, analizó el Dr. Daniel San Vicente quien sostuvo que “la participación fue enorme y quedó claro que el gremio médico está preocupado por la situación del país, por la situación de la salud en el país y que quiere participar. Nuestra apuesta participativa contó con la aprobación de un importante sector de gente que nos votó y con la simpatía de mucha gente que no nos votó”.

El Dr. Pedro Cladera por su parte, especificó que el Comité Ejecutivo del SMU es el organismo ejecutivo rector del SMU, del sindicato entendido como gremio.

Está constituido por diez cargos, “Unidad para el cambio”, que es el resultado de la unión entre Fosalba y Convocatoria, los sectores tradicionales que gobernaron el SMU, obtuvo tres cargos. “Unión Gremial Médica”, que responde a los partidos tradicionales obtuvo tres cargos, “Trabajadores médicos” dos cargos y después quedarían otros dos cargos que serían, uno para “Recambio” -que también está asociado a Fosalba y los sectores de izquierda- y otro para “Avanzar”, propuesta que se ubica más vinculada a los partidos tradicionales.

Este resultado, medido en porcentajes de votación, adjudicó a la primera fuerza aproximadamente un 25% de los votos, un 20 % s la segunda fuerza, mientras que la tercera fuerza rondaría el 15% de los votos, lo cual para una fuerza recién surgida en estas elecciones, con una propuesta original y de cambio real, no es poca cosa opinó el Dr. Cladera, resaltando el hecho de que es tan buena la votación, que determinó que prácticamente en todos los niveles haya “una persona de nuestra agrupación. En la junta para el CASMU está la doctora Raquel Barrón, en el Tribunal Arbitral el doctor Francisco Cóppola, el doctor Carlos Boccardo en Comisión Fiscal, en Colonia de Vacaciones la doctora Fania Barg y en el Fondo de Solidaridad, el doctor Fernando Rodriguez Magano”.

“Hay médicos y médicos”

Con respecto al trabajo que desarrollará la agrupación a partir del nuevo mapa que se creara en el SMU, el Dr. Cladera manifestó que “vamos a trabajar dentro de nuestro programa, y dentro de él trataremos de lograr todos los acuerdos que podamos. Y si bien desde el punto de vista global somos una minoría, el equilibrio de fuerzas es muy relativo por lo que nosotros, al ser una tercera fuerza, pienso que tenemos que llevar la delantera en muchas propuestas, fundamentalmente para democratizar nuestro sindicato, hacerlo más representativo, más clasista, y poder trabajar con la clase de los trabajadores médicos y no con grupos de poder dentro de la medicina que tanto se le critica”.

Cladera se manifestó proclive a superar los “vicios de forma” existentes, mediante lo que podría ser un tribunal arbitral o una correcta investigación administrativa a nivel de los organismos, para que ese médico que no está representado dentro del SMU hoy en día, pueda estarlo.

Porque aunque cueste creerlo hay médicos que van a trabajar caminando porque no tienen plata para el boleto, pese a que la imagen más común que tiene la gente es que ganan muchísima plata en dólares. Pero hay médicos y médicos. Incluso han habido contratos por $18 la hora, lo que implica que esa gente hace 300 kilómetros más o menos para ir a ganar $ 400 en la guardia.

Otro tema que el Dr. San Vicente consideró que la población debe conocer perfectamente, es que hay un importante sector médico que hoy por hoy puede decirse que está absolutamente proletarizado y sub proletarizado donde luego de culminar una carrera tan exigente como medicina, el resultado es que se obtienen sueldos menores a $4.000 por mes, en lo que claramente puede definirse como desocupación o subocupación.

Reclamo salarial

Esta situación, destacó el Dr. San Vicente, “debemos consignarla porque precisamente esos magros sueldos generan también magras situaciones de relación laboral, prestándose a todo tipo de presiones, discriminación y cesación de derechos.
Por eso nosotros hemos establecido una bandera muy sentida de un salario médico mínimo, que hemos estimado para este año en $ 12.000 y para el próximo presupuesto en $ 20.000, sin menoscabo de la posterior igualación públicoprivado destacando un concepto fundamental que está contenido en la declaración universal de los derechos humanos, es decir algo tan simple y básico como: a igual función igual remuneración. Hay que destacar dos o tres elementos también en cuanto a la calidad de la relación laboral, condenamos y vamos a luchar en todos los frentes contra la flexibilización laboral, este pergenio neoliberal que lo que ha hecho es condenar a la miseria y a la ignominia y a la cesación de derechos a un contingente muy importante de personas y criticamos la
tercerización de servicios, porque en el fondo lleva a que los balances de las empresas no den y si no le dan a la empresa, no le dan al trabajador y al único que le dan es al privado que brinda el servicio. Por último y como concepto genérico también nosotros vamos a exigir en todos los planos auditorías contables precisas que alejen el fantasma de la corrupción en todos los frentes”.

Sobre los montos mínimos que solicitarán como salarios, explicaron que están directamente vinculados a la canasta básica que se sitúa en el orden de los $ 24.000, por lo que aún en el mejor de los casos, la suma más alta queda por debajo de esta cifra.

Por eso nosotros hemos establecido una bandera muy sentida de un salario médico mínimo, que hemos estimado para este año en $ 12.000 y para el próximo presupuesto en $ 20.000, sin menoscabo de la posterior igualación público-privado destacando un concepto con el Ministerio, éste no la reconoce como tal, quedando catalogada como actividad privada, lo cual a veces hace que se vea un recibo de sueldo por una cantidad abultada, pero sucede que de allí se le sacan 5, 6 ó 7 mil pesos para pagar la caja profesional, montos estos que están calculados en base a fictos propios de otras épocas o de otras profesiones que no son la medicina. Sin embargo, continuó, para un médico no pagar la caja profesional significa la muerte de ese médico a nivel de toda actividad privada, porque no puede extender un certificado médico si no está al día con el aporte.

Extraído de LA JUVENTUD, 5 de Junio de 2005, página 16.