Tribuna de los Trabajadores

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas acaba de dictaminar que la detención en los Estados Unidos de los cinco ciudadanos cubanos acusados de espionaje es “arbitraria” y “viola la ley internacional”. Durante el juicio en que fueron condenados, no se les permitió ni a los acusados ni a sus defensores el acceso a las evidencias en su contra.

El Grupo de Trabajo es una de las secciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, precisamente el mismo organismo al cual recurre cada año Estados Unidos para imponer sus resoluciones contra Cuba. Un vocero no identificado del Departamento de Estado norteamericano declaró, en forma oficial, que Estados Unidos desconocerá el fallo y que los cinco cubanos continuarán cumpliendo sus condenas.

Los cinco ciudadanos cubanos habían llegado a comienzos de los años ‘90 a Miami, para infiltrarse en organizaciones gusanas que promueven actos terroristas contra Cuba, y advertir de ello al gobierno cubano.

Los detenidos reconocieron haber infiltrado organizaciones privadas pero negaron cualquier intento de espiar cualquier institución estatal norteamericana. Esto fue confirmado en el juicio por las propias autoridades militares norteamericanas, que declararon bajo juramento que los acusados no buscaban obtener información del gobierno ni de fuentes militares norteamericanas, y que ninguna de las informaciones que enviaron a Cuba estaban “clasificadas”. Pese a ello, fueron juzgados por atentar contra la “seguridad nacional”.

No hace mucho, el Pentágono reconoció que tiene “equipos encubiertos” operando en más de una decena de países (incluido, con toda seguridad, Cuba). Además, protege a notorios terroristas anticubanos, como Luis Posada Carriles, que ha reconocido su responsabilidad en la voladura de una nave de la estatal Cubana de Aviación en Caracas, que mató a más de 70 pasajeros.

El juicio contra los cinco cubanos fue un verdadero linchamiento judicial. El organismo de la ONU certifica que no se les dio acceso a las acusaciones en su contra.

Extraido de Prensa Obrera

LOURDES VITABAR - PATRICIA MONTERO

A principios de julio, cuando tuvo lugar el tercer pago del Ingreso Ciudadano, los datos oficiales daban cuenta de que 125.324 hogares se habían inscripto desde el 1 de abril como aspirantes a ingresar al Panes.

Según datos de la Facultad de Ciencias Sociales, en el mismo período se realizaron 23 mil visitas que reportaron el ingreso de 11.994 hogares.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ha señalado que el sistema informático del Banco de Previsión Social ha diagnosticado que de los más de 125 mil hogares inscriptos 80 mil se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Sin embargo, el encontrarse por debajo de la línea de pobreza muchas veces es insuficiente para ingresar al Panes, ya que éste está dirigido a las 40 o 45 mil familias que, según el Instituto Nacional de Estadística, viven en condiciones de pobreza extrema, es decir en la indigencia.

En datos fríos, recogidos en la ley de creación del Panes, esto significa que los destinatarios del Plan son aquellas familias que por cabeza ganen menos de 1.300 pesos.

Este ha sido el motivo principal por el que muchos de los hogares visitados, y luego de que sus condiciones de vida fueron analizadas por la paramétrica del sistema informático del Mides, no ingresaron al Panes. Estaban por encima del "nivel crítico" de pobreza.

Las autoridades del Panes han indicado que una parte importante de los casos rechazados apenas superan el ingreso por integrante del hogar que marca la ley, lo que ha llevado a que familias que por una diferencia de 100 pesos por cabeza, queden fuera del Plan. Es a lo que se ha referido con pesar la ministra Arismendi diciendo: "Nos vemos obligados a elegir entre pobres".

Empero, la secretaria de Estado ha subrayado que estas situaciones que rayan en la emergencia serán atendidas por las políticas sociales que desde el gobierno se están instrumentando, especialmente para fomentar el empleo.

No vale repetir

Por otra parte, la verificación de los formularios reveló inconvenientes que las autoridades atribuyen a la desinformación de los interesados en ingresar al Panes, o a la desesperación de no quedar afuera.

En tal sentido se encontraron 3.000 inscripciones repetidas, originadas por la descoordinación entre los jefes del hogar que concurrieron a las oficinas del BPS sin consultarse previamente.

A la vez, fueron hallados más de 5.000 formularios que mezclan datos de varias familias. Estos reciben el mote de "solapados", y en su mayoría corresponden a varios hogares que comparten un mismo techo.

Los equipos de verificación han encontrado hasta diez hogares que comparten una sola casa. ¿Cómo se explica esto? En realidad es bastante sencillo; la definición de hogar que utiliza el Panes supone que éste es el conjunto de personas que comparten una olla, es decir un grupo que se procura alimentación a partir de los mismos recursos económicos.

La "viveza criolla", capitalina y no tanto

Más allá de las situaciones antes mencionadas, se descubrió un sector de inscriptos inspirados en la vieja "viveza criolla", o acostumbrados a décadas de "repartijas", dejan por tierra la tan mentada solidaridad de los uruguayos.

La comprobación de estas irregularidades en la inscripción fue posible a través de las herramientas informáticas que al cruzar los datos de aportes a la seguridad social, o por el simple hecho de que un nombre ya aparezca en la base de datos, hace un llamado de atención a los funcionarios del Mides.

En este grupo se han encontrado con personas que poseen bienes inmuebles en varios departamentos, patrimonio que han utilizado para fijar su residencia en cada uno de ellos y registrarse como aspirante al Panes en esas localidades.

La posesión de una casa no significa el rechazo de la solicitud, pero la tenencia de varias motivó a que desde el Mides se recomendara a esas personas que intenten arrendar sus propiedades.

Los funcionarios encargados de la verificación también se encontraron con casos como el de una pareja de jubilados cuyos ingresos superaban los 18 mil pesos, que creían merecer los beneficios de los programas de Panes.

Entre muchos casos como éste, detectados en todo el país, otro de los que resaltó fue el de una señora, ama de casa, que no tenía ingresos propios, pero su esposo era dueño de un importante comercio de la capital.

Asimismo, los estudiantes de la escuela de Formación Docente, del Instituto Superior de Educación Física y los funcionarios municipales de Paysandú que trabajan los fines de semana desarrollando en el departamento un intenso relevamiento de los hogares inscritos para el plan Panes, pudieron constatar hechos similares.

Si bien el trabajo se realiza con mucha voluntad, el personal sigue siendo escaso en relación a la cantidad de inscriptos, por lo que se torna algo lento. Si bien recién se ha visitado el 60% de los hogares inscriptos, la tendencia manifiesta que la mitad de las familias que pretenden ser acogidas por este plan no reúnen los requisitos necesarios.

"Mucha gente ha solicitado ingresar al Panes y por ley no le corresponde, ya que sus ingresos son superiores a los que se exige para ser contemplados por el mismo", dijo el psiquiatra Onetto.

El profesional agregó que ello demuestra que el 50% de los inscriptos no reúne la condiciones solicitadas por el Mides.

Ganar sin saber

A cuatro meses de abiertas las inscripciones el ritmo de recepción de formularios ha decaído, pero no ha cesado por completo.

Al tiempo que se han constatado las irregularidades mencionadas, tanto desde el Mides como desde el BPS, se asegura que un porcentaje importante de personas que realmente requieren de los programas del Panes, aún no se ha inscripto. En algunos casos por falta de medios para trasladarse a las dependencias del BPS, y en otros, en la mayoría, por desconocer sus derechos a ser incluidos.

Estas situaciones también fueron percibidas por quienes realizan las visitas a los hogares, que se han encontrado con personas que al ser consultadas respecto a por qué no se anotaron responden: "¿Para qué? Si yo nunca gano nada", como si se tratara de un sorteo.

La ignorancia de la existencia del Panes por parte de quienes son sus principales destinatarios ha sido ejemplificada en reiteradas oportunidades por Arismendi, mediante el ejemplo de los habitantes de un asentamiento del oeste de Montevideo que en el mes de abril desconocían que en octubre de 2004 había tenido lugar un acto eleccionario y que en marzo de 2005 se había producido un cambio de gobierno.

LA REPÚBLICA

Las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente informaron a la Mesa Política del Frente Amplio que se realizará un estudio de los niveles de contaminación del Río Uruguay, para poder compararlo con los resultados de los controles que se realizarán una vez que se instalen las plantas de celulosa.

Esta tarea estará a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

En la reunión estuvieron presentes el ministro Mariano Arana, la directora de Medio ambiente, Alicia Torres, y el director de Ordenamiento Territorial, Roberto Villarmarzo. Estos explicaron que se está ante dos inversiones. Una es la española Ence, con 500 millones de dólares, generando 300 puestos de trabajo en la parte operativa, y la otra es la de Botnia, mil millones de dólares, que también aportará 300 puestos de trabajo permanentes. Durante la construcción de las plantas "serán miles los puestos de trabajo", acotó Arana.

El control del impacto ambiental por parte del Estado uruguayo de estos dos emprendimientos tendrá el aporte de la comisión binacional con Argentina. También estarán a cargo del control las dos empresas y por parte de técnicos del gobierno de Finlandia. Las autoridades ministeriales aseguraron que "las plantas en materia ambiental no son inocuas", pero que los niveles de contaminación que generan no son muy distintos a los que produce, por ejemplo, el turismo.

A la vez se dijo que los trabajos de remoción de tierra y de construcción llevarán dos años, por eso las empresas estarán operativas en 2007. A pesar de las críticas del 20 de Mayo y de la Corriente de Izquierda quedó claro que "el gobierno sigue para delante", dijo el senador socialista Manuel Núñez.

Ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros con el presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, destacó que la empresa papelera Ence, de capitales españoles, se comprometió a implementar, cuando su planta de Fray Bentos comience a funcionar, las exigencias de calidad y salubridad que la Unión Europea exigirá a partir del año 2007 a todas las plantas de celulosa del viejo continente.

Arana dijo que durante su visita a España, uno de los máximos responsables de la empresa Ence le aseguró que la papelera funcionará con los máximos niveles de calidad. El ministro de Vivienda y Medio Ambiente dijo que dicho factor "llevará tranquilidad a los vecinos del departamento de Río Negro, de los departamentos aledaños y de los ciudadanos argentinos", observó.

Arana señaló que "la previsibilidad para los controles (medioambientales)" será una garantía y luego ratificó que "a aquellas empresas que no cumplan con las normas de salubridad exigidas se les suspenderá su funcionamiento", remarcó.

El secretario de Estado sostuvo que en los próximos días habrá de ser convocada la comisión mixta uruguayo-argentina para analizar todo lo vinculado a la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos.

Extraido de La República.

La Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE), una de las dos papeleras que pretenden instalarse en Uruguay y es resistida por la Argentina por los posibles daños ambientales que podría causar en la ciudad de Gualeguaychú, ya fue condenada hace tres años en España por "delito ecológico continuado", según informa la agencia DyN.

De acuerdo a la misma fuente, que cita a informantes españoles, en 2002, la Audiencia Provincial de Galicia juzgó a los directivos de ENCE y a los miembros de la comisión sindical de la compañía -todos los cuáles tenían pedido de prisión por la querella- y los condenó sin mandarlos a la cárcel.

La fábrica de ENCE está instalada desde 1957 en una ría de Pontevedra, una de las provincias gallegas. Según estableció la Justicia española contaminó las aguas marinas y el aire con distintos vertidos industriales y emanaciones tóxicas para la fauna y la flora.

Por eso el proyecto de ENCE es quitar parte de su industria de la ría de Pontevedra y trasladarla a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, ya que además debe desmantelar las instalaciones antes de 2018 por imperativo de la española Ley de Costas aprobada en 1988 por las Cortes, en Madrid.

De cara a esa relocalización, en 2002 ENCE suscribió un acuerdo de inversión con el Gobierno uruguayo, cuyo titular ahora es el presidente Tabaré Vázquez, quien defiende las obras con el argumento de que es la mayor inversión extranjera en la historia del país y que dará trabajo de forma directa e indirecta a miles de fraybentinos.

Pero el Gobierno argentino, especialmente el de la provincia de Entre Ríos y los vecinos de Gualeguaychú, vienen oponiéndose a la instalación de ENCE y de otra industria, que pertenece a la finlandesa FOTNIA.

Incluso el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunció que presentaría "una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en defensa de la vida, la salud y en rechazo a la alteración del ecosistema".

En tanto, el conjunto de los vecinos convocados en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dijeron que presentarán un recurso de amparo ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

Ayer grupos ecologistas y de vecinos cortaron la ruta nacional 136 que finaliza en el puente internacional General San Martín, que une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, provocando fuertes atascamientos de vehículos.

El viernes pasado, los cancilleres de Argentina y Uruguay, Rafael Bielsa y Rolando Gargano, acordaron una tregua en el conflicto y reimpulsarán una comisión binacional de especialistas en impacto ambiental. Ya el pasado mes de mayo, Vázquez y el presidente Néstor Kirchner, se comprometieron a lo mismo y la comisión nunca funcionó.

En Uruguay, el fiscal Enrique Viana puso en marcha una denuncia penal contra el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, acusándolo de ocultar información sobre el impacto ecológico que acarrearía la implantación de la industria de celulosa en el entorno.

Extraído de Clarín

Estos son los represores del Filtro

Juan Miguel Rolán

En el Filtro:

Teniente primero al frente de un grupo de quince coraceros a pie.
Procesado y condenado por el juez Imas como responsable de ataques a la población civil, castigándola con palos gases y granadas químicas.

Hoy por disposición del actual gobierno:

Ascendido a Segundo del regimiento de la guardia Republicana. Bajo esta unidad funciona la guardia de coraceros y de granaderos.
Rolán declaró ante la justicia buscando eximir su responsabilidad de los hechos del Filtro, alegando “su imposibilidad de ejercer control sobre 15 policías”. Hoy esta a cargo de la guardia de Coraceros y Granaderos en Montevideo.


Raúl Guarino
En el Filtro:

Segundo jefe, subordinado Rolán. Comandó el cuerpo denominado Hipo, de coraceros a caballo que avanzó sobre los manifestantes. La justicia comprobó que el fue quien ordenó el lanzamiento de dos granadas. Una de ellas dentro de un local de emergencia móvil. Las granadas fueron lanzadas, a pesar de que había orden expresa de la jefatura de Montevideo en cuanto a que no se usaran “armas químicas”.

Hoy por disposición del actual gobierno:

Ascendido a director de seguridad de Montevideo, o sea Jefe de las 24 Comisarías del país.


Erode Ruiz

En el Filtro:

Comisario, al frente de seccional 23ª. Al frente de la seguridad exterior del hospital Filtro, con 20 hombres a cargo. Comandó junto con Martín Gutiérrez el convoy compuesto por ambulancias, patrulleros sin matricula y otros vehículos que irrumpió entre a multitud comenzando a disparar a mansalva contra los manifestantes.

Hoy por disposición del actual gobierno:

Fue designado al frente de la Jefatura de Policía de Lavalleja, cuyo subjefe (Adán Cuello) posee un antecedente penal en democracia por castigos aplicados a un detenido.

Compañeros/as:

El próximo 24 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Jacinto Vera. A 11 años de la esa brutal represión acontecida en plena democracia, nos encontramos con que no solo los responsables siguen impunes, sino que además hoy 3 de los únicos 4 procesados por su responsabilidad en los hechos han sido ascendidos.

Frente a este panorama quienes integramos la Plenaria Memoria y Justicia, convencidos de la importancia que tiene la coordinación en este tipo de actividades, volvemos a convocar a una mesa de trabajo por el Filtro.

Para que esta actividad salga adelante es muy importante su participación

La primera mesa de trabajo por los 11 años del Filtro se esta citando para el día 6 de Agosto a las 20 horas en el SUATT.

Extraído de Indymedia Uruguay

Representantes de agrupaciones frenteamplistas continúan observando con escepticismo la marcha del Plan de Emergencia, el "buque insignia" de este gobierno, al decir del presidente Tabaré Vázquez, al punto tal que en la reunión del jueves 21, en la que participaron los delegados de las listas junto a los ocho intendentes de izquierda, se consideró que el plan "ya fracasó", por más esfuerzos que se hagan para evitarlo.

La semana pasada, la ministra de Desarrollo Social (MDS), Marina Arismendi, participó en el Palacio Legislativo de un encuentro con la Agrupación Parlamentaria oficialista donde se deslizaron algunas críticas de tono subido a la marcha del Plan.

El diálogo mantenido por los senadores del grupo llamado "cabezas de lista" del Frente transcurrió en la sede central frenteamplista. En esa ocasión, tras las apreciaciones severas sobre los resultados del Plan, el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) defendió la gestión de la ministra en forma enfática, refutando a su vez varias informaciones de prensa donde se manejó que aparentemente no se quería colaborar con las intendencias.

Al respecto, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa anunció ayer a El Espectador que la ministra Arismendi y los intendentes acordaron el comienzo de la implementación de un plan de acción conjunto.

Nin Novoa reconoció que hay cierto atraso en la instrumentación del plan debido a la falta de funcionarios. "Sabemos que está lento y que las demandas de la gente son muy acuciantes. Pero también es verdad que si nosotros no delimitamos con el máximo grado de precisión la diferencia entre el indigente y el pobre, hay mucha gente que puede ser perjudicada. Eso requiere un trabajo fino, muy concienzudo, pero no tengo ninguna duda de que el Plan de Emergencia está caminando", dijo.

MAS AYUDA. En otro momento del encuentro con los llamados "cabezas de lista", los senadores se manifestaron a favor de que se sumen a las tareas de verificación los funcionarios de las Intendencias de Canelones y Maldonado, mientras se anunció que se han concretado avances con el sindicato de bancarios AEBU para facilitar un acuerdo que permita a cientos de bancarios en el seguro de paro colaborar con las tareas de recolección de información del Plan de Emergencia.

La semana anterior, los ocho intendentes del Encuentro Progresista se reunieron con Nin Novoa para solicitar además una serie de medidas legislativas.

Los jefes comunales trasmitieron al vicepresidente su disposición de colaborar con el Plan, en particular para poder acelerar posibles "retrasos" en el mismo.

En ese sentido, luego de ese encuentro, Nin Novoa, el senador Lorier y el intendente de Rocha, Artigas Barrios, concurrieron a reunirse con la ministra de Desarrollo Social para transmitir la disposición de los jefes comunales a colaborar con el Plan de Emergencia y otros programas de esa secretaría de Estado.

El pasado jueves, a su vez, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Desarrollo Social señaló que el pasado martes se reunió con delegados de los municipios a los efectos de evaluar acciones conjuntas en la instrumentación del Panes.

Este intercambio se dio, principalmente, en lo que refiere al programa Trabajo por Uruguay, donde las Intendencias han ofrecido su apoyo para que los beneficiarios realicen distintas tareas de barrido y acondicionamiento de espacios verdes.

Cuando las tropas de las Naciones Unidas matan residentes del barrio bajo haitiano, Cité Soleil, los amigos y los familiares muchas veces colocan fotografías del exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide sobre los cuerpos. Las fotografías silenciosamente insisten en que hay un método en la locura imperante en Port-au-Prince. Los haitianos pobres son asesinados no por ser "violentos", como tan seguido escuchamos, sino por ser militantes; por atreverse a demandar el regreso de su presidente electo.

Hace tan sólo 10 años, el presidente Bill Clinton celebró el regreso de Aristide al poder como "el triunfo de la libertad sobre el miedo". ¿Qué cambió? ¿La corrupción? ¿La violencia? ¿El fraude? Aristide definitivamente no es ningún santo. Pero aunque los peores argumentos fueran ciertos, palidecen ante los historiales de los asesinos convictos, los narcotraficantes y los traficantes de armas que sacaron a Aristide y continúan a rienda suelta, con el apoyo total de la administración de George W. Bush y de la ONU. Entregar Haití a esta pandilla de los bajos mundos por estar preocupados ante la falta de "buen gobierno" de Aristide es como escapar de una cita molesta aceptando que te dé un aventón Charles Manson.

Hace unas semanas visité a Aristide en Pretoria, Sudáfrica, donde vive su exilio forzado. Le pregunté qué era lo que realmente estaba detrás de su dramático rompimiento con Washington. Ofreció una explicación que rara vez se escucha en las discusiones de la política haitiana ­de hecho, ofreció tres: "privatización, privatización, privatización".

Dos más dos son cuatro

La disputa se remonta a una serie de reuniones a principios de 1994, un momento crucial en la historia de Haití que Aristide pocas veces ha discutido. Los haitianos vivían bajo el mandato bárbaro de Raoul Cédras, quien derrocó a Aristide mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Aristide estaba en Washington y, a pesar de los llamados populares a que regresara, no había manera de que derrotara a la junta sin respaldo militar. Cada vez más avergonzada por los abusos de Cédras, la administración de Clinton le ofreció a Aristide un trato: las tropas estadunidenses lo llevarían de regreso a Haití ­pero sólo después de que estuviera de acuerdo con un programa económico radical con la meta explícita de "substancialmente transformar sustantivamente la naturaleza del Estado haitiano".

Aristide acordó pagar las deudas acumuladas bajo las dictaduras cleptocráticas de los Duvalier, reducir el número de servidores públicos, abrir Haití al "libre comercio" y recortar las tarifas de importación del arroz y del maíz a la mitad. Era un pésimo acuerdo, pero, dice Aristide, tenía pocas opciones. "Estaba fuera de mi país y mi país era el más pobre del hemisferio occidental, así que, ¿qué tipo de poder tenía entonces?"

Pero los negociadores de Washington demandaron de Aristide algo que no podía aceptar: la venta inmediata de las empresas estatales de Haití, incluyendo la telefonía y electricidad. Aristide argumentó que la privatización no regulada transformaría a los monopolios estatales en oligopolios privados, incrementaría la riqueza de la elite de Haití y quitaría a los pobres la riqueza nacional. Dijo que la propuesta simplemente no tenía sentido: "Ser honesto significa decir que dos más dos son cuatro. Ellos querían que cantáramos que dos más dos eran cinco".

Aristide les propuso un acuerdo: en vez de vender las empresas tal cual, las "democratizaría". Esto lo definió como escribir una legislación antimonopólica, asegurándose que las ganancias de las ventas serían redistribuidas entre los pobres y permitiendo que los trabajadores se convirtiesen en accionistas. Washington cedió, y el texto final del acuerdo ­aceptado por Estados Unidos y por una junta de naciones donantes en París­ llamó a la "democratización" de las empresas estatales.

Pero cuando Aristide comenzó a llevar a cabo el plan, resultó que los financieros en Washington pensaban que su discurso de democratización era sólo relaciones públicas. Cuando Aristide anunció que no se podía llevar a cabo ninguna venta hasta que el Parlamento aprobara nuevas leyes, Washington gritó que se había cometido una falta. Aristide dice que en ese momento se dio cuenta de que lo que se intentaba era un "golpe económico". "La agenda oculta era, ya que estuviera de vuelta, atarme las manos y hacer que entregara a cambio de nada todas las empresas públicas estatales". Amenazó con arrestar a cualquiera que siguiera con las privatizaciones. "Washington estaba muy enojado conmigo. Dijeron que no cumplía con mi palabra, cuando fueron ellos los que no cumplieron con nuestra política económica común".

Desde entonces, la relación de Aristide con Washington ha empeorado: mientras recortaron más de 500 millones de dólares de préstamos prometidos y ayuda, y con ello ahogaron a su gobierno, USAID derramó millones a las arcas de los grupos opositores, lo cual culminó en el golpe de Estado de febrero de 2004.

Y la guerra continúa. El pasado 23 de junio, Roger Noriega, secretario de Estado adjunto en Asuntos del Hemisferio Occidental, llamó a que las tropas de la ONU tuvieran un "papel" más "proactivo" en perseguir a las bandas armadas pro-Aristide. En la práctica, implicó una ola de castigo colectivo, al estilo Fallujah, infligida a los barrios reconocidos como seguidores de Aristide. El 6 de julio, por ejemplo, 300 tropas de las Naciones Unidas entraron a Cité Soleil, bloquearon las salidas y dispararon desde vehículos blindados. La ONU admite que murieron cinco, pero los residentes cuentan no menos de 20 muertos. El corresponsal de Reuters, Joseph Guyler Delva, dice que vio "siete cuerpos tan sólo en una casa, incluyendo a dos bebés y a una mujer mayor, de unos sesenta y pico años". Ali Besnaci, encargado de Médecins Sans Frontières, en Haití, confirmó que el día del asalto, 27 personas llegaron a la clínica de MSF con heridas de bala, 75% mujeres y niños.

A pesar de estos ataques, los haitianos todavía están en las calles, rechazando la farsa de elecciones planeadas, oponiéndose a la privatización y mostrando fotografías de su presidente. Y de la misma manera en que los expertos de Washington no alcanzaban a comprender la posibilidad de que Aristide rechazara sus consejos hace una década, hoy no pueden aceptar que sus seguidores pobres puedan actuar por decisión propia ­seguramente Aristide los controla a través de algún misterioso arte vudú. "Creemos que su gente recibe instrucciones directamente de su voz e indirectamente a través de sus acólitos, que se comunican personalmente con él en Sudáfrica", dijo Noriega.

Aristide asegura no tener tales poderes. "La gente es lista, la gente es inteligente, la gente es valiente", dice. Saben que dos más dos no son cinco.

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Naomi Klein es autora de No Logo y Vallas y ventanas.

(Aaron Maté ayudó en la investigación. Traducción: Tania Molina Ramírez.
Este texto fue publicado en The Nation.)


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HAITÍ, LOS NÚMEROS DE UN PAÍS-TRAGEDIA


• Población: 8 millones 121 mil 622 habitantes.

• Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental.

• Expectativa de vida: 52.92 años.

• Personas con VIH/Sida: 280 mil (cifra estimada de 2003).

• Muertes por VIH/Sida: 24 mil (estimado de 2003).

• Número de muertos a causa de la tormenta tropical Jeanne, en septiembre de 2004: 3 mil 6.

• Tasa real de crecimiento del PIB: -3.5% (estimado de 2004).

• Dos terceras partes de los haitianos dependen del sector agrícola, sobre todo de agricultura de subsistencia.

• Población por debajo de la línea de pobreza: 80% (estimado de 2003)

• Lugar que ocupa en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas: 150, de 175 países.

• Bienes de exportación: manufacturas, café, aceites, cacao y mangos.

• Países a los que exporta: 81.8% a Estados Unidos, 7.2% a República Dominicana, 4.2% a Canadá (cifras de 2004).

• Deuda externa: 1.2 mil millones de dólares (estimado del 2004).

• Ayuda económica: 150 millones de dólares (estimado para 2004).

• Gasto militar: 26 millones de dólares (2003).

• Número de personal uniformado de la misión de paz de la ONU, desde 2004: 7 mil 495.

• Haití se ha vuelto uno de los puntos favoritos en el Caribe de embarque/desembarque, de cocaína rumbo a Estados Unidos y Europa, y de lavado de dinero.

• 1915: invasión estadunidense. Duró 19 años. El mandato de la ocupación era "proteger los intereses estadunidenses y extranjeros".

La rebelión contra la invasión se mantuvo desde un principio.

La constitución (escrita por el subsecretario Naval estadunidense Franklin D. Roosevelt), aprobada en 1918, permitía que los extranjeros adquirieran tierra.

• Rebelión en 1918. Murieron cerca de 2 mil ciudadanos haitianos.

• Estados Unidos se retiró del país en 1934.

• Francois Duvalier, "Papa Doc", derrocó a un recién elegido presidente (llevaba menos de un mes en el poder) en 1957. Comienzo de una dinastía de 29 años. Murió en 1971 y su hijo, Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc"), tomó el poder a la edad de 19.

• Baby Doc y su esposa huyeron del país en 1986, debido a las tensiones sociales. Un consejo lo reemplazó.

• Estados Unidos instaló un régimen militar. Iba a ser temporal pero se quedó hasta 1990.

• 1990: Jean-Bertrand Aristide es electo presidente.

• 30 de septiembre de 1991: golpe de Estado. Aristide regresa a la presidencia en 1994.

• Aristide ganó las elecciones de 2000. En 2004 salió del país en un exilio forzado.

(Fuentes: CIA Factsbook y Wikipedia.)


Extraído de Rebelion

El viceministro de Economía, Mario Bergara, el jefe de Macroeconomía, Fernando Lorenzo y Pedro Buonomo, asesor de la cartera, disertaron en AEBU ante un grupo de bancarios.

Según El Observador, Bergara aseguró que en el caso de UTE, Ancap y Antel “no está planteado que el Estado tenga una minoría accionaria” en el caso que se decida su asociación. Sin embargo, recordó que el Nuevo Banco Comercial (NBC) será vendido en su totalidad.

Sobre AFE, Buonomo informó que se está manejando la posibilidad de hacer una gran empresa asociada con privados, “sea con el 49% o el 51%” de las acciones.

Para Lorenzo, no hay que mirar el problema de la participación de privados en una inversión por el porcentaje. “Hay que medirlo por lo que produce el país.. si genera trabajo y mejores condiciones...Esas son las condiciones y no si la participación es del 25, 45 o 75 %”, agregó.

Esta mañana, Carlos Coitiño, dirigente frenteamplista del PVP e integrante de la Comisión de Defensa del Patrimonio, aclaró que esas posiciones “son absolutamente personales” y que no fueron analizadas en la interna de la coalición.

“Son opiniones absolutamente a título personal y no tienen, de parte de la fuerza política, ninguna posición previa. El posicionamiento de la fuerza política es (no de rechazo a una asociación con capitales privados) pero indefinida en cuanto a la forma de participación de esos capitales privados que se asocian con las actividades del Estado”, sostuvo.

Contrariamente a lo que opina Lorenzo, Coitiño dijo que el grado de participación que el Estado debe tener en una eventual asociación es un tema bien importante. “El tema de la participación en el capital es un tema tremendamente trascendente, porque la mayoría de la integración del capital trae consigo el poder de decisión de la empresa, de la gestión. Es un tema bien importante, que hace a la línea que tenemos en materia del papel de las empresas del estado. No queremos de ninguna manera convertirlas a un funcionamiento con reglas de empresas privadas”, agregó.

El dirigente frenteamplista argumentó por qué el Estado debería mantener siempre el control accionario de las empresas: “El Estado tiene un problema a resolver en cuanto a la constitución de la sociedad. Y el papel y la gestión de la actividad del Estado determina criterios que son distintos a (aquellos con ) los que se conduce una empresa privada; cuyo exclusivo fin es de lucro y por lo tanto la sensibilidad social no es tomada en cuenta”.

Extraido de espectador.com

Dos de las principales figuras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –el subsecretario, Mario Bergara, y el jefe de la Asesoría Macroeconómica y Financiera, Fernando Lorenzo– y un asesor de esa secretaría de Estado, Pedro Buonomo, defendieron a cal y canto la posibilidad de que el gobierno de izquierda asocie las empresas públicas con capitales privados, y no descartaron que el Estado ceda la mayoría accionaría de las sociedades que se creen.

En una charla que brindaron el viernes por la noche en el teatro de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) ante trabajadores de la banca, Bergara y Lorenzo describieron en tono crítico la herencia que dejaron los anteriores gobiernos y describieron a grandes trazos los planes económicos y sociales de la nueva administración frenteamplista. Bergara sintetizó que la izquierda “heredó un país con dos bolas de hierro colgando de los pies que son la deuda pública y las relaciones con los organismos internacionales de crédito”.

“Nos encontramos con un aparato productivo con agujeros por todos lados, con un sistema de ingresos y gastos del Estado que nos llevará tiempo entender, nos encontramos con un sistema financiero partido por la mitad y con formas de hacer y de apropiarse de la cosa pública que la izquierda siempre denunció”, sostuvo el subsecretario.

Tras la exposición de Bergara, se abrió paso a preguntas del público y uno de los presentes interrogó por la opinión del gobierno sobre la asociación de empresas públicas con privados, en especial sobre el porcentaje de las acciones que está dispuesto a conceder. “Si me preguntan si queremos privatizar las empresas públicas, respondería que no”, dijo Bergara. “Queremos asociar algunas para que puedan operar mejor. Decididamente sí. Pero todas no”, acotó el jerarca.

Un bancario consultó luego sobre una supuesta disposición del MEF a que el Estado conceda el 51% de las acciones de las sociedades que surjan de la asociación de empresas públicas con privados. Bergara dijo que esa afirmación “no salió” del MEF y afirmó que “estas cosas se analizan caso a caso”. Sostuvo que en el caso de PLUNA “el gobierno entiende” que “si es posible tener un socio con el 49% del capital accionario y eso garantiza la posibilidad de crecer como empresa, está a favor".

Al referirse al caso concreto de ANCAP, el subsecretario del MEF sostuvo que “antes y después” del referéndum que en 2003 derogó la posibilidad que el ente se asocie con privados, y “antes y después de las elecciones” el EP-FA “planteó que compartía la necesidad de que ANCAP tuviera un socio”. Afirmó que la “posición del gobierno es de pragmatismo” y sostuvo que “las formas de asociación serán claras”. Bergara aseguró que en el caso de UTE, ANTEL y ANCAP “no está planteado" que el Estado tenga una minoría accionaria en el caso de que decida asociarlas con capitales privados. “Pero en el caso del Nuevo Banco Comercial no es el 51% (lo que se va a vender) sino el 100%”, acotó.

Buonomo dijo que en el caso de AFE se está manejando la posibilidad hacer “una gran empresa” de carga asociada con privados. “La participación de AFE en esa asociación, ya sea en un 51% o un 49% hay que analizarla para ese caso específico”, sostuvo.

Luego tomó la palabra Lorenzo y expresó que “no todas las asociaciones público-privadas han funcionado “mal” y que en el caso de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo dio un buen resultado. Dijo que la participación privada hay que analizarla en el contexto de “la necesidad de inversión y en la posibilidad que tiene el Estado para poder llevarla adelante solo”.

“No podemos mirar el problema de la participación de privados en una inversión por el porcentaje”, dijo. “Hay que medirlo por lo que produce el país, si genera trabajo y mejores condiciones para que fluyan los productos del país y a los menores costos posibles. Esa es la condición y no el porcentaje de participación de 25%, 45%, o 75%”, expresó.

“Si lo pudiéramos hacer solos lo haríamos, pero si vemos que hay que hacerlo y no lo podemos hacer solos lo vamos a hacer. Cuando hablamos de procesos transparentes y técnicamente sólidos de selección de ese socio o inversor no estamos hablando de su linda cara o elegir su reputación, sino cuánto dinero efectivamente invierte”, reflexionó.

“Que hayan habido malas experiencias y se hayan hecho mal las cosas no implica que se eliminó de la agenda la posibilidad de que el país pueda recurrir a la inversión privada en el sector público. Pero hay que hacerlas bien y eso implica un cambio de modelo de gestión, lo que implica creer que cosas que se hacían en el pasado si se hacen bien van a funcionar. Si no pensamos de esa manera nos estamos encerrando en el menú de cosas no descubiertas".

Los dichos de los jerarcas sobre las empresas públicas molestaron a varios. Uno de ellos, lo expresó sin tapujos: “El señor que está a la izquierda del subsecretario (Lorenzo) tiene un discurso demasiado liberal”, se quejó.

Durante la reunión con los bancarios, los integrantes del equipo económico fueron cuestionados en varias oportunidades, por aplicar la “misma” política “neoliberal” de gobiernos anteriores, y algunos se quejaron porque “no se ve por ningún lado” el “país productivo que se prometió”.
Bergara respondió con firmeza y dijo que le “gustaría” estar haciendo “más de lo mismo” porque “eso implicaría que Zerbino, Mosca, Bensión, Atchugarry y Afie” habrían hecho varias cosas como “liquidar la pobreza”, mostrar “de manera transparente cómo se reparte la cosa pública” , tomado “acciones para proteger los depósitos de la gente”, promovido “las negociaciones colectivas”, estaría “instalado el Impuesto a las Renta de las Personas Físicas” y “no le hubiéramos vendido los bancos ni a los Rohm ni a los Peirano", dijo el jerarca.
“Me cuesta creer que se diga que se está haciendo más de los mismo. Los resultados se juzgan luego de los cinco años de gobierno”, consideró el subsecretario de Economía.

Durante su presencia en la Comisión de Hacienda de diputados, el miércoles 20, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue interrogado puntualmente acerca de si se cedería más del 50% a privados en alguna asociación. “No tenemos un patrón único. No vamos a emplear carga ideológica alguna. No vamos a entregar el 100% de una empresa a nadie”, dijo Astori. “¿Y el 51%”, preguntó el diputado Carlos González Álvarez. “Eso lo veremos en su momento; ya le informaré”, respondió Astori.

El Observador, 24/7/05

No me paga el Gobierno de Entre Ríos, ni me inspira una actitud opositora al Gobierno oriental votado por la mayoría de nosotros. Tampoco escribo con algún reproche hacia los que aceptan trabajar para una industria contaminante cuando se los obliga a elegir entre la expansión del cáncer dentro de diez años o el hambre hoy. Ellos son las víctimas, no los responsables.

Simplemente escribo esto porque sé que lo que va a ocurrir en Fray Bentos es una tragedia sin precedentes para todos nosotros; que aumentará además la extranjerización de la tierra y seguirá expulsando a la gente del campo.

Caminé por muchos lados y sé de lo que hablo. Soy abuelo, por eso no debo callar. Además no hacen falta en el mundo más fábricas de papel. De cada diez bobinas de papel que se producen en el mundo, una se utiliza para impresión de libros, cuadernos, folletos, diarios, recibos, facturas, papel higiénico, papel de uso sanitario y clínico, etc, y nueve para embalaje lujoso de artículos innecesarios que se consumen principalmente en las grandes ciudades del Norte.

Estadísticamente , un ciudadano norteamericano consume cien veces más papel que un uruguayo, pero no lee cien veces más.

Cada papel grueso, con rebordes dorados y relieves en colores que rodea un regalito suntuario en Oslo o Copenhague, tiene una lágrima de una mamá del tercer mundo cuyo hijo contrajo leucemia por los venenos de las plantas de celulosa.

Hay tres tecnologías para separar la celulosa de la lignina en la madera: a) con cloro elemental. Es la más nociva, existe en varios países inclusive en la Argentina, pero las fábricas que lo emplean son de dimensiones relativamente pequeñas. b) con dióxido de cloro (tecnología ECF) como la que va a instalar Botnia en Fray Bentos. Es 20% menos contaminante, pero la de Fray Bentos será la más grande de América y por ello contaminará a una escala pavorosa. c) Libre de todo tipo de cloro (tecnología TCF) que es la más cara y la única con niveles bajos de contaminación.

La fábrica de Botnia en Fray Bentos es un crimen de lesa humanidad contra la población uruguaya y entrerriana porque: Toma diariamente del Río Uruguay el mismo volumen de agua que todas las ciudades costeras, vertiendo al río diariamente ese mismo volumen contaminado y a altas temperaturas..Los niveles de contaminación son acumulativos y los censores para captar impactos ambientales tempranos no existen en la región (los impactos ambientales irreversibles los va a captar la población antes que la DINAMA). Después los 'científicos' a sueldo dirán lo mismo que dicen hoy sobre los agroquímicos en el rancherío de Las Láminas de Bella Unión: 'no hay pruebas de que Botnia sea causante del elevado aumento del cáncer infantil'.

Botnia liquida Las Cañas, Mbopicuá y toda posibilidad de turismo en la zona así como la pesca artesanal que es fuente de trabajo de cientos de compatriotas.

Botnia generará olores nauseabundos permanentes, lluvias ácidas que liquidarán la agricultura y la apicultura después los excedentes contaminantes no declarados 'caerán accidentalmente' en el río (ya están preparados los titulares de los diarios, ¡lo han hecho tantas veces!): 'tragedia ambiental en el Río Uruguay: las empresas y el gobierno reciben asistencia internacional para mitigar sus impactos: expertos de Finlandia y los Estados Unidos llegaron esta mañana'.

Pero estamos hablando de un monstruo de ochenta manzanas de extensión; la cantidad de monocultivos de eucaliptos sembrados alcanza apenas para dos años de su consumo, y la vida útil de sus instalaciones según dice Faroppa es de 50 años.

Así que una de dos: o se aumenta el área ya invadida de monocultivos (con su secuela de sequía, agroquímicos cancerígenos y trabajo esclavo) o se resiembra con venenos aún más potentes y eucaliptos genéticamente modificados para aguantar las nuevas dosis.

Botnia ayudará a matar el paisaje gaucho de la pradera y las posibilidades de un turismo natural. El agua potable desaparecerá del todo (ya está desapareciendo de las zonas forestadas); y con el Río Uruguay contaminado, habrá que traer camiones cisternas de Tacuarembó con agua potable mientras allá aguanten.

El pronóstico social es tan claro como el ambiental: dos años de bonanza por los puestos en la construcción (eso reactiva temporalmente toda la economía local), un brusco descenso del trabajo al tercer año, pero ya para entonces tras la plata dulce llegó la delincuencia de la región a instalarse, y después la desesperanza y la violencia entre cloacas malolientes.

El convenio marco que firmó el Gobierno del Dr Batlle con Finlandia y que sigue vigente compromete al Estado uruguayo a resarcir al capital privado finlandés por cualquier alteración de las condiciones sociales o legales que perjudiquen el lucro esperado por dicho capital. Si se quisiera frenar la expansión del monocultivo, (o sea, si cambiaran las actuales directivas del Gobierno que siguen autorizando la extranjerización de la tierra) habrá que pagar el 'lucro cesante' de Botnia.

Extraído de A R G E N P R E S S . i n f o

Los funcionarios resolvieron firmar la propuesta salarial del Poder Ejecutivo en cuanto a la partida presupuestal que se había conversado durante la jornada con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Ahora, una vez que se vote en la Rendición de Cuentas el presupuesto destinado a los públicos este será redistribuido y negociado con los trabajadores.

Todavía no se conoce el monto de la partida extra. La dirigente Carmen Galizzi prefirió no hacer referencia a la cantidad de dinero. "No me gusta aventurarme hasta que no llegue el momento necesario e imprescindible que es ver cuánto quedó en la bolsa y entre cuántos y de qué manera se va a distribuir", comentó.

Según manifestaron representantes de COFE el dinero destinado estará dentro de las partidas presupuestales y complementarias del resto de los funcionarios públicos.

Respecto a firmar un acuerdo sin saber el monto de la partida, Galizzi dijo que el gobierno se comprometió a que "va a ser lo que paga mensualmente y no hacer transposición de fondos", explicó.

El martes, COFE ofrecerá una conferencia de prensa donde se darán más detalles del acuerdo.

Extraído de espectador.com

El grupo, que adoptó como nombre provisorio Compromiso Uruguay, se dio un plazo de dos meses para convocar a un congreso constitutivo, y entre tanto designó como coordinador nacional al ex trabajador de la industria cítrica Felipe Carvallo, un salteño que fue suplente de Sendic en la pasada legislatura de la Cámara de Representantes y que en mayo último fue electo edil departamental.

La votación de Salto del 26 de Marzo fue la mejor de todo el país de esa organización. Mientras a nivel nacional obtuvo algo más de 26 mil votos, Carvallo consiguió 1.784 votos en octubre y 2.377 en mayo, constituyéndose en la tercera fuerza en la interna del Frente Amplio en Salto, detrás de la alianza PCU-PS-PDC y del MPP.

Además de Carvallo se integraron al nuevo grupo el edil suplente de Rivera, Saúl Aristimuño, el dirigente tabacalero Mario de Castro y el de ANCAP Carlos Marandino.

Un documento elaborado en la reunión de Salto sostiene que en el gobierno “existen errores y debilidades y nos preocupan”, pero no obstante es necesario “trabajar fraterna y unitariamente para salir adelante, sin sectarismos infantiles, con las ideas que nos impulsaron toda la vida para, junto al Frente Amplio, lograr más temprano que tarde que sea posible... la patria para todos”.

La discusión interna fue realizada con tal hermetismo que hasta hace pocas semanas muchos simpatizantes de la organización no estaban informados de los planes de Sendic y Carvallo, dijeron a BRECHA fuentes de esa organización.

Sin embargo, ya desde el año pasado se habían notado algunos síntomas de distanciamiento. Por ejemplo, en los últimos seis meses de su actuación en Diputados y en los tres meses que lleva como vicepresidente de ANCAP, Sendic dejó de aportar económicamente a la organización. Por otra parte, el silencio de Sendic respecto a declaraciones del presidente de la petrolera en el sentido de estudiar el pasaje de la empresa al derecho privado causó irritación en la organización, que en una votación dividida había dado el aval para que su principal figura asumiera el cargo luego de haber perdido por pocos votos la banca de senador.

El dirigente del 26 de Marzo Eduardo Rubio confirmó a BRECHA que el alejamiento de un grupo de militantes se produjo por discrepancias con la forma en que se ha plantado el sector en relación con la política económica, especialmente los acuerdos con el FMI, la reforma constitucional del agua y las plantas de producción de celulosa.

Por su parte, Carvallo dijo a BRECHA que la conformación del nuevo grupo se produjo debido a que “no compartimos que se tomen decisiones de tipo estratégico sin consultas previas con los referentes de todo el país”. El edil salteño sostuvo que “somos parte del gobierno, nos guste o no, aportamos votos y tenemos responsabilidad en él”.

Sendic, impedido de realizar actividad política debido al cargo que ocupa, sostuvo que puso éste a disposición del presidente de la República -quien le renovó su confianza- aunque no del 26 de Marzo ya que, dijo, le había sido propuesto a título personal.

Extraido de Rodelu.net

Un total de 52 presos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, han empezado hace cuatro días una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención, informaron ayer fuentes militares de Estados Unidos. El portavoz estadounidense, Bryan Whiteman, aseguró que los médicos vigilan el estado de salud de los huelguistas y que se desconocen sus motivaciones exactas.

La versión del Pentágono contrasta con el testimonio de varios antiguos presos de la base. Tras tres años de detención, dos afganos fueron liberados el pasado miércoles y regresaron a Kabul, donde uno de ellos, identificado como Habidul Rasul, aseguró que al menos 105 detenidos están en huelga de hambre desde hace dos semanas para protestar contra condiciones que calificó de "inhumanas". Un abogado de Washington que representa a 12 presos kuwaitíes afirmó que durante una visita a la base, a finales de junio, varios prisioneros le contaron que ya estaban en huelga de hambre para protestar contra la calidad del agua potable.

Desde su apertura en enero de 2002, la base naval estadounidense de Guantánamo no cesó de crear polémica por, entre otras razones, no respetar la Convención de Ginebra. La gran mayoría de los 510 detenidos, considerados por EE UU "combatientes enemigos", no han sido aún acusados formalmente ni se ha fijado una fecha para su juicio. Muchos de ellos ya llevan cuatro años en la isla. Un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó el pasado viernes que cortes militares especiales podrán procesar a los detenidos.

El ex ministro de Economía y ex director de la OPP Alejandro Végh Villegas afirmó: "Creo que se están haciendo bien las cosas, tengo una excelente opinión de la conducción económica del país, del ministro Astori y sus colaboradores y sobre cómo lo están haciendo desde otros ministerios, en particular desde Industria y Energía".

Consultado en ocasión de la cena en la Cámara de Industrias donde expuso los grandes lineamientos de su cartera, el ministro de Industria, Jorge Lepra, se manifestó "optimista" por entender que "las grandes líneas están bien trazadas y lo que dijo esta noche el ministro Lepra lo comparto".

Se refirió en especial a la política energética sobre la que opinó "me parece que también se están haciendo las cosas bien, se está definiendo el rumbo con más precisión me parece, no es que antes se hicieran mal, pero actualmente hay una definición más clara sobre el tema".

Advirtió que la política energética "es un tema delicado" y admitió que "habíamos cometido un error de omisión o de exceso de confianza (en alusión a la gestión de la anterior administración) y habíamos quedado dependiendo en exceso del suministro argentino, ya que sobre todo el problema del gas natural en Argentina es muy delicado, así que creo que el gobierno hace muy bien y el ministro Lepra ha sido muy claro en trazar líneas de acción como el mayor respaldo térmico y una interconexión fuerte con el sur del Brasil, de manera que robustezcan el panorama uruguayo y nos hagan menos dependientes del suministro de gas natural argentino.

La iniciativa de crear un anillo energético en el Cono Sur la calificó como de "una sencillez genial". Recordó que surge de una propuesta chilena que fue apoyada inmediatamente por Brasil y asumida "con entusiasmo" por el gobierno peruano "que es muy competente, sobre todo su primer ministro". "Y digo que la idea es de una sencillez genial porque estando los gasoductos con muy bajo nivel de utilización porque no hay gas argentino para llevar a Chile a éstos se le ocurrió invertir la dirección del flujo y enviar gas de Chile a Argentina. Claro que los chilenos no tienen gas, así que la gran pregunta es si en el yacimiento de Camisea cerca de Cuzco hay suficiente gas para abastecer a Chile, cubrir el déficit argentino y cumplir con los compromisos que ya tiene el gobierno peruano con México y California".

Consultado sobre la posibilidad y conveniencia de incluir a Bolivia, Végh admitió que la idea no le entusiasma, porque el problema con Bolivia radica en la pérdida de confianza "después de lo sucedido con Gonzalo Sánchez de Losada, la confiabilidad en un suministro de gas boliviano para Brasil y Argentina es muy próxima a 0", sostuvo.

Afirmó a LA REPUBLICA que la dirección nacional del Movimiento 26 de Marzo, encabezada por Eduardo Rubio y Fernando Vázquez, tuvo un "giro imprevisto".

"La radio Centenario trasmitió en directo la gira pueblo a pueblo de Tabaré Vázquez y después que el EP-FA llegó al gobierno, sus principales dirigentes decidieron pararse en la vereda de enfrente", sostuvo.

"Este proceso comenzó en los primeros meses del año pasado, cuando la Agrupación Departamental de Salto comenzó a tener las primeras discrepancias con la dirección nacional", comentó Carballo, quien ocupa una banca de edil por la Lista 326 en ese departamento.

"Comenzamos a observar distintas actitudes, expresadas a través de Radio Centenario y del diario La Juventud, que los militantes del Interior no vislumbrábamos hacía donde apuntaban".



"Giro inesperado"
"Hay que tener en cuenta que hicimos toda la campaña electoral, recorrimos el interior del país, nos comprometimos con la gente y aportamos todo lo que tenía cada uno de nosotros para el triunfo del Encuentro Progresista-Frente Amplio".

"Por lo tanto, ahora que asumimos el gobierno no podemos pararnos en la vereda de enfrente a decir que no tenemos nada que ver", opinó el dirigente.

Carballo admite una "visión crítica" hacia determinadas decisiones del gobierno, pero "lo hacemos en forma constructiva y buscando la forma de aportar soluciones".

Entre los aspectos positivos destacó la instalación de los consejos de salarios, el proyecto de ley de libertad sindical, la política de austeridad y el Plan de Emergencia, aunque debe mejorar su funcionamiento. En cambio, dijo que "no se resolvió en forma correcta" el tema del agua potable y tampoco el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"De todos modos, seguimos convencidos que el Encuentro Progresista-Frente Amplio es la única alternativa que tiene la gente. Si este proyecto de país fracasa, el Uruguay todo comenzará a retroceder".

La nueva agrupación tiene como referente nacional al actual vicepresidente de Ancap, Raúl Sendic, quien está impedido constitucionalmente de ejercer la actividad política.

Por esa razón, el edil salteño Felipe Carballo fue designado por el primer plenario realizado por la agrupación el 16 de julio en la ciudad de Salto, como el coordinador general y encargado de llevar adelante distintas acciones para impulsar la conformación del nuevo grupo. En el plenario participaron delegaciones de Bella Unión, Salto, Tacuarembó, Rivera, Durazno, San José, Lavalleja, Canelones, Paysandú y Montevideo.

Otros dirigentes importantes son el edil de Rivera Saúl Aristimuño, el dirigente cañero de UTAA Luis López y los sindicalistas Carlos Marandino y Mario De Castro.

Extraido de La República.

Después de dos años de presiones políticas por parte de las principales economías de Occidente -especialmente de Estados Unidos-, China decidió ayer revaluar un 2,1% su moneda, el yuan, y abandonar la paridad de más de una década con el dólar. A partir de hoy, la divisa estará vinculada con una canasta de monedas de sus principales socios comerciales.

Para la Argentina, el principal beneficio sería una mejora en las exportaciones agrícolas, aunque, por el momento, analistas y empresarios dijeron que no esperan grandes cambios en el flujo de comercio con el país asiático, que el año pasado dejó un saldo favorable de 1758 millones de dólares.

"El cambio no es fundamental porque un 2,1% no cambia la vida", dijo Elvio Baldinelli, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Sin embargo, indicó que la posibilidad de que el movimiento del yuan siga abre buenas perspectivas. "En lo inmediato, el agro tiene un beneficio, porque para los commodities un cambio del 2% en el precio tiene mucho peso", dijo.

Para Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara Argentino-China, no habrá cambios sustanciales a partir de la leve suba del yuan. "No hay sectores que por esto se lancen a exportar", dijo. En cuanto a las perspectivas en el largo plazo, habrá que esperar si la revaluación del yuan resulta ser mayor, agregó.


Incertidumbre

Pero la reacción del yuan a la canasta de monedas está todavía en una zona de incertidumbre. Algunos creen que impedirá una mayor revaluación, mientras que otros opinan que podría seguir su nuevo rumbo hasta ganar un 10% de valor. "Hay mucha incertidumbre y todavía estamos tratando de entender cómo va a funcionar el sistema", dijo a EFE Daniel Tenengauzer, estratega de divisas de Lehman Brothers, en Nueva York.

Según la consultora abeceb.com, el encarecimiento de la moneda significaría un aumento en la demanda de productos en los que la Argentina es competitiva, como aceite de girasol y carne, que se sumarían a las ventas de soja -nuestro país cubre el 30% de las necesidades chinas- y subproductos.

Precisamente, cerca del 80% de las ventas argentinas a China la realiza el complejo oleaginoso, que por ahora tampoco vislumbra una mejora inmediata. "El resultado se va a ver más en el largo plazo, no mañana", dijo a la agencia Reuters Alberto Rodríguez, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

La mejora de las ventas no depende solamente del precio del yuan -llamado renminbi (moneda del pueblo) por los chinos-, sino también de que los chinos sigan demandando los productos que ofrece la Argentina, algo que hasta ahora no sucede.

"Para que China importe más materias primas la apreciación debe estar acompañada de una mayor demanda por parte de los molineros chinos, que hasta ahora ha sido escasa porque los márgenes de rentabilidad [de la soja] son muy bajos en China", manifestó a la agencia Dow Jones Lorena D´Angelo, analista del Instituto de Estudios Económicos del Mercado de Cereales de Rosario, el principal mercado de compras disponibles de la Argentina.

Del otro lado de la balanza comercial, las importaciones se encarecerían a la par del yuan, pero esto no traería alivio a los llamados sectores sensibles, como las industrias textil, del calzado y del juguete, entre otras. "Con los productos masivos con mucha mano de obra, como telas o sábanas, no se puede competir", sostuvo Baldinelli.

Por Rafael Mathus Ruiz
De la Redacción de LA NACION

No es la primera vez que circula la duda acerca de si Bush vendrá a la reunión de noviembre en Mar del Plata. Pero la especie ahora ha ganado mayor consistencia a partir de varios artículos publicados por La Nación.

En uno de ellos, un ‘especialista’ en seguridad dice que “la Argentina es sumamente débil para repeler un atentado terrorista” y que “el gobierno debería prepararse...”. Más resonante fue un artículo del Wall Street Journal, que virtualmente clasifica a Argentina como un refugio del terrorismo, como consecuencia de fallos de la Corte que niegan la extradición de un etarra y de un luchador del Frente chileno Manuel Rodríguez. El delito del Frente fue haber intentado asesinar al mayor asesino de la historia de Chile. Cuando el tema de la ambigüedad argentina aún se sigue ventilando, se ha agregado otro obstáculo, referido al temario. El punto sería que Estados Unidos y Canadá pretenden que se voten en la reunión propuestas de ‘libre mercado’, en tanto se atribuye a Argentina o a Brasil inquietudes más ‘sociales’. Detrás de este biombo se esgrime también el peligro de los piqueteros para la democracia. En una palabra, se está creando el clima para justificar la inasistencia de Bush. El carnicero de Bagdad no tendría nada que decir ni hacer en Mar del Plata –una situación incómoda que se acentuaría por la verborragia antiyanqui de la que haría gala Chávez y por las movilizaciones multitudinarias que se esperan y se preparan. “Chávez es el problema”, cita La Nación (19/7).

El problema de los yanquis quizás resida en que no tienen iniciativa política hoy en América Latina; de un lado porque están más empantanados que nunca en Irak, de donde se van yendo más países; del otro lado porque han tenido que pasar la posta de la defensa de sus intereses, en asuntos tan serios como Bolivia, a Lula y a Kirchner, con lo cual han quedado como un observador que vigila entre las bambalinas. A su vez, para no desestabilizar a los aliados centroizquierdistas del Cono Sur de América, no puede avanzar como querría en la desestabilización del proceso del despertar nacional en Venezuela. Los propios centroizquierdistas no tienen tampoco mucho margen propio, como lo está aprendiendo Lula en Brasil. Tampoco hay que excluir las turbulencias políticas argentinas de cara a las elecciones de finales de octubre –apenas dos semanas antes de la ‘cumbre’.

¿Cómo está acogiendo Kirchner esta posibilidad de que Bush no venga y de que Argentina quede señalada como un país para no fiar?

Las andanzas de su mujer senadora y candidata por Israel, la Daia, las asociaciones sionistas norteamericanas y todo lo que huela a sionismo, indican que el gobierno está firmemente jugado a conseguir la presencia de Bush. Habrá entonces que ver qué concesiones le hace a los yanquis, bajo la cobertura del temario de la conferencia; la mordaza que intente ponerle a Chávez; y las medidas represivas que monte. Ya La Nación le reprocha, el miércoles 20, que anuncie medidas contra los piqueteros pero que no las tome efectivamente. Por nuestra parte, llamamos a una enérgica campaña contra la presencia de Bush y denunciamos la intención de subordinarla a las prioridades de la campaña electoral, como lo hicieron todos los partidos de izquierda el pasado 9 de Julio.

Extraído de Prensa Obrera

“La protesta social se argentiniza.” Palabra más, palabra menos, la prensa uruguaya se refirió en estos términos a la aparición de los primeros piquetes en Montevideo bajo el gobierno de Tabaré Vázquez.

Tienen lugar en los barrios más empobrecidos de Montevideo y en algunos lugares del interior: “Hubo piquetes en Rincón de la Bolsa, en el puente del Pantanoso, en Garzón y Carve, en Camino Tolman y Pororó, en la ciudad de Las Piedras, en Propios frente a la cancha de La Luz, en Luis Batlle Berres, varios en las rutas 1, 5 y 8 y otro en la Interbalnearia” (Brecha, 15/7).

Sus protagonistas son desocupados; su reivindicación es común: que el gobierno pague inmediatamente a todos los inscriptos en el plan Panes el “ingreso ciudadano” de 1.360 pesos (el equivalente a unos 150 pesos argentinos).

La UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) participa activamente en estos cortes.


La realidad del “programa social” del FA-EP-NM


El candidato Tabaré Vázquez había anunciado que su gobierno aplicaría un “programa social”. Cuando asumió, puso al frente del recién creado Ministerio de Desarrollo Social a la comunista Marina Arismendi y anunció el Panes (Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social). Uno de los programas del Panes establece un “ingreso ciudadano” de 1.360 pesos a las familias en situación de miseria, en la cual revista un millón de uruguayos.

En el plan se inscribieron 120.000 familias (en total unas 600.000 personas). A cuatro meses de iniciado, sólo 12.000 jefes de familia cobraron el “ingreso ciudadano”. La explicación oficial es que cada una de las familias inscriptas debe ser visitada por funcionarios del ministerio, que deben aprobar o no su inclusión.

Los piqueteros uruguayos denuncian que la inmensa mayoría de ellos no ha sido “visitada”: “Los militantes de la UTD, con un discurso crítico al Panes y al gobierno, conviven (en los piquetes) con madres que acarrean a los chiquilines y explican a los gritos que el gobierno les tomó el pelo, que hace tres meses que esperan y que nadie todavía los fue a visitar” (ídem). Otros denuncian que “cada tanto aparecen visitadoras del Panes, pasan por tres casas y se retiran, dejando al resto del barrio expectante” (ídem). Finalmente, hay quienes denuncian que, aunque han sido “visitados”, no cobran. Esto ocurre porque, después de la visita de los funcionarios, los pedidos pasan por una serie de filtros para evitar que dos personas de la misma familia cobren el “ingreso” o que lo cobre alguna familia que tiene alguno de sus miembros empleado. Por estas razones, más de 11.000 solicitudes fueron rechazadas.

En la carta de intención al FMI, el gobierno del FA-EP-NM se comprometió a limitar el otorgamiento de “ingresos ciudadanos” a 40.000 familias (apenas un tercio de las inscriptas). A este ritmo, recién dentro de un año llegarán al “cupo”.


El hundimiento del “buque insignia”


El Panes fue presentado por el propio gobierno como el “buque insignia” de su programa social. Se trató, apenas, de pura demagogia ya que ni el programa ni el ministerio a cargo cuentan con los mínimos recursos. El ministerio tiene, apenas, 84 funcionarios “que no pueden dedicarse exclusivamente a cumplir con las tareas de registro” (ídem). Esto significa que la demora en la aprobación del pago no es una “anomalía”, sino que es precisamente lo que planificó el gobierno.

El frenteamplista Brecha ha debido reconocer que “la incongruencia entre los planteos gubernamentales que presentan al Panes como el ‘buque insignia’ del gobierno y los bajos recursos humanos y materiales otorgados al MDS, se ha vuelto en el transcurso de las últimas semanas cada vez más evidente”.

La nula “sensibilidad social” del gobierno del centroizquierda uruguayo la confirma otro elemento: después de años de sistemático retroceso en los salarios, ofrece a los trabajadores estatales un aumento (incluida la supuesta “recuperación”) del... 2,5%. Con este “ejemplo”, en los Consejos de Salarios las patronales ofrecen un salario mínimo de 2.800 pesos (equivalente a unos 300 pesos argentinos).


Reivindicación del piquete


Los piquetes de los desocupados uruguayos no sólo lograron obligar al gobierno centroizquierdista a comprometerse a acelerar el ritmo de las “visitas” (para lo cual reubicará a cientos de empleados públicos y contratará temporalmente estudiantes universitarios).

Por sobre todo, han servido para poner en evidencia para quién gobierna el Frente Amplio: para los banqueros y los grandes capitalistas; no para los trabajadores.

Diecinueve asociaciones de mujeres se presentaron a la Asamblea Nacional solicitando que la reforma del Código Penal –que se discute en este momento– incluya la despenalización total del aborto. “En tiempos de la discusión constituyente recordamos haberle oído, palabras más o palabras menos, que el aborto debía ser legalizado pues, mientras mujeres ricas lograban hacerse abortos en condiciones seguras en clínicas privadas o en el exterior, las pobres acudían a prácticas inadecuadas y morían en el intento. Era usted en ese momento la voz de la mayoría de las mujeres humildes de este país y de los diversos movimientos de mujeres que han asumido esta bandera desde hace ya varias décadas”, dice la carta dirigida a Hugo Chávez (El Mundo, 7/7). Chávez, sin embargo, ya había retrocedido ante las presiones de la oposición y el Episcopado (ACI digital, 24/9/04) y en la anterior reforma al Código (marzo 2005) la propuesta no llegó a discutirse.

En esta oportunidad, son evidentes los disensos dentro del chavismo. “El Estado busca regularizar una práctica que de manera clandestina se ha practicado y le ha costado la vida a miles de mujeres en el país –expresó la presidenta de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, Flor María Ríos–. El actual código no defiende los derechos de la mujer y no ha impedido que miles de ellas se practiquen abortos en condiciones de riesgo para su vida”. Ríos informó que sólo se permitirá la suspensión del embarazo bajo el consentimiento informado de la mujer. “Esto quiere decir que si la mujer no lo consiente, es obligada o presionada, como ocurre en el ámbito laboral, está penalizado”, expuso (Agencia Bolivariana de Noticias, ABN, 12/7). Pero otra chavista, la diputada Maris Eizaga, señaló que “aunque la idea no es despenalizarlo, creo que no se debe estigmatizar a ninguna mujer ni permitir el embarazo a través de violencia e incesto”. En la mismísima página web de la Asamblea Nacional, se consigna que el presidente de la Asamblea, Nicolás Maduro (MVR/DC), “dejó entrever que esta materia no se discutirá en este período legislativo”.

Los chavistas hacen mucha alharaca por la despenalización, incluso convocaron a las mujeres a movilizarse frente a la Asamblea Nacional (ABN, 13/7). Sin embargo, ¡ay!, también en la República Bolivariana se cuecen habas, y el único proyecto presentado hasta el momento es el de la diputada oficialista Iris Varela, que, acompañada de un grupo de cuarenta instituciones, entregó una propuesta donde reclama la despenalización del aborto “sólo para resolver problemas generados por el incesto o el embarazo producto de una violación sexual”. Para más datos, la diputada indicó que defiende la interrupción del embarazo en esos casos “previa valoración médica y policial” (Analítica.com, 28/6). Con lo cual no es difícil imaginar el vía crucis que recorrerá cada mujer abusada para demostrar que tiene derecho a abortar.

Las mujeres también exigen que se derogue el artículo del Código Penal que condena a tres años de prisión a la adúltera y a su amante. La legislación es escandalosamente discriminatoria ya que “el marido que mantenga concubina en la casa conyugal o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses”.

En Caracas o en Buenos Aires, la lección es la misma: la despenalización del aborto sólo la obtendrá un poderoso movimiento de mujeres que haya superado toda expectativa en las diferentes alternativas de la burguesía y cierre filas con las organizaciones revolucionarias de la clase obrera.

Adital - Organizaciones de derechos humanos denuncian la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) de asesinar civiles. Recientemente la Misión atacó una barriada de Puerto Príncipe - capital de Haití - en busca de lo que denominan "bandidos". En la acción asesinaron entre 23 y 50 personas, muchos de ellos niños, mujeres, trabajadores que concurrían a realizar sus labores. Para el teniente general brasileño Augusto Heleno, la operación fue: "un éxito". La información es de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y Asamblea Popular Revolucionaria (Aporrea), divulgada por la agencia Walsh.

Las tropas brasileñas, al mando del teniente general Augusto Heleno, tendrían entrado en la madrugada del 6 de julio en Cité Soleil (la barriada popular más grande de Puerto Príncipe, la capital de Haití). El objetivo oficial era detener a Emmanuel Wilner " o "Dread Wilmé", un supuesto jefe de "bandidos" que - según el gobierno de facto de Haití y los jefes de la MINUSTAH - con sus lugartenientes siembran el terror en la capital y otras regiones del país.

Montados en 40 blindados, dos helicópteros, los 350 hombres fuertemente armados atacaron a la población civil, con fuego de ametralladoras, tanques y gases lacrimógenos. La ofensiva "de los pacificadores brasileños" , que contó con el apoyo en la retaguardia de la policía haitiana, llegó al interior de las humildes viviendas de la barriada - muchas de ellas están construidas con chapas de cartón y latas -; también atacaron galpones, una iglesia y una escuela.

Al mismo tiempo que desataban el ataque las tropas bloquearon los callejones de la barriada encerrando en una trampa de fuego y plomo a sus habitantes y, según los testigos muchos que intentaban huir los soldados les disparaban por la espalda. Entre los muertos se cuentan niños, mujeres, trabajadores que a esa hora iban a sus lugares de labor. Los heridos se cuentan por cientos.

Haití, el país más pobre de América, tiene una élite económica-mafiosa con probadas relaciones con el imperialismo estadounidense. La misión de la ONU, los Cascos Azules, bajo los cuales marchan tropas de Brasil, Chile y Argentina, están, según CORREPI e Aporrea, lejos de resolver los problemas de violencia generados por los paramilitares y las bandas apoyadas por Washington. En junio más de 100 personas fueron secuestradas en Puerto Príncipe. Y julio deberá marcar un nuevo récord en secuestros y asesinatos. Al mismo tiempo el hambre endémica, el analfabetismo, las muertes por desnutrición y enfermedades derivadas de la pobreza azotan a la inmensa mayoría de los 8 millones de haitianos.

Extraído de Adital

El SMU está integrado por varias agrupaciones, de las que se destacan las más votadas en las elecciones pasadas de hace dos meses, Unidad para el Cambio, Unión Gremial Médica (UGM), ATM, Recambio, y Avanzar con propuestas.

Cladera explicó que ATM quiere dejar en claro que la resolución del aumento de unos miserables 800 pesos para los médicos grado 8, primer escalafón de la carrera, se resolvió en el último minuto de la asamblea, provocando una disconformidad entre los presentes, ya que desde años se viene reclamando un aumento de emergencia a 12 mil pesos, junto a un salario mínimo de 20 mil para el presupuesto quinquenal. ATM considera a ésta resolución una "estrategia que busca hacer viable la política gubernamental, la que ha tachado con el codo lo escrito con la mano, en relación a priorizar el primer nivel de atención, informando que dejará para el futuro cualquier mejora salarial para este sector de médicos sumergidos".Para la agrupación se está abriendo el camino a la rebaja salarial a los sectores incentivados. ATM reivindica los 12 mil pesos como aumento de emergencia a los médicos sumergidos y el salario médico de 20 mil para el próximo presupuesto.

La agrupación reclama al SMU se realice una asamblea en forma urgente, no aceptando lograr mejoras salariales de unos colegas a costa de la rebaja de otros. Por su parte el doctor Daniel San Vicente, integrante también del Ejecutivo, indicó a LA REPUBLICA que "la gente ha quedado francamente decepcionada", pues consideró muy exigua la resolución de la asamblea del pasado 14 de julio, e indicó que un 20 por ciento de nada es nada, pues en sueldos por ejemplo de 3 mil pesos, un 20 por ciento son 600 pesos.

El SMU se reunirá en asamblea para tratar el tema mañana jueves en su sede central de Bvar. Artigas.

Extraido de La República

Ocho meses después del asalto del ejército estadounidense a Faluja, esa ciudad iraquí se mantiene como un bastión de la resistencia, afirma hoy el diario The New York Times.

Esa localidad debería ser la más segura de Irak porque fue transformada en una zona militar tras el último invierno, pero la realidad es otra, subraya el periódico.

La publicación resalta un rebrote de la insurgencia en esa ciudad, pese a la presencia de miles de soldados norteamericanos e iraquíes, los toques de queda y retenes militares.

Por los menos cuatro autos explotaron en las últimas semanas en Faluja, uno de los cuales causó la muerte a seis militares del Pentágono, agrega.

The New York Times señala que, como consecuencia de las acciones de los grupos armados opositores, dos de las cinco estaciones de policía fueron destruidas.

Además tres miembros del consejo de la ciudad renunciaron a sus cargos y otro dejó de asistir a las reuniones por temor a ser objeto de un atentado.

Aunque algunos habitantes de la localidad criticaron las acciones de los rebeldes, ahora las apoyan.

Muchos en Faluja querían la salida de los insurgentes, pero tras la humillación de las fuerzas estadounidenses se muestran en la actualidad a favor de la insurgencia, comentó Abdul Jabbar Kadhim al Alwani, dueño de una tienda de reparación de autos.

Citada por el rotativo, una fuente oficial norteamericana admitió que los activistas que combaten a la ocupación están reagrupándose en esa ciudad.

Mientras más personas regresan a Faluja, la probabilidad de aumentos de la infiltración de la resistencia será mayor, agregó.

Con 300.000 habitantes antes del asalto norteamericano, la ciudad representó la resistencia al poder de Washington no sólo en Irak sino en el Medio Oriente, apunta el cotidiano.

Ante los continuos ataques contra las fuerzas de ocupación, el Pentágono lanzó contra Faluja una operación militar de envergadura en noviembre último, que destruyó gran parte de la llamada Ciudad de las Mil Mezquitas.

Para el diario, esa incursión fue la más violenta en que participó el ejército estadounidense desde la Guerra de Vietnam.

Un solo hecho desnuda el clima moral que se vive en el Partido de los Trabajadores (PT) y en el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. En febrero y mayo de 2003 el PT obtuvo dos préstamos bancarios de un millón de dólares cada uno, firmados por José Genoino, presidente del partido, y Delubio Soares, tesorero. Ambos préstamos estaban avalados por el publicista Marcos Valerio, quien cubrió de su bolsillo varias cuotas impagas por el partido. Genoino aseguró que no leyó en detalle los contratos porque en su partido los dirigentes confían unos en otros. El "detalle" es que Valerio es el publicista que más contratos tiene con el gobierno y con empresas estatales. La noticia cayó como bomba en el PT.

A las pocas horas de que la revista Veja reveló la relación entre el PT y Valerio (acusado de ser el intermediario en la compra de votos en el Congreso) renunciaron Soares y el secretario general, Silvio Pereir! a. El fin de semana, luego de resistirse tenazmente, renunció Genoino. En su breve despedida de ocho minutos, dijo: "Luego de 20 años como diputado federal, al dejar la presidencia del PT tengo que ver cómo voy a sobrevivir como ciudadano".

La catarata de acontecimientos, que comenzó con denuncias de corrupción contra partidos aliados del gobierno, parece converger hacia la yugular del presidente Lula, luego de dejar por el camino a una parte de sus más cercanos colaboradores. Apenas el 16 de junio renunció José Dirceu por las denuncias sin pruebas de Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista (PTB). El senador petista Eduardo Suplicy dijo entonces: "Si una denuncia sin pruebas genera una crisis política, es porque no tenemos credibilidad". A fines de junio la dirección del PT había decidido blindar a sus principales dirigentes, a los que que ahora aceptó la renuncia. Las denuncias van descubriendo aristas impensadas en un partido como el PT, al punto de que sus milit! antes y sus votantes están perplejos. Y paralizados. Cada nueva noticia es un nuevo mazazo: el publicista Valerio, que sacó 8 millones de dólares de sus cuentas bancarias desde 2003, hacía los retiros en fechas que coincidían con votaciones importantes en el Congreso. O sea que la denuncia de compra de votos en el Congreso no era sólo un "golpe blanco de las elites", como se dijo al principio.

El periodista económico José Carlos de Assis asegura en Desemprego Zero que "por dignidad y honor" Lula debe renunciar lo más pronto posible. Puede parecer exagerado, pero Assis acierta con sus preguntas: "¿Cómo puede un presidente salir bien de una situación en la que sus principales auxiliares en el gobierno están metidos en una trama de corrupción que envuelve potencialmente decenas de empresas públicas cuyos dirigentes fueron nombrados por él? ¿Cómo puede fingir el jefe de gobierno que no tiene nada que ver con un partido que él crió, y donde fue criado, y cuya dirección acaba de s! er decapitada por estar envuelta en fraudes financieros?"

La segunda opción de Lula, negociar para llegar al fin de su mandato, es la que defiende Fernando Henrique Cardoso. El ex presidente es el principal y más lúcido enemigo de la izquierda y el inspirador intelectual del actual escenario, y advirtió a Bush que debe ocuparse más de América Latina para prevenir el surgimiento de "nuevos Chávez".

Hasta hace dos semanas Cardoso buscaba despetizar a Lula, a fin de cuentas el político más popular de Brasil, y evitar que se presente a la relección en octubre de 2006. Cardoso quiere destruir al PT y a la izquierda brasileña, para lo que necesita "asar a fuego lento" (la frase es de un miembro del partido de Cardoso) al actual presidente. En este momento dice que llegó la hora de "lanzar piedras al presidente".

El debate de fondo es cómo será el escenario post Lula. Sea como fuere, su gobierno ya terminó. Su última oportunidad fue, precisamente, la crisis en cu! rso. Podría haberse comportado como un capitán en la tormenta, desafiar el peligro y tomar decisiones trascendentes. Podría haber roto con las elites, aunque se arriesgara al naufragio por "cerco y aniquilamiento" de su gobierno. En ese caso podía aún pelear, apelando a los movimientos, a las iglesias progresistas, a los millones de brasileños que quieren cambios. Sin embargo, optó por reforzar la política económica neoliberal y sus ministros se acercan ahora a Delfim Netto, ex ministro de Economía de la dictadura, defensor del "déficit cero", que supone sacrificar el gasto social en el altar del "Estado mínimo".

En Brasil, la única alternativa de izquierda a Lula son los movimientos, que ya están tejiendo la unidad de acción para resolver su principal problema: el largo reflujo de más de una década sobre el que se montó el triunfo electoral del PT, pero que no produjo cambios en la relación de fuerzas en el país. A escala internacional, uno de los objetivos de la ofensiv! a de la derecha es neutralizar los aspectos de autonomía que hay en la política exterior de Lula, lo que permite concluir que la agresividad del imperio escalará varios puntos.

La crisis terminal del PT y de Lula debería alentar un debate continental. ¿Cómo fue posible que un partido y un dirigente que fueron la esperanza de millones de latinoamericanos cayeran de modo tan estrepitoso en apenas dos años?

El sociólogo Chico de Oliveira, fundador del PT, entrevistado por Brasil de Fato, reflexiona: "Los antiguos partidos socialdemócratas demoraron cien años para transformarse en partidos del orden. Al PT le llevó tres años". La llegada al poder, señala, "fue un desastre, expuso la fractura", pero no fue la causa. En su opinión la fractura se produjo en la campaña de 2002, con la Carta al pueblo brasileño en la que Lula se comprometió a respetar al capital financiero. Como "máquina burocrática" el PT tiene un gigantesco aparato con intereses materiales propios. O sea, es! una máquina conservadora. Concluye jugando con la palabra fin: "El proyecto de poder se puso por delante del proyecto de nación, y se terminó convirtiendo en su fin".

Red Latina sin fronteras: www.latinacoop.es.vg

El próximo lunes 18 de julio, la COmisión Nacional de REfugiados (CONARE) brasileña deberá expedirse sobre la solicitud de asilo político presentada por el represor uruguayo Manuel Cordero. El coronel retirado está prófugo de las justicias uruguaya y argentina, y sobre él pesa un pedido de extradición de esta última.

En Uruguay, Cordero está requerido por desacato (un delito que no amerita la solicitud de extradición), y en Argentina por haber participado en las torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos cometidos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor.

El violador de los derechos humanos está casado desde hace años con una ciudadana brasileña y posee bienes en dicho país, adonde fugó cuando iba a ser citado a declarar ante el juez Pedro Hackenbruch, quien sigue la causa que se le inició por utilizar todo tipo de subterfugios para evitar declarar en una causa anterior que refiere a la apología pública de la tortura que hizo en un reportaje que le realizó en 2003 el semanario BÚSQUEDA.

Según ha informado el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Porto Alegre, el pasado 12 de mayo Cordero expuso su caso ante la coordinadora General de CONARE, Nara Conceicao Nascimento Moreira da Silva, a la que durante cinco horas explicó de qué manera estaba siendo “perseguido y amenazado” en Uruguay, y como ello afectaba su “delicado estado de salud”.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en Brasil no es el Poder Judicial sino el Ejecutivo el que decide sobre estos asuntos. Asi pues, la CONARE está integrada por delegados del Ministerio de Justicia (que la preside): del Ministerio de Relaciones Exteriores (que ejerce la vicepresidencia); del Ministerio de Trabajo y Empleo; del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y Deporte, un representante de la Policía Federal, uno de la Ong Cáritas, y uno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no tiene voto.

Según explica el abogado Jair Krischke del MJDH, la forma de funcionamiento de la CONARE pone casi todo el poder de decisión en la Coordinadora General. El próximo lunes, pues, el organismo se reunirá para escuchar el relatorio que la doctora Moreira da Silva hará sobre el caso, y decidirá en base a él.

Si el informe de la coordinadora es favorable a la concesión del asilo, es muy probable que el resto de los integrantes del organismo (en su mayoría desconocedores de la trayectoria del torturador Cordero) voten afirmativamente. Si es así, la Suprema Corte de Brasil se limitará a archivar el pedido de extradición argentino, y Cordero podrá seguir disfrutando de su impunidad, justo en el momento en que esa prebenda está por finalizar en Uruguay.

La idea no es trasnochada, ya que Brasil ha sido y sigue siendo santuario de dictadores como Alfredo Stroessner y de delincuentes de toda monta (desde el famoso Ronald Biggs hasta los zares del contrabando uruguayos). Sin embargo, sería la primera vez que un país democrático amparara legalmente a uno de los violadores de los derechos humanos que actuó en el Plan Cóndor.

El asunto es grave y preocupante, Cordero es responsable de demasiados y muy graves delitos como para que un gobierno “progresista” termine decretando su impunidad. Y más preocupante es porque el gobierno del “Presidente Lula” no solo no ha llevado ante la justicia a sus propios violadores de los derechos humanos, sino que incluso ha impedido que se investigaran sus delitos. ¿Amparará ahora a Cordero? ¿Será esa la frutilla sobre la torta de la decepción?

Extraído de Rebelion

El aumento para los funcionarios públicos será del 2,5% con un mínimo por funcionario de 200 pesos. El aumento promedio es del 2.92%, explicó a El Espectador el subsecretario de la OPP. "Lo que significa para un salario de 4.000 pesos un 5% de aumento, para un salario de 5.000 pesos un 4% de aumento, y así sucesivamente. Hasta llegar a un salario de 8.000 pesos donde ya el aumento empieza a ser del 2.5%", dijo Mesa.

Esta propuesta fue considerada por la asamblea nacional de delegados de COFE como absolutamente insuficiente. La dirigente Carmen Galizzi expresó que el gobierno no está cumpliendo con lo que se acordó entre las partes.

En la asamblea se volvió a coincidir en que el tema pasa por que el gobierno no encuentra una partida complementaria de ajuste, la cual contemple los pedidos que realiza la confederación. "En resumidas cuentas para COFE lo único que va a haber es el ajuste salarial. Somos el único sector de los trabajadores públicos que no tenemos partida para el ajuste salarial", dijo Galizzi.

Mesa explicó por qué la enseñanza y los entes tienen partidas adicionales. En el caso de la enseñanza "se trata de una asignación de prioridades a nivel central", dijo. "En el caso de la enseñanza hay una partida anual de 6 millones de dólares que distribuida la cantidad de funcionarios, y por mes, da un adicional de unos 200 pesos. Y en el caso de los entes el aumento es de un 2.13%. El gobierno tiene una deuda por una liquidación de una partida de alimentación de hace un par de años, a la que se destina un monto para amortizarla", señaló.

Más allá del ajuste salarial el subdirector de la OPP se mostró confiado en que la próxima semana, en el Consejo Superior Público, se pueda aprobar con los funcionarios una acuerdo marco.

Este acuerdo contempla, además de la recuperación salarial, temas como la carrera funcional, capacitación de funcionarios, reglas de entendimientos entre las partes, compromiso para una mayor eficiencia del estado y formas de contratación.

Los nuevos precios:

Nafta especial 87: $ 29.20
Nafta premium 97: $ 31.80
Nafta super 95: $ 30.70
Gas oil: $ 20.10
Queroseno: $ 18.80
Alcohol carburante: $ 42.90
Supergás (por kilo): $ 25

El presidente de Ancap, Daniel Martínez, afirmó que el aumento se había postergado lo más posible, pero que ya no se podía posponer más. "Estamos pagando en cada embarque de un millón de barriles que se hace cada 25 o 28 días, más de seis millones de dólares de más, y eso es insostenible para Ancap. Un poco en base a los ahorros, dentro de un marco de austeridad que venimos trabajando y a algunas apuestas en la mejora de la gestión, pudimos diferir unos cuantos días el aumento, pero ya esto era imposible", comentó Martínez.

Martínez explicó porqué el aumento de los combustibles se realizó en forma diferencial: "Las naftas tienen Imesi, que se ajusta cada seis meses por ley. Mientras que el gas oil la mayor parte de la carga impositiva esta por el lado del IVA, y por lo tanto, esto tiene un impacto directo. Porque también aumenta el impuesto cuando aumenta el precio base que es el precio de Ancap, que fue el que nosotros aumentamos", comentó Martínez.

Martínez dijo que se avanza en el estudio de alternativas para que al suba del gasoil, no golpe tan fuerte a los sectores productivos y al transporte. "Hemos empezado a trabajar, ayer mismo, en la comisión interministerial con participación de Ancap. Comenzamos a citar a diversos actores vinculados al problema del transporte y la producción. La solución de fondo va a estar seguramente dentro de la reforma impositiva que se apruebe a fin de año, junto con el presupuesto. La idea sería empezar a trabajar en alguna solución de emergencia, que sin ir en contradicción con la orientación que va a tener la solución de fondo a fin de año, empiece a permitir que los sectores productivos y del transporte tengan algún tipo de retorno por el lado de descuentos de impuestos o de pagar, un poco sería ese el mecanismo", indicó el presidente del ente.

Este viernes Bertolotti se reunió por más de tres horas con todos los generales de la institución para analizar la situación. En el encuentro, Córdoba, quien estaba al frente de la División 1, la de mayor peso en la interna militar pues incluye a Montevideo y Canelones, habría manifestado su decisión de amparar a los militares que no quisieran presentarse ante la Justicia. Incluso, habría manejado el extremo de protegerlos en unidades del Ejército. Sin embargo, esa posición quedó en minoría y se impuso la línea de acatar las citaciones.

Según información de prensa, Córdoba es un general identificado con el Partido Colorado y fue edecán del ex presidente Julio María Sanguinetti.

Fuentes militares aseguraron a El Observador que otros militares afines al Partido Colorado, Tomás Medina y Ricardo González, también expresaron matices y discrepancias con la forma en la que se ha manejado el mando en este tema.

En otro sentido, esas fuentes militares aseguraron que el propio Comandante Bertolotti ha manejado la posibilidad de que haya procesamientos de oficiales, estos podrían cumplir sus penas en un establecimiento especial, probablemente en jurisdicción del Ejército.

Según el informa El Observador, Bertolotti, convocará para el próximo miércoles a los oficiales retirados, acusados de violar los derechos humanos, para ponerlos al tanto de lo conversado con el gobierno y brindarles apoyo.

Dos de esos oficiales, José Gavazzo y Ricardo Arab, ya habrían manifestado a Bertolotti su intención de resistir una citación judicial por supuestas falta de garantías.

Los casos en manos de la Justicia que incluyen citaciones militares son:

- La desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman. El juez Mirabal ya ordenó el cierre de fronteras para siete militares y un policía (Ricardo Medina, Manuel Cordero, José Gavazzo, Ricardo Arab, Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Rama).

- También están siendo investigadas las desapariciones de Héctor Castagneto y de la maestra Elena Quinteros.

- Otro caso en manos de la justicia es el de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en la Argentina.

- Por fuera de la Ley de Caducidad, también se investiga a militares por el asesinato del ingeniero químico chileno, Eugenio Berrios, muerto en 1993. Recordemos que un Juzgado y un Tribunal de Apelaciones, ya aprobaron el pedido de extradición enviado desde Chile para los militares, Radaelli, Casella y Sarli. El caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia.

El fondo de inversión Advent y el banco chileno Corpbanca quedaron en la puja final por la institución.

En el caso de Advent International opera en la región desde 1996 y ha invertido en 25 empresas casi un billón de dólares. Sus centros principales de operación en latinoamérica están en México, San Paulo y Buenos Aires. Precisamente desde Argentina es que se estaría dirigiendo la operación en Uruguay para la compra del NBC. En el vecino país, Advent ha invertido en OCA, la empresa de correo privado más importante de la vecina orilla, en Graffigna and Sainte Sylvie (productores de champaña), Fada Pharma (fabricante de medicamentos genéricos) y Universal Assistance (seguro de viajero).

En Brasil algunas de sus inversiones son en Asta Médica (farmacéutica), Atrium Telecomunicações (servicios de telecomunicaciones) y Atmósfera (tarjetas de crédito).

En materia del sistema financiero, no son muchas las inversiones de Advent, que busca más que nada "gangas" en la biotecnología aunque también se inclina por el negocio de los seguros. En este rubro ha participado de "Long Term Care Group" de Estados Unidos o "J. Malucelli Seguradora" de Brasil. A sus inversores, Advent les señala que las colocaciones de fondos en el sector financiero puede llegar a ser de entre U$S 30 millones a U$S 150 millones en Estados Unidos, pero lo reduce a un rango de entre U$S 10 millones a U$S 25 millones, si se trata de latinoamérica.



El competidor

El competidor de Advent es CorpBanca de Chile.

No está claro aún si se trata de este banco participando como tal, o de sus accionistas que participan como grupo inversor. Lo cierto es que como la cabeza más conocida de CorpBanca, se reconoce a Alvaro Saieh, quien además de ser banquero es el dueño del diario La Tercera.

CorpBanca se ha extendido en latinoamérica y ocupa lugares de importancia, principalmente en algunos países latinos del Pacífico. Destacamos que CorpBanca está entre los seis bancos más importantes de Venezuela.

Si bien se ha señalado que el NBC podría valer unos U$S 150 millones (por su patrimonio), en realidad la cifra final de venta podría ser hasta un quinto de ésta, ya que se debe analizar cuál es la potencialidad del banco en el futuro, la calidad de su cartera y los costos operativos.

La estrategia que seguiría el gobierno uruguayo para lograr bajar el patrimonio del banco y poder concretar la operación, señalaron fuentes, sería a través de la emisión de acciones preferenciales que se sumarán a las ordinarias que están en manos del Estado.

De esta manera las acciones ordinarias bajarán de valor y quien las compre será en definitiva quien se quede con el banco.

En la víspera, la secretaria de Estado anunció la resolución de suspender la concurrencia de los directores del Mides en cada corte de calle, como consecuencia de que ello representa interrupciones en las tareas que los jerarcas deben realizar para instrumentar los programas del Plan de Emergencia y las distintas políticas sociales que desarrolla la cartera.

"Desde ahora no vamos más. Si hay dudas las personas pueden evacuarlas a través del teléfono 0800 7623, que es una línea gratuita que creamos para dar información sobre cada trámite de ingreso al Panes", afirmó Arismendi.

Fuentes del Mides explicaron que la resolución se adoptó luego de que en varios cortes, así como en la movilización efectuada el miércoles, se constató la presencia de las "mismas personas reclamando lo mismo que ya se les había explicado. No podemos seguir así, porque se transformaría en algo eterno". Según datos de la Facultad de Ciencias Sociales, desde el mes de abril se han realizado 23 mil visitas que reportaron el ingreso de 12.000 personas al Panes, debido a que en las mismas pudo confirmarse que el resto no cumplía con los requisitos estipulados en la ley de creación del Plan.

Arismendi también aseguró que en tres meses se culminará con las tareas de inclusión de hogares. Esto significa la visita y digitación de los datos de las más de cien mil familias inscriptas como aspirantes, para determinar entre ellas 38 mil nuevos ingresos, completando de esa manera los 50 mil cupos disponibles para el Panes.

En tal sentido, destacó la propuesta del PIT-CNT --con el que volverá a reunirse la semana entrante-- de engrosar las filas de trabajo con unos 150 funcionarios públicos, así como la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destinar al Mides 80 computadoras que el Ejecutivo recibió como donación recientemente.

Asimismo, la ministra dijo sentir pesar por la no aprobación de la excepción de pases en comisión para la cartera que debía resolverse el miércoles en el Senado, debido a que la carencia de funcionarios es el mayor obstáculo que debe sortear el Mides para implementar el Panes.

La ley, que no pudo ser tratada por falta de quórum, habilitaba el pase de 115 funcionarios, que se sumarían a los 84 con que ya cuenta el ministerio.

Por otra parte, Arismendi reconoció que el Mides ha tenido dificultades para comunicar los logros obtenidos durante las visitas. "Hemos encontrado gente a la que le correspondía la asignación familiar y no sabía. Hemos encontrado gente a la que le correspondía la pensión a la vejez y no sabía. Hemos encontrado gente que estaba perdida y siendo buscada por la Policía... Pero de eso no se habla porque no hemos sabido comunicarlo".

La decisión de la comisión de la ONU sobre detenciones arbitrarias dice que a los cinco cubanos --convictos en el 2001 de tratar de infiltrar bases militares estadounidenses y grupos de exiliados en Florida-- se les ha negado acceso total a las evidencias y a sus abogados.

En su veredicto, el panel dictaminó que "el juicio no se desarrolló en el clima de objetividad e imparcialidad que se requiere para llegar a la conclusión de que se observaron las normas de un juicio imparcial".

Los procedimientos judiciales del caso resultan incompatibles con los acuerdos internacionales, suscritos por Estados Unidos, que garantizan que "toda persona acusada de un delito tiene el derecho de hacer uso, con igualdad plena, de todas las facilidades necesarias para preparar su defensa", señaló el panel.

"PATRIOTAS CUBANOS"

Los agentes confesos Geraldo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labanino, Fernando González y René González, que se denominan "patriotas cubanos", han denunciado el juicio como "claramente político". Al presente cumplen penas que oscilan entre 15 años de cárcel y cadena perpetua.

Los cinco fueron arrestados en septiembre de 1998 y colocados en confinamiento solitario durante 17 meses.

Leila Zerrougui, presidenta de la comisión, señaló que no podía comentar acerca de la decisión mientras no concluyese el tiempo concedido a Estados Unidos para dar su respuesta.

"Adoptamos una decisión y la enviamos al Gobierno de Estados Unidos", dijo Zerrougui a la AP por teléfono desde Argelia, donde reside. "Pero no podemos hablar acerca de ello como parte del procedimiento", agregó.

Un volante que está repartiendo el llamado MST Nº 2 deja al desnudo una política de descarado oportunismo, que es a la vez un suicidio político.

El volante reclama que “los candidatos del frente... deben ubicarse en forma equilibrada entre todas las fuerzas a unirse” y en que “estamos de acuerdo en que se sumen figuras como Alicia Castro o el Partido Socialista... pero no es correcto que encabecen las listas en todos los distritos, desplazando a Izquierda Unida”. Mientras denuncia esta extorsión, el MST insiste en reivindicar que los “dirigentes que estuvieron en otros partidos quieren sumarse ahora con la izquierda”. Se trata de lo contrario; no creemos que los autores del volante se estén engañando, quieren engañar a sus lectores. Esta pelea subalterna por los cargos de un frente antiizquierdista aparece en un volante cuyo título es: Cristina y Chiche se pelean por los cargos.

(En los textos que distribuyen las diferentes fracciones del Mst hay dos puntos que se omiten cuidadosamente: 1. el derecho al aborto y la enseñanza estatal y laica (por Cafiero); 2. la reestatización sin indemnización de las AFJP (por entrelazamiento de los centroizquierdistas con la AFJP de Credicoop).

El MST ha entrado abiertamente en lo que el volante llama las “viejas opciones que ya fracasasron como el Frepaso de Chacho Alvarez”. En realidad ha entrado en algo peor, porque el Frepaso tenía un tinte progresista, no clerical, y no era menemista como son hoy kirchneristas los personajes mencionados por el volante. Hace algunas semanas el diario del MST se había tomado el trabajo de criticar a Chávez porque éste había dicho en Porto Alegre que no había que criticar a Lula ni a Kirchner, alegando que no había que dividirse frente al imperio (en realidad Lula y Kirchner son sus agentes) y ahora el MST oculta esa complicidad cantada con el kirchnerismo de los chirolitas argentinos (no pasan de eso) del líder venezolano. Como nota al margen digamos que Chávez ha comenzado una campaña por el derecho al aborto en Venezuela.

Asistimos a un proceso de confiscación política de la izquierda en beneficio de la burguesía, que no por largamente preparado es menos criminal y desvergonzado. El propio volante, con sus reclamos lastimosos y sus quejas indecentes, oculta más de lo que revela -que la operación está consumada. La candidata en capital será la burócrata moyanista, Alicia Castro, que no ha dejado de ser ni una cosa ni la otra, como lo demuestra el conflicto actual en aeronáuticos y en Aerolíneas. Alicia Castro está políticamente emparentada con otra figura del moyanismo, el abogado Héctor Recalde, que va con Cristina Kirchner, al igual que el Barba Gutiérrez. Así como Kirchner tiene candidatos en las listas de Juez y de De la Sota; de Romero y de los kirchneristas de Salta; del peronismo santafesino y del frente de Binner; etc., etc. -lo mismo el ex frepasismo se ha repartido entre Izquierda Unida, las listas oficiales y los frentes de la victoria no oficiales, con el objetivo de ‘sumar’ al proyecto gubernamental.

Desde Brasil, Chile, Uruguay (ni hablar de Nicaragua y El Salvador) está en marcha una liquidación política de la izquierda, que constituye un primer paso, en algunos casos, o el último, en otros, de un ataque contra los trabajadores que, en esta parte del mundo, hicieron fracasar las tentativas políticas neoliberales (aunque no sus proyectos sociales). Este es el contenido de clase de la confiscación política de la izquierda que impulsan los ‘frentes amplios’. Este es el significado de lo que ocurre en Argentina también. Por eso llamamos a multiplicar las iniciativas contra estas maniobras antiizquierdistas y antisocialistas (en definitiva, antiobreras) e impulsar pronunciamientos y asambleas por un frente cien por cien de izquierda.

Hace solamente diez días, el entonces presidente del PT, José Genoino, publicaba una nota en el sitio de internet del partido, que caracterizaba que “Brasil está siendo asolado por una ola de denuncias sin fundamento e irresponsable” (1/7). Hoy el hombre reviste en las filas de los expulsados de sus cargos por una denuncia que algún fundamento debía tener, pues su asesor apareció involucrado en los manejos ‘non sanctos’ de un publicitario que se encargaba de canalizar las coimas a los diputados cuyos votos se necesitaban.

Método de gobierno


La corrupción ha diezmado al Directorio nacional del PT: según la crónica, mientras los principales jefes eran despedidos por la presión de las circunstancias, sus acólitos lloraban. La escena tiene su miga porque las consignas del PT en la campaña electoral eran del tipo: Lula, paz y amor, o Sin miedo de ser feliz. Para la cúpula, el PT era un socialismo alegre.

Aunque sólo el tiempo y los vaivenes de la crisis política se encargarán de esclarecer la amplitud de esta corruptela, lo que queda claro es que era un método de gobierno. Obligado por su política a pactar con los representantes parlamentarios de la clase capitalista, los políticos del PT tuvieron que aceptar su slogan: “Tem que dar pra receber”. Que este procedimiento no les haya causado repugnancia es un síntoma de que no dejaban de cobrar su parte. Después de todo, las infladas cuentas publicitarias que Marco Valerio (el publicitario) ‘repassaba’ a Delubio Soares (el tesorero) no necesariamente tenían que ir en su totalidad a los bolsillos de los ‘aliados’. En resumen, la corruptela era el método necesario de gobierno de un frente de colaboración de clases, en el que el ‘proletariado’ corrompía a la burguesía que ya había corrompido a ese ‘proletariado’ durante largos años y que lo corrompía definitivamente al tolerar su acceso formal, condicionado y parcial al ‘poder’.

Lula, precario pero garante

Lo que importa ahora ya no es la corrupción sino las líneas de salida a la crisis política que ha provocado. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, un emblema del ‘progresismo’ criollo, vio en todo esto la oportunidad para hacer la más deshonesta de las proposiciones: que Lula desestime su propia reelección, en 2006, a cambio de ponerles un freno a las investigaciones. Detrás de la propuesta, un sector del gobierno de Bush cree ver la posibilidad de provocar un giro en la política de Brasil con Venezuela y avanzar en la desestabilización de Hugo Chávez. Pero el conjunto de los capitalistas y del imperialismo no lo ve de la misma manera y teme que una caída de Lula provoque la desestabilización, sí, pero de Brasil. El activo más importante con que cuenta Lula, frente al capital, es haber tenido éxito hasta ahora en desmovilizar al movimiento obrero, paralizar al movimiento campesino, fragmentar a la izquierda y dejar el campo libre para un gigantesco programa de austeridad contra las masas. El conocido intelectual Emir Sader, un petista, acaba de enumerar, precisamente, “las derrotas electorales de la izquierda del PT, la marcada declinación de las movilizaciones sociales, la creciente tendencia a la fragmentación de la izquierda” (The New Left Review, mayo-junio 2005). Para reforzar la regimentación popular, Lula acaba de nombrar como ministro de Trabajo al presidente de la Central Única de Trabajadores. El Tomada de Lula es Moyano.

Lula ha sido preservado de la crisis por todos los protagonistas, sin excepción, al punto de que la opinión pública cree que ‘no sabía nada’. Helio Jaguaribe, un intelectual histórico de la burguesía, es más preciso. En un artículo que publicó Clarín, destacó que Lula “no quiere saber”, o sea gasta sin preguntar de donde viene la plata. Habría que agregar que esto ocurre desde hace mucho tiempo.

La amenaza del default

Los cambios que se ha visto obligado a introducir Lula en el gobierno refuerzan al ala que representa las posiciones del FMI y de los grandes bancos internacionales. El gobierno nacional y popular de Brasil es más que un rehén; además, tiene una camisa de fuerza. El sostenimiento de la deuda pública depende cada vez más del ingreso de capitales. Brasil no goza de los beneficios de un default, por eso sigue pagando las viejas tasas de interés, mayores que las que paga Argentina, que crecen todavía más en dólares como consecuencia de la revaluación de la moneda brasileña. Precisamente por esto, el Cavallo de nuestro vecino, Delfim Neto, le acaba de proponer a Lula la misma solución que el argentino le propuso, en su momento, a De la Rúa: “el déficit cero”, o sea más austeridad y más deflación. La Bolsa de Sao Paulo ha saludado la propuesta con sucesivas subas. La burguesía abandonará a Lula del mismo modo como dejó a De la Rúa en Argentina: cuando el colapso sea inminente. Claro que esto puede no demorar mucho.

A corto plazo, entonces, Lula gobernará con la neutralidad de todos los bloques del parlamento, mientras su gabinete refleje el vaciamiento de la participación del PT y el vaciamiento del propio PT, pues los ministros de este origen responden a otras órdenes de mando. Un botín que será objeto de crecientes disputas es el Ministerio de Minas y Energía, que tiene la responsabilidad sobre Petrobrás y sobre la gigantesca minera Vale do Rio Doce.

Qué plantea la izquierda

En este cuadro, la izquierda del PT, la burocracia de la CUT y la dirección del Movimiento Sin Tierra se han lanzado a reforzar el apoyo a Lula, con el pretexto de que la corrupción esconde un golpe derechista. Reclaman la modificación de la política económica con la certeza de que pregonan en el vacío; de todos modos sólo apuntan a bajar la tasa de interés. La farsa de toda esta movida quedó de manifiesto con el ingreso del jefe de la CUT al Ministerio de Trabajo.

A la izquierda del PT se encuentra el Psol, dirigido por parlamentarios que fueron expulsados del PT, para más datos por parte de quienes hoy son acusados de corrupción. El Psol se define como un partido “de ruptura democrática con este (sic) orden actual” (declaración del 26/6/05), que levanta “banderas que...aument(en) el control de la población sobre la política” (o sea, nada que no haya dicho Carrió). En la crisis, el Psol plantea “unificar las luchas que están en curso en este momento con la necesaria lucha por la investigación criteriosa (portugués textual) de las denuncias y el castigo de los culpables”. El patrimonio del Psol es el carisma de su principal dirigente, Heloisa Helena, a quien las encuestas le acreditan el 5% de la intención de votos para Presidente. Según el ya citado Emir Sader, para concurrir a elecciones Heloisa deberá dejar su banca, con lo que el Psol se quedaría sin su principal expresión parlamentaria. Agrega que las luchas internas en este partido han debilitado su poder de atracción y que no ha desarrollado una alternativa al PT, más allá de reclamar el retorno a sus posiciones originales.

Crisis de poder: caracterización y salida

Lo principal, de todos modos, es la orfandad de la izquierda frente a la crisis política. El desmoronamiento del PT no puede reducirse a una caracterización institucional o ideológica, puesto que plantea una amenaza al desarrollo de todo el movimiento obrero, campesino y popular de los últimos veinte años. Es necesario ofrecer una salida en función de esta amenaza, no, claro, en función de un rescate hipotético del PT. El PT capituló mucho antes de gobernar, frente a los límites insalvables del Estado burgués. Pero esos límites no se superan con ‘un giro en la política económica’, como postula la izquierda del PT, que en la práctica significaría devaluación y default, o sea una catástrofe para las masas. Tampoco lo supera una “apuraçao criteriosa”, a cargo de un parlamento de ladrones, combinada con ‘las luchas’. Para gobernar, la clase obrera debe romper, primero, cualquier sometimiento a la burguesía y, segundo, quebrar el aparato de Estado que se opone a la dominación de los trabajadores. En la situación concreta que enfrentan hoy los trabajadores en Brasil, esto significa, primero, expulsar a los ministros capitalistas del gobierno, lo que incluye a todos los que se han transformado, en estos dos años, en sus agentes directos, y segundo, disolver el Congreso, el cual no representa el mandato popular que llevó a Lula a la presidencia y es un obstáculo a cualquier gobierno popular. En oposición al Congreso corrupto no hay que plantear la ‘apuraçao criteriosa’ sino la convocatoria a una Constituyente soberana, arrancada por la movilización popular. Estas dos consignas ofrecen una salida popular a la crisis política y ponen de manifiesto una estrategia, a saber, que el agotamiento de las ilusiones en el PT debe llevar a un gobierno obrero y campesino.

Las corrientes políticas que hicieron de furgón de cola del fraude petista durante un montón de tiempo, negándose por ejemplo a caracterizar el frente de colaboración de clases que había armado con la patronal y el imperialismo, y que sólo dejaron el partido cuando fueron echados, no consiguen trazar una línea de acción concreta frente a la crisis que la burguesía quiere hacer desembocar en una definitiva desmoralización de las masas y de sus organizaciones. En Brasil se está creando una crisis de poder, frente a la cual sólo se está movilizando la burguesía. De lo que se trata es de convertir la crisis en una herramienta de ataque al conjunto del régimen burgués, planteando medidas concretas de poder: fuera los ministros capitalistas y corruptos; disolución del Congreso capitalista y corrupto; convocatoria a una Constituyente soberana, arrancada por la movilización política popular.