Tribuna de los Trabajadores

EMILIANO COTELO:
Un fallo sin precedentes en un contexto agitado en materia de ocupaciones de lugares de trabajo volvió a colocar la polémica sobre la mesa. La noticia se dio en una jornada clave en el debate sobre la legitimidad o no de las ocupaciones de empresas, justo en el día elegido para que el Ministerio de Trabajo (MTSS) presentara ante el Parlamento el anteproyecto de ley de prevención de conflictos 60 trabajadores de la imprenta Vanni fueron procesados por la Justicia Penal como consecuencia de la ocupación que llevan adelante desde setiembre pasado.

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Antes de entrar en el tema vamos a repasar brevemente algunos antecedentes de esta situación. Los trabajadores ocuparon la imprenta en dos oportunidades, en setiembre y en octubre, y después iniciaron el proceso de autogestión. En ese entonces los empleados aseguraban que Vanni era una empresa quebrada a raíz de las deudas contraídas por su propietario con el Banco República (BROU) y entendían que la única forma de sacarla adelante era hacerla producir a través de una cooperativa.

La decisión de poner en funcionamiento las máquinas y sacar trabajo por cuenta de los empleados recibió inicialmente algunas críticas desde el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, pero después, en diciembre, la Mesa Representativa de la central de trabajadores terminó apoyando, casi por unanimidad, el paso dado por el sindicato gráfico, 32 gremios dieron la aprobación y hubo una abstención.

Ayer, mientras los 60 empleados de la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf) eran trasladados desde el Juzgado de la calle Misiones hacia la Jefatura de Policía en medio de cánticos y el aliento de otros trabajadores, paralelamente, por la puerta del Palacio Legislativo, ingresaba el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi quien, acompañado por su equipo, concurría a presentar ante el Parlamento el borrador –él dijo ayer que era un borrador de borrador– del proyecto de ley de prevención de conflictos. Allí lo estaban esperando los representantes de las cámaras empresariales para manifestar la reprobación al texto que ya habían dado a conocer a través de un comunicado.

El fallo de la Justicia se conoció al mediodía: los 60 trabajadores ocupantes de la imprenta Vanni fueron procesados por el delito de apropiación indebida de bienes, y tres de ellos resultaron procesados con prisión. Esta diferencia se explica porque los trabajadores Carlos Cardozo, Richard Mérida y Richard Ponce ya contaban con antecedentes penales, o sea que en definitiva el delito, de todos modos, fue el mismo para todos.

“Los trabajadores ocuparon un bien inmueble y tomaron posesión de los bienes inmuebles que allí se encontraban en calidad de obreros de la empresa, ejerciendo el derecho constitucional de huelga, pero luego se apropiaron de la maquinaria y vehículos de la empresa convirtiéndolos en su provecho”. Así explicó el juez Jorge Díaz el motivo del procesamiento. Luego el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dio a conocer el fallo del magistrado y subrayó que el delito configurado es el de apropiación indebida; agregó además algunas precisiones sobre el alcance de esta resolución.

(Audio)

“RAÚL OXANDABARAT:
Solamente el juez penal puede ordenar la desocupación del bien cuando se configura el delito de usurpación, y este no fue el caso, aquí no hubo una configuración del delito de usurpación, por tanto el juez actuante en este caso no puede ordenar la desocupación del bien; para eso hay que recurrir a la Justicia Civil. Lo que sí ordenó el juez fue la restitución del resto de los bienes, es decir los bienes que no son bienes inmuebles”.

(Fin del audio.)

EC - El PIT-CNT se solidarizó con los empleados pero manifestó que se tomará un tiempo para analizar el caso y después pronunciarse. Entretanto el MTSS dio un paso al costado y consideró que el tema debe ser tratado por la Justicia. El subsecretario, Jorge Bruni, recordó, hablando con En Perspectiva ayer, que el ministerio ya había advertido sobre la inconveniencia de esta ocupación.

(Audio)

“JORGE BRUNI:
Antes de que saliera este fallo nosotros ya habíamos expresado esto que yo estoy diciendo, que es un tema de la Justicia y que en su momento, cuando se produjeron los hechos, nosotros habíamos emitido nuestra opinión, que no se veía conveniente ocupar en esa situación”.

(Fin del audio)

EC - ¿Y qué dicen las dos partes enfrentadas en esta contienda? ¿Qué dicen los abogados de la empresa por un lado y de los trabajadores por otro?

En primer lugar vamos a dialogar con el doctor Carlos Curbelo Tammaro, representante de Juan José Vanni, propietario de la imprenta.

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Doctor Curbelo, ¿cómo ha observado el fallo del día de ayer?

CARLOS CURBELO TAMMARO:
En primer lugar le quiero hacer una salvedad: no leí la vista fiscal de la doctora Ferrando, tampoco leí el auto de procesamiento, me lo notificarán en el día de hoy; sé, por supuesto, lo que ha ocurrido a través de los trascendidos de la prensa y, naturalmente, de todos los comentarios, preguntas y demás sobre todo lo que llevó a esta decisión.

Una vez más es el Poder Judicial la última garantía, el último baluarte –por no decir el único– que tiene el sistema en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Acá ha desertado el MTSS, por razones a las que usted hacía referencia hace un momento, entre otras porque el director Baráibar estaba en desacuerdo y le encontraba perfiles delictivos a la ocupación. Y por otro lado el Ministerio del Interior, cuando deroga el decreto y en esa falta de oficio en el manejo de la cosa pública, que es tan notoria en muchos de los ministros del gabinete, no tenía otra alternativa para el caso, dejó sin regular un aspecto como este y se ha generado un caos que está expresando a gritos que la inversión extranjera no tiene garantías ni seguridades para venir al país.

Pero volviendo al fallo, quiero significarle lo siguiente: este fallo no le da la razón al empresario.

EC - ¿Por qué no?

CCT - Lo que hace es mantener el respeto a la vigencia del orden jurídico, no le dice al empresario “tiene razón”, porque para mí hay una usurpación clarísima y como consecuencia debería producirse la desocupación inmediata por vía de la Justicia Penal. Sin embargo no acogieron esa parte de la denuncia, entre otros delitos, como la violencia privada, porque si a usted no lo dejan entrar en su casa hay una violencia privada, y es lo que le pasa a Vanni. Pero no importa. Por lo menos la justicia, en medio del caos imperante por este desborde sindical que parece no tener control ni límite, ha puesto claridad en este tema y orden, pero no le da la razón porque la sentencia se refiere a mantener incólume el orden jurídico vigente, es decir, el respeto a la normativa, y la normativa dice que cuando alguien se apropia de lo ajeno comete un delito por el cual debe ser sancionado.

He sentido por ahí decir a algunos representantes del PIT-CNT: “presos por trabajar”. ¿Cómo por trabajar? Están presos porque se metieron en una fábrica sin contrato, sin autorización del dueño, sin norma legal que los ampare, y además de meterse, utilizaron la materia prima de la empresa, cartulina, cartón, papel, tinta, solventes, el combustible de la empresa, y llegaron a vender trabajos encargados y terminados que cobraron en su provecho. Eso es clarísimo como el agua, acá no hay que explicar nada, no están presos por ocupar, están presos por… presos o procesados…

EC - Desde el lado de los trabajadores de la imprenta Vanni se sostiene que no se apropiaron de la maquinaria sino que la están usufructuando, que una cosa es usufructuar y otra es usar, que los empleados están utilizando las máquinas en beneficio propio, que se están esforzando mucho y adquiriendo los insumos, y subrayan que las máquinas en realidad no son propiedad de Vanni sino del BROU.

CCT - Dos cosas. Primero, yo no dije que se apropiaron de las máquinas, dije materia prima, dije cartón, cartulina, papel, tinta, solvente, combustible, de eso se apropiaron; dije además que vendieron y cobraron los trabajos terminados, están los recibos –por 3.000 o 4.000 dólares– en el expediente; si quiere los puede ir a ver cualquiera. Y en cuanto a que la maquinaria es de la colectividad porque no la pagó, eso es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Vamos a entendernos, la totalidad de las empresas del país tiene endeudamiento, trabaja con créditos y paga con cheques diferidos. Cuando a Vanni le cortan la actividad no debía un jornal, un sueldo, un beneficio social, no les debe nada a la DGI ni al BPS; desde el momento en que le cortan las manos, por supuesto, se cae la empresa. Eso de que ellos son dueños porque Vanni le debe al Estado…, le debe como le deben tantas otras empresas, pero la unidad productiva que Vanni creó, una imprenta de obra de primera línea, vale mucho más que eso. Ahora no sé.

¿Sabe qué ocurre? Hay un error gravísimo en los señores sindicalistas: el gobierno será de izquierda, pero el sistema es capitalista, el sistema, constitucionalmente hablando, protege la propiedad privada, la acumulación de capital, las leyes de herencia, la entrada y salida de capitales. Si ese sistema, el capitalista, no les gusta y quieren implantar el colectivismo, muy bien, no por la guerra, que la perdieron, pero por las urnas, donde ganaron, que postulen una reforma constitucional, nacionalicen los medios de producción y, entonces sí, las empresas, el campo, será todo del Estado o de los trabajadores.

EC - ¿Cómo ha observado el anteproyecto de ley de prevención de conflictos que ahora el MTSS remitió al Parlamento y que se va a discutir en un ámbito cuatripartito? Se lo pregunto porque, entre otras cosas, a propósito de la posibilidad de que un conflicto derive en una ocupación si fallan los mecanismos de conciliación previos, se establecen reglas, y una de ellas es que los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo cuando el empleador abandonó la producción o no tiene representantes en el país.

CCT - Lo que usted me está diciendo me parece sensato, a destiempo, a deshora, pero sensato; no leí ese tema porque no es de mi incumbencia. Pero no es un tema de ponerles lindos a las leyes y que las cosas sigan igual, la ley de humanización carcelaria es un nombre distinto para lo que ya estaba, vaya y pregunte cómo están las cárceles y va a ver que están igual que antes. Este proyecto bienvenido sea si viene a regular algo y, mejor aun, si impide hacer lo que están haciendo, que es usurpar una propiedad ajena sin título, sin autorización, sin contrato y sin disposición legal. Eso es lo que está ocurriendo en la empresa Vanni y el ejemplo es pernicioso a todo nivel.

EC - En dos palabras, ¿qué es lo que viene ahora? Después de este fallo del día de ayer, ¿qué es lo que van a intentar ustedes?, ¿qué pasos van a dar?

CCT - Voy a analizar el fallo, voy a ver los fundamentos; supongo que son sólidos. La doctora Ferrando es una excelente fiscal, ilustrada y seria en su trabajo; el doctor Díaz es un juez joven, llegado a Montevideo hace poco con prestigio de jurista de fuste. Naturalmente que no estoy de acuerdo en que no haya aceptado la denuncia por usurpación, que para mí es clarísima, porque yo no voy a ir a la Justicia Civil a iniciar un desalojo y estar cuatro años para sacar a la gente, porque darle al empresario, al que echaron, al que no dejan entrar, al que le cierran la puerta con llave, después de no haber cumplido –esto es interesante que se lo diga– dos veces en los acuerdos que yo traté de llevar a cabo, porque no me es grato meter presos a los obreros, porque el tema viene de atrás, hubo otros sitiadores que deberían ser responsabilizados también.

EC - ¿A quiénes se refiere?

CCT - A Calloia, por ejemplo; vino esta gente a ocupar y a formar una cooperativa y le prometió créditos; después lo negó, pero yo tengo ocho testigos que dicen lo contrario porque lo escucharon. Pero lo que quiero decir con esto es que no me hace gracia meter presos a obreros, lo que digo es que no se puede actuar de esa manera. Y cuando yo quise buscar soluciones de avenimiento, una ante el doctor Díaz y la fiscal, con los representantes de lo que ahora es Coprograf, esta cooperativa, y sus asesores letrados, firmamos un acuerdo por el cual Vanni se comprometía a, si desocupaban la fábrica, no tomar represalias con nadie, no excluir a ninguno, volvían todos a trabajar, porque había tres interesados en invertir en la empresa, un señor de Salta, un brasileño y un argentino. Se firmó y sin embargo al otro día, cuando yo hablo con el asesor de estos señores, me dice: “No, impugnaremos el acta”. Eso es el desconocimiento, ya no de la palabra empeñada, de una carta firmada, que es un documento público que está incluido en el expediente.

Y después, ante la Justicia Laboral, la jueza de tercer turno, Ivonne Perelli, se firmó otro acuerdo, en medio de la feria, en mi propósito de buscar que la empresa se desocupara para ofrecerla –porque el inversor sale corriendo despavorido–. Por ese acuerdo Vanni tenía 90 días para conseguir un inversor a cambio de lo cual lo dejaban entrar a la empresa sin limitación de horario. Si le interesa, le mando la copia del acta, porque esto es absolutamente verídico, yo no miento, me remito a los documentos que están en los expedientes. Sin embargo, Vanni fue a entrar y como yo llevaba una valijita con una camisa para cambiarse por si tenía que quedarse a emprolijar la empresa, a visitar su escritorio, al que no entraba hacía más de dos meses, le dijeron que no podía entrar porque con la valija a lo mejor se quería quedar. Se fue. Y dimos cuenta a la jueza, que mandó al alguacil, al que los representantes de la cooperativa le dijeron que no podía entrar. Por lo cual hay una denuncia por desacato que tramita ante el juzgado del doctor Bellot y que no hice yo, hizo la jueza de trabajo.

Con esto termino y es todo lo que tengo que decir. Veré los pasos a dar, todavía no se lo puedo decir, le agradezco su invitación a charlar.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe